[ARCHIVO DEL BLOG - 2008] Treinta años no son nada para una Constitución

El próximo 29 de diciembre se cumplen treinta años de la promulgación de la Constitución española. Y pasado mañana, 4 de julio, hace treinta años que el Congreso de los Diputados iniciaba el debate del dictamen elaborado por la Comisión Constitucional sobre el proyecto de texto constitucional durante los meses de mayo y junio anteriores. A algunos les parecerá historia pasada, pero la realidad es que, como dice el tango, treinta años no son nada... Son fechas propicias para el recuerdo y la rememoración. De ahí que se multipliquen artículos y libros que con mayor o menor fortuna recrean e intentan explicar acontecimientos y situaciones que tienen que ver con ese momento histórico. Uno de ellos es el papel jugado en la transición del régimen franquista a la democracia por algunos de los que, desde dentro de ese mismo régimen, se manifestaron por eso que se llamó en su día "reformismo".

El catedrático de Historia Social y Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el profesor Santos Juliá, comenta en un interesante artículo que se publica en el último número de Revista de Libros correspondiente al bimestre julio-agosto, titulado "Lo que a los reformistas debe la democracia española" (y que reproduzco más adelante) lo relatado al respecto en varios libros de reciente publicación de Gabriel Elorriaga ("El camino de la concordia. De la cárcel al Parlamento", Debate, Barcelona), Pablo Hispán ("La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, conflictos y luchas por el poder". Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid), Carme Molineros y Pere Ysàs ("La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977". Crítica, Barcelona), Cristina Palomares ("Sobrevivir después de Franco. Evolución y éxito del reformismo, 1964-1977". Alianza, Madrid), y Salvador Sánchez Terán ("La Transición. Síntesis y claves". Planeta, Barcelona).

Con muy buen acierto a mi modesto juicio, el profesor Santos Juliá crítica algunas de las afirmaciones expuestas en los libros citados, argumenta que el "género memorial" no es precisamente el más idóneo para "justificar" algunas actuaciones, y que frente a la reinvención del pasado está la incontrovertible realidad de los documentos... Merece la pena leerlo.

El rey sanciona la Constitución de 1978

"Lo que a los reformistas debe la democracia española", por Santos Juliá

Al comentar las «Cenas de los Nueve», iniciadas en 1957 por un gupo de monárquicos de diversa procedencia, Cristina Palomares recoge en Sobrevivir después de Franco el testimonio de uno de los asistentes, Alfonso Osorio, según el cual «la causa común» de todos los reunidos, con la única excepción de Jesús Fueyo, era la evolución del régimen hacia un sistema democrático. Naturalmente, la autora de un libro en el que Manuel Fraga aparece calificado en múltiples ocasiones como progresista, muestra en esta ocasión su escepticismo: es difícil de creer –escribe– que un grupo conservador como aquel propugnase un sistema democrático a finales de los años cincuenta.

¿Difícil? Bueno, es una manera amable de decirlo, sobre todo si se tiene en cuenta que en aquellas cenas compartían mantel Federico Silva, Florentino Pérez Embid y Gonzalo Fernández de la Mora, tres personajes del régimen que nunca destacaron por su apego a la democracia. Pero que fuera Alfonso Osorio el origen de la confidencia muestra bien la propensión de la memoria a reinventar el pasado. De los participantes en esas cenas ninguno había dejado en 1957 el más mínimo resquicio para creer que su causa era la democracia. Más aún, todos pensaban que en España un sistema democrático al estilo occidental significaría un desvío suicida de su verdadera esencia. España estaba destinada a consolidar un sistema propio de gobierno que no tenía más relación con el sistema democrático que la representación orgánica: bastantes desgracias había ocasionado el liberalismo y la democracia a la nación española para intentarlo de nuevo.

¿Cuándo comenzaron a cambiar las cosas? ¿Cuándo puede hablarse de un reformismo que implicara, si no un cambio de régimen, al menos algunos cambios en el régimen que posibilitaran su apertura? La respuesta dependerá de las fuentes que se utilicen. Si se trata de memorias y recuerdos personales, lo más habitual es encontrar lo que nos cuenta Gabriel Elorriaga en El camino de la concordia cuando traza una línea recta entre los días de la rebelión universitaria de 1956 y la transición que se pondrá en marcha veinte años después. Conocido por formar parte de la primera lista de detenidos que la Dirección General de Seguridad tuvo la delicadeza de publicar anteponiendo el tratamiento de «don» a sus nombres y apellidos, Elorriaga recuerda que todo lo ocurrido entre 1956 y 1976 –nombramiento de Manuel Fraga como delegado nacional de la Familia, batalla entre el Movimiento Nacional y los tecnócratas del Opus Dei, interminable debate en torno a las asociaciones, creación de Reforma Democrática y su casi inmediata incorporación a Alianza Popular– fueron fases de un proceso que, como el río va a la mar, vino a desembocar en la Constitución de 1978.

Y es que el género memoria tiende a establecer, por la necesidad de reconstruir una continuidad psicológica que sirva como fundamento a la identidad personal, un hilo rojo entre lo que se fue ayer y lo que se es hoy, proyectando anacrónicamente lo que se ha llegado a ser en el presente sobre lo que se fue en el pasado. Si se lee lo que por entonces escribían, demócratas, dentro del régimen, no los había en 1956: los que se acercaban a la democracia, como Dionisio Ridruejo, sólo comenzaron a romper vínculos en torno a esa fecha y enseguida pasaron a la oposición. Ni siquiera Ruiz-Giménez, que perdió el ministerio por los mismos días en que Elorriaga conoció la cárcel, trabajaba entonces por la democracia. No hay más que ver la correspondencia que mantuvo con su amigo Alfredo Sánchez Bella –consultada por Pablo Hispán– para tomar la medida de los proyectos acariciados por el ya ex ministro cuando se acercó a José Solís con el propósito de hacer frente desde las instituciones del Movimiento al imparable avance de los tecnócratas.

No fiarse de la memoria y hurgar en la correspondencia: ésta es la principal aportación de Hispán Iglesias de Ussel al conocimiento de la política en el interior del régimen desde la llegada de distinguidos socios del Opus Dei al Gobierno en la crisis de 1957 hasta la formación del llamado Gobierno monocolor en la de 1969. Para saber qué fueron, qué defendieron, con quiénes y para qué se aliaron, las cartas constituyen una fuente incomparablemente superior a las memorias, tan edulcoradas por lo general, tan autocondescendientes. Y a la vista de lo investigado en los archivos personales de destacadas figuras políticas del régimen, depositados hoy en la Universidad de Navarra, Hispán tiene toda la razón cuando califica de luchas por el poder los diferentes proyectos de reforma que surgieron entre la clase política del franquismo a partir de la remodelación del Gobierno de 1962. Luchas por el poder cuyo objetivo no era en absoluto echar los fundamentos para una ordenada transición a la democracia, sino garantizar la continuidad del mismo régimen.

