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sábado, 7 de marzo de 2020

[ARCHIVO DEL BLOG] Primarias (Publicada el 28 de agosto de 2009)




La secretaria general del PSF, Martine Aubry



Leo en la edición electrónica de hoy viernes del diario parisino Le Monde que la secretaria general del partido socialista francés, Martine Aubry, se declara en favor de primarias abiertas para la designación del candidato del partido a la presidencia de la república en 2012, apostando al mismo tiempo por la unidad, modernización y renovación del partido. Lo ha dicho al inicio de la reunión de cuadros y militantes socialistas que hoy ha comenzado en la Universidad de Verano de La Rochelle, decisión a la que acompañarán reglas como la no acumulación de mandatos. Una opinión, no compartida mayoritariamente en el seno de la izquierda francesa: Jean-Luc Melanchon, del Partido de la Izquierda, se muestra categóricamente en contra del principio de primarias, del que dice que la única vez que se utilizó en Europa fue en Italia -¿se habrá olvidado de la experiencia española o del propio PSF con Ségolène Royal?-, y acabó en un desastre.

Que los viejos y nuevos partidos políticos europeos, y españoles, le tienen pánico a las primarias es una afirmación que no admite prueba en contrario. Gobernados todos ellos por "oligarquías de hierro" como las denominara, estudiara y describiera a principios del siglo XX el sociólogo alemán Robert Michels (1876-1936) en su monumental obra "Los partidos políticos" (Buenos Aires, Amorrortu, 2008), el único sistema admitido de ascenso y promoción interna que funciona en la práctica, digan lo que digan los respectivos estatutos, es de la cooptación por parte de esa misma oligarquía.

La prueba del algodón de unas primarias en el seno del socialismo español se dio en 1998, en las que, contra todo pronóstico, pero con el apoyo casi unánime de los militantes, fue designado candidato a la presidencia del gobierno Josep Borrell. Ninguneado -cuando no torpedeado- por la propia dirección del partido, acabó dimitiendo poco después. Y las primarias, la limitación de mandatos y la no duplicidad de cargos pasaron a mejor vida en la historia del Partido Socialista Obrero Español.

Ahora, que de nuevo un viejo partido socialista europeo como el PSF, tan chovinista él, va a intentar la experiencia de las primarias, exitosa en otras latitudes políticas como la norteamericana, no me cabe sino desearles la mayor de las suertes. Si les sale bien, quizá aquí, fascinados por la experiencia, el socialismo español se decida a su reimplantación pero esta vez en serio y creyéndosela ellos mismos. ¿Los partidos en manos de sus militantes y votantes? Sería hermoso, aunque sólo fuera por lo inédito. HArendt




El exsecretario general del PSOE, Josep Borrell



La reproducción de artículos firmados en este blog no implica compartir su contenido. Sí, en todo caso, su  interés. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt





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sábado, 30 de marzo de 2019

[A VUELAPLUMA] Los votantes huérfanos del PSOE





Los votantes huérfanos del PSOE son fantasmas desorientados, atrapados, como en las películas del género, en otra dimensión, dice de ellos, de nosotros, José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Por el día observan desde el otro lado de la puerta las vicisitudes de los dueños de la mansión, comienza escribiendo Torreblanca. Y por la noche dan golpes en las puertas, baten las ventanas y hacen crujir los suelos para llamar la atención de los habitantes de la casa. Pero sus quejidos son ignorados ("no hay que dar importancia a los ruidos", dicen los gerifaltes, "saldremos adelante").

Son los votantes huérfanos del PSOE, los de toda la vida, los del centroizquierda moderado, los progresistas sin estridencias, los pragmáticos que abjuran de los radicalismos y las exageraciones ideológicas, los que prefieren que su partido haga mucho y diga poco a que diga mucho y haga poco. No tienen problemas con la Constitución del 78 y se sienten moderadamente patriotas, más por orgullo por lo logrado por este país en los últimos 40 años que por un fervor identitario y esencialista. Querrían una discusión pública racional sobre educación, pensiones, sanidad, sí, pero rechazan que se les hurte un debate territorial en el que tendrían mucho que decir.