No es muy afortunada, sin embargo, su sugerencia de calificar de tradicionalistas los dos principales proyectos entonces enfrentados, el defendido por el grupo Fraga-Solís-Castiella para reforzar el Movimiento Nacional y el elaborado por Carrero Blanco-López Rodó para culminar la institucionalización del régimen con la Ley Orgánica del Estado. Pero definirlo con un nombre u otro, aunque no carezca en sí mismo de importancia, es un elemento algo marginal al extraordinario interés de la documentación manejada. Serían más o menos aperturistas, querrían llevar más o menos lejos las reformas, se agruparían en clubes o asociaciones, se mostrarían más o menos liberales en políticas económicas, cenarían con unos o con otros, pero el caso es que todos estaban convencidos de que el sistema, convenientemente reformado o abierto, estaba llamado a perdurar. Por eso, no tiene mucho fundamento afirmar que la reforma, «en los últimos tiempos del régimen» –como escribe Sánchez Terán en La Transición. Síntesis y claves– pretendía la evolución desde el mismo régimen para llegar a una «nueva y verdadera situación democrática».

Tal vez nada exprese mejor los límites o, más exactamente, los propósitos de ese reformismo dentro del sistema que la trayectoria política de Manuel Fraga, que ocupa un lugar central en los recuerdos de Elorriaga y a quien Palomares dedica la parte del león de un libro necesitado de revisión en algunos datos y conceptos. Si Ruiz-Giménez fue aperturista en los cincuenta, Fraga lo será en los sesenta. Pero aperturista, ¿de qué? Pues del traje del Movimiento Nacional, que con el tiempo había encogido y se había quedado estrecho para quienes tanto gustaban de vestirlo en las ceremonias oficiales. En aquel entonces, ser aperturista equivalía a dejar correr un aire muy dosificado por las habitaciones de un caserón que olía a humedad. Abrir algunas ventanas, cambiar el mobiliario, ensanchar la base, reforzar los cimientos. Y para eso, si no se quería emprender el camino a la democracia, como Ridruejo en los cincuenta, como Ruiz-Giménez metido ya en los sesenta, los reformistas no veían más que un camino: el que pasaba por las asociaciones.

Así comenzó la más larga, enconada y, en sus tramos finales, patética lucha en las entrañas del régimen para dilucidar si el Movimiento Nacional podía abrirse con la legalización de asociaciones de... Primer combate: no pudieron ponerse de acuerdo en torno al arduo problema metafísico sobre la naturaleza de las asociaciones de las que cada cual hablaba, y así lo dejaron, sin calificar, o dándole nombres risibles: asociaciones para la ordenada concurrencia de pareceres; otros, en lugar de concurrencia, decían contraste, pero el resultado era idéntico. En ese fantástico combate, en el ir y venir de la concurrencia al contraste, perdió la facción Movimiento frente a la facción Opus-Tecnocracia. Un triunfo pírrico, pues los vencedores gastaron en la batalla todas las defensas para una guerra que se anunciaba larga. El desconcierto y la confusión que se instalaron en el régimen con el Gobierno de 1969 obligaron al almirante Carrero a proceder a una nueva remodelación en junio de 1973 para reequilibrar la balanza. Y vuelta a empezar: otra vez las asociaciones, segundo asalto. Cuando por fin terminó la lucha, ya con Arias de presidente tras el asesinato de Carrero, todos quedaron exhaustos, y las asociaciones, inservibles. Nadie las quería, ni los del Opus, ni los católicos oficiales, ni siquiera los del Movimiento. Un fiasco que ponía de manifiesto no ya el agotamiento de una fórmula que nunca fue practicable, sino del mismo régimen.

Para seguir esa marcha hacia la nada no hay más elocuente documentación que las actas de los debates mantenidos en los plenos del Consejo Nacional del Movimiento, rescatadas para la historia por Carme Molinero y Pere Ysàs en su Anatomía del franquismo. Como la correspondencia archivada en Navarra es imprescindible para entender las luchas de los sesenta, estas actas, conservadas en el Archivo General de la Administración, son documentos de excepcional importancia para seguir paso a paso la agonía del régimen. Tal vez nunca se haya gastado tanta palabra y tan inútilmente como la que dilapidaron los consejeros nacionales del Movimiento en su intento de encontrar una salida al régimen frente a la subversión, que por todas las esquinas veían acechante. Además de plúmbeo, lo que transcriben los autores es desolador. ¡Qué gente tan obcecada! ¡Lo que les costó entender que el armatoste al que se aferraban desesperadamente estaba condenado al naufragio y el hundimiento! Una y otra vez dando la vuelta sobre lo mismo, cegando a conciencia cualquier salida que no fuera la represión de la ululante subversión.

¿Y Fraga? ¿Qué fue del príncipe de los reformistas mientras giraba la noria del Movimiento? Derrotado sin paliativos en 1969, bebió durante un tiempo los aires y esponjó el espíritu con las lluvias de Londres mientras elaboraba un plan diseñado para responder al enigma que, por derecho, había planteado Santiago Carrillo: Después de Franco, qué. Situándose en el centro de un espacio político en el que faltaba la izquierda, Fraga se tomó por un Cánovas redivivo: después de Franco, había que mantener firmemente las riendas del poder mientras se ampliaba el campo de la participación política a aquellos que el poder, fortalecido, decidiera. Autoritarismo seguido de turno pacífico, con exclusión de la tríada formada por terroristas, separatistas y comunistas: éste era el plan de alguien que se creyó ungido por el destino para ser algún día presidente del Gobierno. Y como instrumento, y puesto que las asociaciones por fin aprobadas en diciembre de 1974 no servían, inventó una especie de partido vergonzante, un partido que no dice su nombre, aunque pretenda cumplir su función: primero GODSA y luego Reforma Democrática.

Casi montándose sobre esta primera opción, aparece en todos los relatos un político autoubicado en el centro, pero dispuesto a sumergir su partido recién nacido en una coalición de grupos y asociaciones lideradas por viejas glorias de la derecha más inmovilista. ¿Fue la creación de Alianza Popular en octubre de 1976 un «radical giro político», como sostiene Palomares? ¿Fue, más que una derechización, «una necesidad estratégica», como pretende Elorriaga? Podría ser cualquiera de esas dos cosas o ninguna: depende de cómo se mire. Unos meses antes, la reforma Fraga había encallado en las aguas que bajaban algo embravecidas de las Cortes. De resultas, el Rey prescindió de una sola tacada del aperturismo y del reformismo o, dicho de otro modo, del Estatuto de Asociaciones y del plan de reformas de las Leyes Fundamentales; en resumen, y por personalizar, prescindió a la vez de Arias y de Fraga y, en passant, de Areilza, y de lo que representaron como encarnación, en sucesivos momentos, de la apertura y de la reforma del régimen.

Nadie, ni los mismos afectados, pudo sospechar lo que vendría a continuación: un Gobierno presidido por el secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, no especialmente acreditado como reformista, con una fórmula nueva que consistía, por una parte, en la convocatoria de elecciones generales por sufragio universal de un Congreso y un Senado que serían los encargados de proceder a la consabida «reforma constitucional», y, por otra, en el desmantelamiento de las instituciones del régimen, empezando por la Organización Sindical, cuyos funcionarios fueron reabsorbidos a principios de octubre de 1976 en una llamada Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales. Si reformismo significaba, como así era desde que tal concepto salió a la superficie, abrir el sistema reformando sus Leyes Fundamentales, lo que el nuevo Gobierno traía en sus albardas no era exactamente un reformismo: era desmantelar el Movimiento con toda su parafernalia mientras se preparaba una convocatoria de elecciones generales. Con esa iniciativa, el dilema ruptura-reforma dejaba, como apunta oportunamente Sánchez Terán, de ser capital.

La respuesta de Fraga a la iniciativa del Gobierno fue inmediata: reforzar su posición en las agonizantes instituciones del régimen para que el control de la nueva fórmula no se le escapara del todo de las manos. Apeado del poder ejecutivo, y sin moverse de donde estaba, Fraga apareció encabezando a los mismos que antes había combatido por inmovilistas. Y eso fue así porque el campo político se amplió a medida que la reforma de las Leyes Fundamentales se desvanecía en el horizonte. Pero en esa ampliación del campo no tuvo nada que ver ni el último pleno del Consejo Nacional, por más que Sánchez Terán le rinda un sentido homenaje, ni el voto favorable de las Cortes al proyecto de ley presentado por Suárez. El campo se amplió porque las huelgas, las manifestaciones por la libertad, la amnistía y los estatutos de autonomía, las movilizaciones de miles de trabajadores, de asociaciones de vecinos, de colegios profesionales, de funcionarios y de artistas empujaron decisivamente en esa dirección. La salida de la clandestinidad, antes de la conquista de la legalidad, de sindicatos y partidos desbordó, como puede comprobarse en las actas de los plenos del Consejo Nacional, las últimas trincheras en las que era fuerte la derecha inmovilista. Y así, con la izquierda en movimiento, a la derecha de Fraga, y sin haberse movido él del centro, sólo se abría un abismo. Por eso se convirtió en flamante secretario general de una coalición de partidos en la que se refugiaron Fernández de la Mora, Thomas de Carranza o López Rodó, por una u otra razón adversarios suyos cuando él se definía como aperturista a la búsqueda del centro.

Por los días en que Fraga encontraba nuevo acomodo en la Alianza Popular de los «Siete Magníficos», el Consejo Nacional aprobaba el preceptivo informe sobre el proyecto de ley para la reforma política presentado por el Gobierno. En la jerga particular que revela la investigación de Molinero e Ysàs –democracia como método, no como fin; inserción del proyecto dentro del desarrollo político iniciado el 18 de julio–, los consejeros no podían ya aspirar a otra cosa que a poner puertas al campo: el Gobierno no hizo caso al informe y los licenció prometiéndoles un hueco en las nuevas instituciones. Y por lo que a las Cortes se refería, con un despliegue de promesas y advertencias, Suárez y los suyos se aseguraron el voto mayoritario de los procuradores, entre los que no faltaron voces proféticas de inminentes catástrofes. José María Fernández de la Vega, citado también por Molinero e Ysàs, fue de lo más apocalíptico: «¿Qué tormenta ideológica, qué revolución solapada o qué golpe de Estado se ha producido para que, un año después de que las instituciones políticas españolas entronizaran la continuidad, estemos asistiendo ahora a sus funerales con el corpore insepulto del Régimen entre los cirios de este proyecto de ley?». Ni el más ardiente libreto de una ópera escrita en una borrascosa noche de invierno habría producido semejante escena: en el centro del hemiciclo, el catafalco del régimen entre los cirios de la reforma.

¿Triunfo entonces del reformismo, como asegura en español el subtítulo del libro de Palomares, que en el original inglés define el proceso como lento camino hacia a las urnas? Hay motivos para dudarlo. El reformismo a lo Fraga había naufragado cuando los procuradores en Cortes cortaron en seco la reforma del Código penal que habría permitido la legalización de los partidos políticos. Meses después, triunfaba el proyecto de Suárez para la reforma política, que atribuía la iniciativa de «reforma constitucional» al Gobierno con otras Cortes, elegidas por sufragio universal. El Tribunal de Orden Público fue disuelto, el Movimiento Nacional y las Cortes orgánicas desaparecieron y las elecciones se celebraron, pero de la «reforma constitucional» que el Gobierno y las nuevas Cortes debían acometer nunca más se supo. La última trinchera del reformismo quedó desarbolada cuando las Cortes elegidas en junio de 1977, en el ejercicio de su soberanía, decidieron encerrar las Leyes Fundamentales bajo siete llaves e iniciar un proceso constituyente que el Gobierno, por carecer de mayoría absoluta o porque entendió los signos de los tiempos, o por ambas cosas, no pudo o no quiso bloquear. Hoy, todos los que en su día fueron aperturistas o reformistas nos certifican que ésa era precisamente su meta desde los años sesenta y hasta desde los cincuenta. Pero lo que en realidad les debe la democracia no es que hayan trabajado por ella desde su juventud, sino que, en la hora de su madurez, empujaran al régimen exactamente hasta el punto en que se hizo evidente para todo el mundo que aquello que pretendían reformar era, por su propia naturaleza, irreformable. (Revista de Libros, núm. 139-140, julio-agosto de 2008)

Madrid, 6 de diciembre de 1978. Los reyes, votando en el Referéndum

CRONOLOGÍA DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

* 1975, 20 de noviembre. Muerte del general Franco

* 1975, 22 de novimebre. Don Juan Carlos es proclamado Rey de España.

* 1976, 18 de noviembre. Las Cortes aprueban la Ley para la Reforma Política

* 1977, 15 de marzo. Aprobación del Decreto-ley Electoral

* 1977, 15 de junio. Realización de las primeras elecciones generales desde la II   República

* 1977, 1de agosto. Se constituye la ponencia de la Comisión Constitucional

* 1978, 5 de enero. Publicación del Anteproyecto de la Constitución

* 1978, 10 de abril. La Ponencia Constitucional firma y hace entrega del proyecto de Constitución

* 1978, 5 de mayo. Se inician los debates públicos de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados

* 1978, 4 de julio. Comienzan en el Congreso de los Diputados las sesiones plenarias para el proyecto constitucional

* 1978, 18 de agosto. Comienza el debate del proyecto constitucional en la Comisión Constitucional del Senado

* 1978, 25 de septiembre. Comienza el debate constitucional en el Pleno del Senado.

* 1978, 11 de octubre. Se constituye la Comisión Mixta Congreso-Senado para el examen del Texto Constitucional

* 1978, 31 de octubre. Las Cortes aprueban el Texto Constitucional

* 1978, 17 de noviembre. Las Cortes aprueban el proyecto de Constitución

* 1978, 6 de diciembre. Aprobada la Constitución en referéndum

* 1978, 29 de diciembre. Promulgación y publicación de la Constitución española.

Fuente: Jorge de Esteban: "Las Constituciones de España". Madrid : Boletin Oficial del Estado, 1998 / Luis Sánchez Agesta: "Historia del constitucionalismo español : (1808-1936)". 4ª ed. rev. y ampl. Madrid : Centro de Estudios Constitucionales, 1984.