Porque, a su manera, e incluso con más justificación que la derecha, se sienten traicionados por los nacionalistas. Pensaban que estaban haciendo un gran país que superara sus diferencias históricas y que articulara (por fin), una nación cívica compatible con la integración en Europa (por fin) y con el reconocimiento de la pluralidad de identificaciones nacionales (por fin). Pero en los últimos años han descubierto que aquello era una ficción: que algunos aprovecharon para construir una identidad nacional sobre la que asentar una demanda de estatalidad que dividiera y enfrentara a la ciudadanía. Y se sienten tan decepcionados por la doblez de sus aliados de la Transición como humillados por tener que soportar que, para colmo, la culpa es suya por, al parecer, ser una mera reencarnación del autoritarismo franquista contra el que muchos se dejaron la piel.

A los votantes fantasma del PSOE les espanta Vox, les preocupa el giro a la derecha del PP y temen que Ciudadanos cierre las puertas a una reconstrucción de un centro político tan necesario como, al parecer, por ahora imposible. Pero tanto como temen un tripartito entre Vox, el PP y Ciudadanos que agudizaría la polarización y generaría una enorme tensión social (incluso riesgos de retroceso en derechos adquiridos), les provoca escalofríos que su PSOE de toda la vida pudiera, justo en el momento en el que Podemos está finiquitado, conformar un Gobierno de coalición que diera una Vicepresidencia y ministerios clave a Iglesias, Montero y los suyos, amén de predisponerse sobre la base de silencios, omisiones y sobreentendidos a ganarse los votos de los independentistas. En su retina está fijada la escalofriante rueda de prensa coral de Iglesias en enero de 2016 reclamando la Vicepresidencia, el CNI y el BOE. Como lo está el no de Podemos a la primera investidura de Pedro Sánchez, porque fue ese no el que verdaderamente llevó a Rajoy a La Moncloa.

Los votantes fantasma del PSOE penan todos los días por los diales de las radios, los editoriales de su periódico de referencia y las parrillas de las televisiones buscando una señal tranquilizadora, una brizna de esperanza, un atisbo de firmeza. A veces imaginan a su líder proclamando solemnemente: "nunca aceptaré los votos de los independentistas para seguir en La Moncloa". Pero, acto seguido, se despiertan sobresaltados en la oscuridad para descubrir que todo ha sido un sueño. Y, a la mañana siguiente, vuelven a comprobar que el discurso de campaña de su partido está más centrado en cavar trincheras y alimentar una política de bloques contra la derecha que está enfrente que en confrontar a la izquierda radical y el independentismo que queda detrás de sus líneas que, sin duda, no dudará en apuñalar a su partido por la espalda a la menor ocasión.

Otras veces, los votantes fantasma dejar volar su imaginación y, como quien adivina formas de animales en las nubes, fabulan sobre lo que pasaría si dentro del PSOE existiera una alternativa, una mínima disidencia, aún sin fuerza, que por débil que fuera sirviera para dejar testimonio de que no todo el mundo se entregó al oportunismo, de que no todo el mundo prefirió el poder a toda costa, que hubo quien prefirió perder hoy para ganar mañana que ganar hoy para perder mañana. A los votantes fantasma del PSOE les desespera el conformismo de los barones territoriales y de los supuestos disidentes, que rehúyen la confrontación con una política que saben equivocada a cambio de salvaguardar sus cuotas de poder autonómico, municipal y personal. Recuerdan con nostalgia aquellos años en los que el PSOE era un partido vibrante, en los que el secretario general, lejos de controlar el partido, tenía que soportarlo, un partido con grandes figuras de referencia, corrientes internas que expresaban una sana disidencia y un aparato orgánico que intentaba impulsar y controlar la acción de Gobierno. Pero hoy, los votantes fantasma del PSOE echan de menos a alguien que, sin temer las consecuencias inmediatas sobre su futuro político, pusiera pie en pared e hiciera un discurso, modesto pero firme, que al menos enseñara a votantes y militantes la existencia de una alternativa, de otro camino. Sin duda sería derrotado, pero habría sembrado la semilla de una futura reconstrucción.

Por desgracia, del pasado solo queda nostalgia, acompañada, eso sí, del reconocimiento del cúmulo de errores cometidos por el PSOE en la incompetente gestión de la sucesión de Zapatero, incluido el feroz aplastamiento de Eduardo Madina sirviéndose de Pedro Sánchez y la paradójica victoria del que primero fue candidato del aparato para luego presentarse como inmaculado candidato de las bases. De aquellos tejemanejes del aparto y comités federales delirantes queda hoy un PSOE arrasado orgánicamente, sin referencias intelectuales ni pesos ni contrapesos internos. Un partido que ha enterrado sus instituciones e historia organizativa e importado las prácticas caudillistas y de hiperliderazgo de aquellos populistas a los que quería combatir.