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

HArendt

Entrada núm. 5022
Publicada originariamente en 2/7/2008
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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

[A vuelapluma] Regiones, nacionalidades y naciones

Apenas quedan ya regiones en España, afirma el historiador Santos Juliá, catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor visitante y conferenciante en universidades europeas y americanas y autor de numerosos trabajos sobre historia política y social de España en el siglo XX. Hay que abrir el debate pendiente desde 2004 partiendo de la asunción del hecho de que las comunidades autónomas, sean naciones, nacionalidades o regiones, son poderes del Estado que tienen que participar en la reforma constitucional.

Reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español,comienza diciendo: tal parece ser el talismán que abrirá la puerta a un mejor encaje de nuestras mal llamadas naciones sin Estado en la Constitución después de someterla a una profunda reforma. Se trata de una demanda presentada de manera formal en 1998, cuando PNV, CiU y BNG, evocando los pactos de la Triple Alianza de 1923 y el que dio origen a Galeuzca diez años después, firmaron una declaración en Barcelona, recordando que cumplidos 20 años de democracia continuaba sin resolverse “la articulación del Estado español como plurinacional”.

Los firmantes de esta declaración partían del supuesto de que había en España nacionalidades y regiones y que, tras el desarrollo de los Estatutos, las regiones se sentían satisfechas con el grado de autonomía alcanzado durante esos años, pero las nacionalidades, precisamente porque las regiones disfrutaban ya del nivel máximo de competencias, se encontraban ante la terrible amenaza de la “uniformización”. En verdad, Jordi Pujol nunca dejará de repetir que si seguíamos por el camino de la uniformidad, “se llegará a la situación absurda de que en España no habrá regiones”. Y eso, para los catalanes, concluía Pujol, “tiene trascendencia”, la de no ver reconocida su diferencia.

Pues bien, ya hemos llegado al absurdo: apenas quedan regiones en España. Y no estará de más recordar que en el punto de partida de esta historia no había más que provincias, las establecidas por los liberales en 1833. Décadas después, un grupo de diputados y senadores catalanes plantearon en 1906 al Gobierno de Su Majestad “La cuestión catalana”, que consistía en elevar las cuatro provincias de Cataluña al estatuto de región dotada de un derecho originario a la autonomía. De su reconocimiento por el Estado, esperaban aquellos parlamentarios, inmunes al síndrome Pujol, el resurgir de las energías dormidas de todas las regiones de España: la causa de Cataluña, escribían, “es la causa de todas las regiones españolas”; la autonomía, también.

Hubo que esperar, sin embargo, a la proclamación de la República para que una Constitución española recogiera, por impulso catalán, el derecho de una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, a organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español. En los años de República en paz solo se constituyó una región autónoma, Cataluña, aunque otras dos, País Vasco y Galicia, plebiscitaron también Estatutos de autonomía antes de que la rebelión militar los arrasara a todos por la fuerza de las armas y del terror. En el exilio abundaron los debates sobre la futura configuración del Estado, ahora como Comunidad Ibérica de Naciones, o como Confederación de Nacionalidades españolas o ibéricas, o como España como nación de naciones, y hasta de España, según la veía Pere Bosch Gimpera, como “una supernacionalidad en la que cabían todas las nacionalidades”.

De cuántas y cuáles eran estas nacionalidades se publicaron no pocas reflexiones, plagadas de un profundo historicismo al servicio de la causa. En resumen, se debatieron dos proyectos de futuro: uno, muy arraigado en círculos del exilio catalán, vasco y gallego, dibujaba el mapa a base de cuatro naciones confederadas: Castilla, Cataluña, Galicia y Euskadi, entendiendo que, para equilibrar el peso de las tres últimas con la primera, Cataluña abarcaría el conjunto de países catalanes y Euskadi se extendería por Navarra y tierras limítrofes de Aragón; el otro, de preferente acogida por castellanos, contaba hasta catorce nacionalidades, reproduciendo más o menos el mapa de los estados diseñados en la no nata Constitución federal de la República de 1873.

En los medios de oposición a la dictadura en el interior se llegó, sin embargo, a identificar democracia con recuperación de libertades y de estatutos de autonomía por las nacionalidades y regiones, nueva pareja muy solidaria y bien avenida, que viajó en el mismo vagón hasta su reconocimiento en la Constitución de 1978 en términos calcados de la de 1931: provincias limítrofes con características históricas, económicas y culturales comunes. Cuáles eran nacionalidades y cuáles regiones quedó implícitamente entendido con el reconocimiento del derecho a dotarse de Estatuto por la vía rápida a los territorios que “en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía”, o sea, por este orden: Cataluña, Euskadi y Galicia, aunque Andalucía se subió de un triple salto al mismo carro.

Y así fue hasta que las regiones procedieron a redefinirse en los estatutos de nueva planta aprobados entre 2006 y 2010. De entidad regional, Cantabria pasó a identificarse como comunidad histórica, denominación adoptada también por Asturias. Aragón se definió como nacionalidad histórica en 2007, lo mismo que el pueblo valenciano, que al constituirse en Comunidad autónoma lo hacía como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica. De manera, que mientras las nacionalidades se convertían en naciones, o en realidades nacionales, las regiones, salvo Castilla-La Mancha y Murcia, se identificaron, por las razones históricas poéticamente inventadas en los preámbulos de sus nuevos estatutos, en comunidades históricas, en nacionalidades históricas, o simplemente, en nacionalidades.

¿Cómo hemos llegado a esto? Muy sencillo: desde que asumieron sus competencias, los Gobiernos de las comunidades autónomas dedicaron parte notable de sus recursos, primero, a recuperar “señas de identidad” para, olvidándose de la lealtad o solidaridad federal, embarcarse en la construcción de identidades diferenciadas, remontando la diferencia a una forja de los antepasados perdidos en las brumas de los tiempos. Así los catalanes, siempre pioneros, pero también los andaluces, aragoneses, valencianos y demás. Y así, cantando loores a la diferencia colectiva han convertido cada nación o nacionalidad en sujeto de derechos históricos, comenzando por el derecho a decidir, en el que tomaron la delantera los vascos, siguieron los catalanes y ahora, como parte de un “momento destituyente” reivindica la CUP y otros populismos para todos los pueblos.

¿Qué hacer? Ante todo, llamar a las cosas por su nombre: las políticas de identidad son como mantos primorosamente repujados que cubren políticas de poder. Cuando un poder reclama una identidad colectiva separada, enseguida afirma una voluntad nacional-popular como sujeto de decisión, primero, de soberanía inmediatamente. Mejor será ir al grano y abrir el debate que tenemos pendiente desde 2004 partiendo de la asunción de este nuevo hecho político construido a partir de 1978: que las comunidades autónomas, sean naciones, nacionalidades o, todavía, regiones, son poderes del Estado y que, como tales, tienen su palabra que decir en todo lo que se refiera a una reforma constitucional, mal que les pese a quienes no ven otro horizonte que la destrucción del mismo Estado.

Dibujo de Eulogia Merle para El País

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Entrada núm. 3993
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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

[A vuelapluma] Las tres vidas del socialismo español

El PSOE tiene tantos motivos para celebrar un pasado rico en experiencias como para sentir desasosiego por encontrar un rumbo claro. Es dudoso que el equipo dirigente actual pueda aclarar qué quieren decir cuando dicen “somos la izquierda”, comenta en El País el historiador y sociólogo Santos Juliá, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, y autor de numerosos trabajos sobre historia política y social de España durante el siglo XX, así como de historiografía.

Llegaron al poder, hoy hace 35 años, comienza diciendo, cabalgando sobre las expectativas levantadas por la convicción de que todo, a partir de ese momento, iba a cambiar. Comenzaron ellos mismos, o mejor, culminaron el cambio iniciado desde el congreso extraordinario de 1979, cuando Felipe González llegó a la conclusión de que había sido un error para el PSOE haberse declarado marxista. En el socialismo francés, Michel Rocard reconocerá lo mismo cuando escriba que, en 1981, la cuestión principal era de qué modo romper con el capitalismo y que, dos años después, de lo que todo el mundo hablaba era de modernización. La experiencia francesa fue clave para todo el socialismo del sur, que de anticapitalista se convirtió en modernizador.

En España, con la memoria aun fresca del intento de golpe de Estado, con ETA en la cima del terror y en medio de una crisis general de los partidos políticos, el discurso de transición al socialismo, de sociedad sin clases y de nacionalización de la banca y de las industrias estratégicas, fue desplazado por el de consolidación de la democracia, vertebración de España, ajuste económico, incorporación a Europa. Tuvieron éxito y diez años después de su llegada al poder, en 1992, pudieron contar la reciente historia como un logro en todos los sentidos, mostrándola al mundo en los fastos de Sevilla y Barcelona. España funcionaba.

Presumieron además de ser los portadores de una nueva ética política, de un proyecto de regeneración moral del Estado y de la sociedad. Y aquí fue donde perdieron la batalla, porque al cabo de una década en el poder, los escándalos de corrupción derivados de la financiación irregular y de las redes clientelares crecidas al calor de la fuerte expansión económica, escindieron al partido desde la cima a la base: González, personificación del Gobierno, dimitió como secretario general y arrastró con su marcha a Guerra, personificación del Partido. La frustrada candidatura de Josep Borrell a la presidencia del Gobierno y su sustitución por el perdedor de aquellas primarias, Joaquín Almunia, culminó, como era previsible, en el peor resultado de la reciente historia socialista, favoreciendo así, con la huida del voto joven y urbano, el primer triunfo por mayoría absoluta del Partido Popular.

La doble derrota de Borrell, ante el aparato de su partido, y de Almunia, ante los electores, abrió en el PSOE una brecha generacional, con la formación de Nueva Vía, un grupo de cuadros que llevó en volandas a José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general en junio de 2000. Todo era nuevo en el primer programa elaborado por este grupo generacional: los tiempos, la política, los retos, las respuestas, los derechos, las ciudades, los municipios. Nada de extraño que procedieran al ritual de la muerte del padre proclamando bien alto que se sentían libres de ataduras con el pasado y disolvieran la identidad socialdemócrata de sus mayores en la nueva gramática con que expresaron sus ideas políticas, el republicanismo cívico, capaz de atraer al electorado perdido.

Lo atrajeron, rebasando de nuevo la cota del 40%, como en los mejores tiempos de la socialdemocracia europea. Y como la economía, y España entera, iban bien, el foco comenzó a proyectarse, y las leyes a sucederse, sobre cuestiones relacionadas con los derechos y la cultura: la mujer, los homosexuales, las personas dependientes, los discapacitados, el divorcio, los plazos para el aborto, la memoria histórica, la violencia de género y tantas otras. Éramos ricos y crecíamos a tasas superiores a la media europea, con un sistema financiero envidiado por su solidez en Berlín y en Washington, con una economía asentada en firmes cimientos, solo nos quedaba dar un paso más para superar a la vieja Alemania.

En el marco de este republicanismo cívico habría de encontrar también su respuesta definitiva la cuestión territorial, con las clases políticas de las comunidades autónomas, ya consolidadas, transformando en los estatutos de nueva planta las nacionalidades en naciones y las regiones en nacionalidades o comunidades nacionales. Al cabo, nación era un término tan polisémico que nadie podía concretar qué diferencia existía entre ella y nacionalidad: todo cabía en la España Plural, un sintagma del que se esperaban maravillas tanto en Madrid como en Barcelona, un talismán que transmutaría las comunidades autónomas en naciones sin tocar la Constitución.

Y en esas estábamos cuando, súbitamente, se acabó la fiesta. En un reportaje que sonó como una enmienda a la totalidad, The Economist reprochaba al presidente del Gobierno haber despilfarrado su primera legislatura en guerras culturales contra la derecha olvidando acometer la reformas de fondo por miedo a que los sindicatos se le echaran encima. Y lo que se echó encima fue la gran recesión que dejó literalmente mudo al Gobierno: si en enero de 2010 Zapatero anunciaba que ese sería el año de la recuperación, en mayo no supo qué decir después de la noche triste en las que se vio obligado a someterse al dictado de la famosa troika, reconociendo en la práctica que carecía de una política socialdemócrata para salir de la crisis. Ya no volvería a levantar cabeza.

El recurso al político mejor dotado de la vieja guardia, un superviviente cargado de méritos entre los que sobresalía su papel en la derrota de ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba, profundizó la amenazante catástrofe electoral, con la pérdida, en noviembre de 2011 de 4,3 millones de votos, la peor de la reciente historia. Agonizaba así la segunda vida del PSOE, sin que apareciera en el horizonte nadie capaz de insuflar al paciente la energía necesaria para no seguir cediendo terreno en un campo que, mientras tanto, había experimentado un cambio radical, con la eclosión de dos nuevos fenómenos políticos: la transformación del catalanismo conservador en soberanismo independentista y la irrupción de dos nuevos partidos que mordían en el espacio electoral del PSOE tanto por la izquierda como por la derecha.

Desde entonces, todo ha sido como un quiero y no puedo recuperar el terreno perdido. Quemados los programas modernizador y republicano-cívico, y finiquitado el sistema de partidos en el que siempre ocupó el PSOE un espacio bien definido, el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, ha identificado, en su segunda navegación, socialismo con izquierda, pero es algo más que dudoso que el actual equipo dirigente esté en condiciones de aclarar qué quieren decir cuando dicen “somos la izquierda” sin utilizar palabras vacías de sentido. En todo caso, a los 35 años de su llegada al Gobierno, el PSOE tiene tantos motivos para celebrar un pasado rico en experiencias y realizaciones políticas, pero también en frustraciones y derrotas, como para sentir cierto desasosiego por encontrar un rumbo claro y una unidad de propósito en estos tiempos turbulentos, cuando el Estado que tanto debe a sus años de gobierno y oposición sufre el doble asalto de una “voluntad colectiva nacional-popular” (que diría Gramsci) desde el interior de sus propias instituciones.

Dibujo de Eduardo Estrada para El País

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

[ARCHIVO DEL BLOG] Y España dejó de ser diferente: 40 años de las primeras elecciones democráticas. [Publicada el 15/06/2017]

Adolfo Suárez en el colegio electoral. Madrid, 15/6/1977

Santos Juliá Díaz (Ferrol, 1940), articulista habitual del diario El País, es un historiador y sociólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, y autor de numerosos trabajos sobre historia política y social de España durante el siglo XX. Fue profesor mío durante mi paso por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, y aceptó dirigir mi proyecto de tesis doctoral sobre "El papel del Senado en las democracias contemporáneas", que finalmente no realicé. 

Hace unos días publicaba en ese diario, su diario, un artículo sobre lo que se ha dado en llamar "la diferencia española". A la muerte de Franco, comienza diciendo, nadie daba un céntimo por lo que en España pudiera ocurrir cuando los partidos recuperaran la libertad. Y el 15 de junio de 1977, hoy hace cuarenta años, en las primeras elecciones democráticas postfranquistas, triunfaron las dos opciones sobre las que Europa construyó la democracia: el centro y el socialismo.

Era nuestra diferencia, señala, lo que nos convertía en caso excepcional en la historia de Europa: una demostrada y reiterada incapacidad para la democracia, una atávica necesidad de ser gobernados por un hombre fuerte. After he goes, what?, se había preguntado un distinguido hispanista, Richard Herr, temiendo que cuando He, o sea, Franco, desapareciera, los españoles, por naturaleza rebeldes y políticamente volubles, volverían a sus antiguos hábitos, solo temporalmente abandonados por la estricta y larga prohibición de meterse en política. 

No era el único que temía lo peor, comenta: a la muerte de Franco, nadie daba un céntimo por lo que en España pudiera ocurrir cuando los partidos políticos recuperaran la libertad destruida durante 40 años de dictadura. Y no se trataba del tópico del español ingobernable inculcado por la propaganda franquista. Alguien tan a resguardo de esa retórica como Giovanni Sartori sentenció en 1974, en las dos líneas dedicadas al caso español en su obra sobre partidos políticos, que los españoles volverían a la pauta de los años treinta dando vida de nuevo a un sistema pluripartidista y muy polarizado, directamente destinado, como en los años treinta, al caos.

Hombre fuerte que se impone sobre un sistema de partidos caótico como única garantía de paz y orden, continúa diciendo: esa era la diferencia española. Una voz, sin embargo, comenzó a desentonar en el coro de historiadores y científicos sociales y políticos que lucubraban sobre el futuro: la de Juan Linz cuando pronosticó en 1967 que cualquier sistema de partidos que se estableciera en el futuro en España tendría que girar inevitablemente en torno a dos tendencias dominantes: el socialismo y la democracia cristiana. Esa había sido la fórmula puesta en práctica al término de la II gran Guerra Mundial y sobre ella se construyó la nueva Europa de la que todos los españoles nacidos poco antes, durante y poco después de la Guerra Civil queríamos, más que formar parte, ser.

Ser como los italianos, dice más adelante, fue la gran expectativa del Partido Comunista bajo la dirección de Santiago Carrillo, que soñaba con repetir en España el compromesso storico de Berlinguer en Italia. No lo fue menos la de Adolfo Suárez cuando pretendía, como le dijo a Duran Farell, crear en España un partido que desempeñara el papel jugado por la democracia cristiana en Italia y Alemania, y fomentó en la izquierda una permanente y equilibrada división entre socialistas y comunistas. Que aquí ocurriera como en Alemania era lo que anhelaban los socialistas, dispuestos a ir a las urnas aun en el caso de que el PCE tuviera que esperar a una segunda convocatoria para presentarse bajo su propio nombre. Solo quedaba Manuel Fraga y sus siete magníficos azuzando al franquismo sociológico para que despertara de su sueño y mantuviera la diferencia española; al cabo, él había sido principal responsable del célebre reclamo turístico, Spain is different.

Al final, afirma, fueron las dos opciones sobre las que en Europa se había construido la democracia y el Estado social las que resultaron vencedoras el 15 de junio de 1977 con el nombre de centro y de socialismo. De las 80 candidaturas que obtuvieron algún voto, solo 13 consiguieron escaños; de ellas, cuatro solo uno, mientras las dos primeras alcanzaron 293: una concentración de votos en UCD y PSOE algo superior a lo que habían pronosticado las encuestas que, en general, acertaron al predecir la enorme distancia que iba a separarlos de los dos segundos (PCE y AP) en votos y, más aún, en escaños. Y no tanto por el sistema D'Hont, aunque también, como por los dos escaños atribuidos de salida a todas las circunscripciones, cualquiera que fuese su población.

Con estos resultados, señala, se disolvió, aparte de la sopa de siglas, el proyecto de reforma política aprobado seis meses antes en referéndum, que en su artículo tercero establecía que la iniciativa de reforma constitucional correspondía al Gobierno y al Congreso de los Diputados. Para empezar, nunca más se volvió a hablar de “reforma constitucional”, una manera perversa de referirse a las Leyes Fundamentales de la dictadura; además, el Gobierno abandonó sin ofrecer resistencia su última trinchera: encargar a una comisión de expertos un anteproyecto de Constitución a su gusto y medida. Los diputados se declararon constituyentes y decidieron poner en marcha la principal y nunca abandonada reivindicación de la oposición desde el acuerdo alcanzado entre socialistas y monárquicos en 1948, reiterada en todos los planes de transición alumbrados en las décadas siguientes: la apertura de un proceso constituyente.

El Gobierno, dice, con un presidente ratificado sin contar con mayoría absoluta y sin haberse sometido a ninguna sesión de investidura y, por tanto, sin saber con cuántos votos contaba en la Cámara, se sumó de buena gana a una corriente a la que él mismo había dado curso sin prever exactamente hasta dónde lo llevaría. Situado, por talante y por apoyos, en el polo opuesto al del hombre fuerte al modo español, su doble acierto consistió en no intentar siquiera poner puertas al campo abierto por las elecciones y en sustituir la práctica del decreto-ley por una política de pactos a derecha e izquierda, con nacionalistas catalanes y vascos incluidos, sobre las cuestiones pendientes: la Constitución, desde luego, pero también la política económica y social y las reivindicaciones de autonomía sostenidas en títulos históricos. En conjunto, lo que muy pronto recibió el nombre, luego tan denostado, de política de consenso.

Y esa sí que fue la gran diferencia que liquidó todas las diferencias, comenta. Políticos españoles y políticas de pacto parecían excluirse mutuamente en nuestro discurso político y en nuestra historia desde los orígenes del Estado liberal. La tradición más arraigada exigía un hombre fuerte al mando tras los reiterados fracasos, por múltiple fragmentación, del sistema de partidos, lo que en definitiva quería decir: un país escindido por más de una línea de fractura en cuestiones relativas a los fundamentos de su convivencia política. Que ni la tradición ni la historia determinarían el futuro y que era posible construir un Estado tramando acuerdos: eso fue lo que indicaba el mandato de los electores cuando, rompiendo lo que tantos observadores extranjeros consideraban como berroqueña excepcionalidad española, depositaron sus votos mayoritariamente en dos partidos a los que empujaron a entenderse.

Poco tiempo después, concluye Santos Juliá, otro destacado hispanista, hablando sobre la democracia española, exclamaba, desencantado: puaf, qué aburrimiento, ya sois como los europeos.

Sobre esta misma efeméride escribe también hoy en El País el profesor de Derecho Constitucional, Francesc Carreras: Quisimos, pudimos, ¡lo hicimos!, dice. Hace hoy 40 años, se celebraron las primeras elecciones de la democracia. La conclusión al terminar el día fue que mucho más que los resultados, los españoles tenían muy asimilada la democracia. 

A principios de noviembre de 1976, comenta, semanas antes del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, el semanario catalán, y en catalán, Arreu, me encargó escribir una serie de artículos para explicar el contenido de la Ley para la Reforma Política que debía votarse en referéndum el 15 de diciembre de aquel año. Este semanario —excelente, aunque de corta vida— estaba en línea con el progresismo de la época, quizás más en el ámbito comunista que socialista, pero independiente de ambos.

En aquellos tiempos, añade, nadie perteneciente a este mundo creía en Adolfo Suárez y en su Gobierno. Se pensaba que la democracia debía llegar a través de la ruptura, nada debía esperarse de los intentos reformistas desde el interior del régimen. Suárez, por tanto, al que se le recordaba vistiendo camisa azul, sería un nuevo fracaso. Por tanto, en el encargo, iba implícito, sin decirlo, “espero que te la cargues”. También yo, que aún no había leído el proyecto, pensaba lo mismo.

Así pues, me puse a la tarea, sigue diciendo. Una ley tan corta, ¿daría para tres o cuatro piezas, tal como me pedían? Tenía mis dudas. Efectivamente, el texto estaba compuesto por cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una final. Además, sin preámbulo. Pero empecé a leerla con detenimiento y lentitud, subrayando el texto, tomando notas, fijándome en sus remisiones a otras normas. La ley era breve pero de una enorme complejidad: había que enmarcarla en las leyes fundamentales franquistas, a las que yo siempre había prestado muy poca atención, y en su disposición final, sin derogar expresamente las anteriores, quedaba añadida también como Ley Fundamental. Estaba cada vez más asombrado. ¿Qué significaba todo aquello?

Lo entendido en una primera lectura, sigue diciendo, sucede también en otros textos, pero especialmente en leyes y sentencias, hay que dejarlo reposar. Hay que repasar las notas tomadas, reordenarlas, precisar el significado de ciertas palabras, encontrarles muchas veces una nueva interpretación de acuerdo con el contexto y así hacerte una completa composición de lugar. Una labor apasionante, como leer un buen poema críptico. Conforme iba trabajando, el asombro seguía. Y empecé a pensar que las posibilidades de avanzar hacia la democracia serían mucho mayores con esta nueva ley, aunque entonces pensar esto no fuera políticamente correcto. No recuerdo lo que escribí.

En efecto, añade más adelante, aquellos escasos preceptos estaban redactados con tan milimetrada sutileza que derogaban tácitamente todo el engendro institucional antidemocrático de las leyes fundamentales franquistas, en aplicación del principio de temporalidad según el cual una ley posterior deroga a la anterior siempre que sea de igual rango jerárquico. Por esa razón, la Ley para la Reforma declaraba tener el rango de Ley Fundamental.

A su vez, estableció claramente los principios básicos de un Estado democrático de Derecho: soberanía del pueblo, elecciones libres, democracia representativa y garantía de los derechos fundamentales.

Por un lado, dice, declaraba que el pueblo era soberano y que su voluntad se expresaba mediante leyes elaboradas y aprobadas por las Cortes (Congreso y Senado) elegidas por sufragio libre y universal. Por otro, reconocía que los derechos fundamentales de la persona eran inalienables y vinculaban a todos los poderes del Estado. No establecía, ciertamente, un catálogo de derechos fundamentales. Ahora bien, como España había ya suscrito los más importantes tratados internacionales en esta materia, no aplicables por carecer de su publicación en el BOE, sólo faltaba este sencillo requisito para quedar integrados en el ordenamiento jurídico español y así tener eficacia interna. En los meses siguientes tuvo lugar su publicación.

Finalmente, afirma, debe repararse en que la ley se denominaba “para” la reforma política, no “de” la reforma política. Es decir, era un instrumento para instaurar una democracia más plena y definitiva. Por ello, daba poderes a las Cortes para elaborar y aprobar una nueva Constitución, sin límite alguno, que debía ser ratificada por el pueblo en referéndum. Dado que hasta que llegara este momento aún subsistían instituciones del régimen anterior que podían entorpecer el previsible proceso constituyente, se otorgaban poderes al Rey, que afortunadamente no tuvo que utilizar, para convocar un referéndum sobre “opciones políticas de interés nacional”. Así se situaba al monarca como garantía última para que el proceso llegara a buen fin.

Landelino Lavilla, señala, uno de los grandes protagonistas de aquella etapa, que estaba junto a Suárez en la cocina de aquella operación, ya que era su ministro de Justicia, lo relata con detalle en sus brillantes memorias publicadas este invierno. “La transición —dice Lavilla— ha permitido pasar de un régimen autocrático a uno democrático sin quiebra formal de la legalidad”. Es exacto: sin quiebra “formal”. Pero también se deprende de sus palabras lo más sustancial: con la quiebra de todo lo demás ya que se pasa de una dictadura a una democracia.

En los meses siguientes a la aprobación de la Ley, dice a continuación, hasta que tuvieron lugar las elecciones previstas, se fueron aprobando las distintas normas que debían asegurar la regularidad democrática de los comicios: derecho de asociación política, ley electoral y libertad de expresión. Además, entraron en vigor los tratados internacionales sobre derechos humanos. El Gobierno de Suárez y la oposición democrática fueron, no exactamente pactando, pero sí consultándose, todas estas leyes. Se había establecido un grado de confianza entre unos y otros, a partir de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que no era previsible cuando yo me puse a comentarla en el Arreu.

Finalmente, afirma, el día 15 de junio de 1977, hoy hace 40 años, se celebraron las primeras elecciones de la democracia. Aquel día fue muy singular. Los ciudadanos estaban expectantes, los políticos más, los gobernantes inquietos, la prensa alborotada. Las elecciones podían ser limpias o sucias, no era descartable algún conato de violencia.

Al llegar la noche, afirma, ya se vio lo más importante, mucho más que los resultados: los españoles tenían muy asimilada la democracia, eran respetuoso con las reglas jurídicas, ejercían la virtud de la tolerancia con quien discrepara de sus opiniones, querían convivir en paz de una vez para siempre. La guerra civil se había superado hacía años, todas las lecciones de la historia se habían aprobado. Esta fue la gran victoria, para nada militar, de aquel día.

“Quisimos, pudimos, ¡lo hicimos!”, concluye diciendo. La conocida frase pronunciada por John Wayne en Río Rojo, la gran película de Howard Hawks, la podían repetir aquel día, con una leve sonrisa y gran satisfacción, millones de españoles.

Tercera y última ojeada por hoy a la conmemoración que celebramos este día. El franquismo se saldó con una traición a esas juventudes revolucionarias que construyeron el programa de un futuro sin contar con una población que votó masivamente a Adolfo Suárez y no soñaba con revolución alguna, señala el profesor, escritor y ensayista Jordi Gracia en un artículo con el que rememora las primeras elecciones democráticas celebradas tras la muerte del general Franco, tal día como hoy de hace cuarenta años.

La palabra democracia, comienza diciendo, estuvo muy viva desde antes de la muerte de Franco, pero el sentido que cada cual le dio fue equívoco y hasta contradictorio, sin nada que ver con la base estable e incuestionada de la noción de democracia en la actualidad. Es precisamente la renovada exigencia democrática que auspició el 15-M y Podemos, lo que asfixia hoy a gobernantes con las vergüenzas expuestas a todos los plasmas imaginables, y no son las irrelevantes vergüenzas genitales.

El régimen (el verdadero Régimen), continúa, abusó obscenamente de esa imaginativa plasticidad cuando habló de democracia orgánica. La oposición, articulada y sin articular, hizo lo mismo. Para unos, muchos, democracia equivalía a democracia radical, que a su vez equivalía a revolución democrática. Para otros, escasos, dispersos y muy mal vistos, democracia empezó a significar desde 1976-1978 la sumisión voluntaria a las reglas del juego de la representación parlamentaria porque asumía la negociación política como tablero exclusivo y expresión legítima de la opinión de la calle, movilizada y no movilizada. La convencida ilusión revolucionaria que fraguó entre las juventudes universitarias más politizadas desde finales de los años sesenta no dio el menor crédito a la democracia como sistema de pactos, contrapesos y transacciones: eso era claudicación socialdemócrata y pequeño-burguesa, como poco.

El ideal era otro, comenta más adelante, porque la revolución no se pacta ni se negocia, se impone. La revolución vino a ser, así, un ideal del despotismo ilustrado sin respeto ni por las formalidades democráticas ni por la herencia presencial, biográfica, activa, de los equipos procedentes del franquismo. El sueño solo tenía cara A porque no había lugar para la cara B. La revolución democrática había de vencer a las fuerzas del franquismo reformista y a la vez a las formaciones políticas burguesas y pequeño-burguesas, tan alegremente dispuestas a plegarse a los enjuagues de una democracia parlamentaria a la europea.

No hay la menor duda, dice: la Transición constituyó una traición sangrante, despiadada, a aquellas juventudes revolucionarias que con la literatura, la ideología, los cómics, el ideario libertario, el comunismo maoísta o soviético, la cultura hippy y la contracultura entera habían construido el programa de un futuro sin contar con una población no exactamente adicta ni a Rimbaud, ni a Lautréamont, ni a Fidel Castro, ni a Janis Joplin, ni a Allen Ginsberg. La población real, cuantificable, votó masivamente a Adolfo Suárez, compró desatadamente los abyectos libros neofranquistas de Vizcaíno Casas e ignoró los ensueños de la grifa y la marihuana o los viajes de la psicodelia débil del principio y el jaco letal de los ochenta.

El fracaso fue estrepitoso, afirma, porque la población de una democracia en construcción no soñó con revolución alguna ni se adhirió a sus condiciones despóticas. Esa precaria democracia acabó con el aparato legislativo del franquismo y fundó otro nuevo desde 1978: hizo una ruptura democrática. El desnortamiento de la revolucionaria contracultura fue entonces descomunal porque la revolución empezaba a ser ya sólo una fantasía derrotada, pero no un objetivo viable con las cifras electorales y no electorales en las manos. Fue entonces cuando los lectores de la revolucionaria Anagrama abandonaron a Anagrama diez años después de su fundación: “De golpe y porrazo” —cuenta Jordi Herralde—, “buena parte de aquellos lectores inquietos que se interesaban por todo, dejaron de leer no sólo textos políticos sino también libros de pensamiento, de teoría, lo cual provocó la desaparición de la totalidad de las revistas políticas y el colapso de la mayoría de editoriales progresistas”. Los ideales de la minoría más politizada y progresista, más europeísta, culta y urbana, más asimilable a las vanguardias políticas radicales de la Europa de entonces, desembocaron en una funesta neurosis de autodestrucción por fallo general multiorgánico. Nada había sido como lo soñó Ajoblanco o Star.

Precisamente por eso, señala, Podemos no tiene nada que ver con aquella raíz hoy enterrada de la revolución: aquella lo era de verdad porque quiso cambiarlo todo. Hoy Podemos carece del gen revolucionario porque su biotipo democrático negocia, discute, amaga, recela, engaña, traiciona y marrullea como las demás fuerzas políticas. Los planes de la revolución se vinieron abajo en un santiamén pero sus víctimas fueron infinidad de jóvenes. No hay ninguna buena noticia en esas muertes con y sin apellido, sino un largo duelo ante la angustiosa lista de muertos en los años duros del caballo químico y del caballo ideológico: Eduardo Haro Ibars, Aníbal Núñez, Eduardo Hervás, Antonio Maenza, Marta Sánchez Martín, Carlos Castilla Plaza.

Pero es seguro, dice, que para la mayoría de la población fue una buena noticia el fracaso de la revolución: el demos no fue revolucionario, o fue democrático de acuerdo con las democracias realmente existentes en la Europa de su tiempo. La primera clase del curso de nueva democracia trataba del desengaño de las utopías revolucionarias y la segunda tocaba otro tema, también delicado: la democracia es imperfecta, torpona y algo cegata, además de no ser nunca ni pura ni inmaculada.

Pero la fantasía de la pureza siguió viva, añade, y la frustración también. Muchos de aquellos jóvenes no renunciaron a que la vida y la literatura fuesen lo mismo: es un ensueño fascinante y adictivo pero no le veo ejemplaridad alguna ni es siquiera un plan de vida compensador. Sí es en cambio un potente objeto de estudio antropológico y cultural, como el que ha emprendido Germán Labrador en un libro que contiene el más completo elogio y la más sentida elegía de la contracultura: Culpables por la literatura. Imaginación política y contracultura en la transición española (1968-1986). La demonización de sus protagonistas como bichos marginales y enfermos está ampliamente reparada en este libro, el mejor posible sobre aquel mundo y sus supervivientes.

Lo que no remedia, concluye diciendo, es el trágico error que anidaba en los planes líricos e ideológicos para una Transición que sin duda los traicionó, pero no se equivocó. Si el éxito de la Transición se mide sobre el romanticismo de la revolución democrática fue un gran fracaso, y es justo y hasta conmovedor evocar a las víctimas de sus propias utopías. Pero no ilumina cuáles fueron y dónde estuvieron las renuncias de la izquierda democrática y socialdemócrata desde 1978. Ese me parece el campo de maniobras más productivo para una crítica de la Transición, sin confundirla con una traición a las utopías trágicas o restitutivas del pasado de la Segunda República.

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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