Pero ante todo, y de forma más preocupante, queda un partido sin pulso orgánico ni capacidad de debate interno en la principal cuestión que preocupa a los votantes de este país: la cuestión catalana. Porque, tras un comportamiento ejemplar en esa crisis, conduciéndose como un leal socio con visión de Estado a lo largo del otoño de 2017, el PSOE cayó en la tentación de apoyarse en los votos de los independentistas para llegar al poder. Y, aunque en un primer momento pudiera afirmar que los recibió sin contrapartidas, desde el instante en el que decidió continuar en el poder en lugar de convocar elecciones, se obligó a contemporizar con el independentismo: de ahí las propuestas de libertad provisional para los acusados del procés; las rebajas en la calificación de los delitos por parte de la abogacía del Estado; las especulaciones sobre futuros indultos; la búsqueda de fórmulas negociadoras basadas en extraños relatores; la tolerancia con la reapertura de la red de Embajadas en el exterior; la dejación de funciones respecto al abuso que de la educación y los espacios públicos e institucionales hace la Generalitat. Cierto que de ello quedó finalmente poco en términos prácticos. Pero sembró en el votante socialista la percepción, alimentada por las reuniones entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners, de que después de unas elecciones, Sánchez estaría más que dispuesto a formalizar, ahora sí, esa coalición con Podemos y con los apoyos (visibles o subterráneos) de los independentistas.

Así que el 28 de abril, el votante fantasma del PSOE arrastrará sus pesadas cadenas hasta las urnas para decidir cómo se debe gobernar este país: si con el PSOE apoyado por Podemos y los independentistas o por el PP en coalición con Ciudadanos y el apoyo de Vox. ¿De verdad no hay nadie que pueda aliviar a los socialistas de esa pesada carga y dejarles votar en paz por su partido de toda la vida?



Dibujo de LPO



Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt 



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jueves, 24 de enero de 2019

[TEORÍA POLÍTICA] De la indignación al chapoteo



La muerte de Sócrates, por Jacques-Louis David (1787)


Asistimos a un proceso de espectacularización de la vida pública que encuentra en las dimensiones personales de los políticos un auténtico e inagotable filón. Se diría que la consigna es la de que todo vale: Hemos pasado de la indignación al chapoteo, escribe el profesor Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona. 

Lo que era ilusión en los inicios de la Transición, comienza diciendo Cruz, tuvo su particular ocaso, que se dio en llamar desencanto. La vibrante y limpia indignación del 15-M parece estar derivando hacia su específica y propia forma de ocaso, todavía pendiente de denominación. En ambos casos, fue el aterrizaje en la realidad, esto es, el acceso (o el regreso) al poder, el que terminó por generar en amplios sectores de la izquierda una intensa sensación de decepción, al ver incumplidas, cuando no traicionadas (recuérdese el caso de la OTAN con Felipe González recién llegado al Gobierno de la nación), buena parte de sus expectativas.

El segundo ocaso era en gran medida previsible. Cuando se hace bandera abstracta del Sí se puede, alimentando la expectativa de que todo es posible a poco que haya lo que se suele designar con la expresión “voluntad política”, la decepción de la ciudadanía está como aquel que dice cantada. Ya le sucedió a aquella alcaldesa que alcanzó el cargo a lomos de dicho eslogan y, al poco de tomar posesión del bastón de mando, se apresuró a declarar, contrita, que había descubierto que poder, lo que se dice poder, no se puede todo, que lo sentía mucho y que en el futuro no volvería a prometer tanto.

Pero una cosa es que la realidad acabe imponiendo sus condiciones y ello dé lugar a que el gobernante no pueda llevar a cabo aquello que tan alegremente había ofrecido durante su campaña electoral, y otra, bien distinta, que la decepción llegue por cauces en cierto modo ajenos a la política misma en sentido propio. No hace falta alejarse mucho de la actualidad para encontrar ejemplos: a nadie parece importar gran cosa que algunas de las primeras iniciativas del nuevo Gobierno den satisfacción a determinadas demandas sociales, como las de la reversión de los recortes en educación o la sanidad universal, por mencionar dos de las más reclamadas. Da igual: tertulias y debates se ven copados por asuntos que, sobre el papel, apenas tienen importancia (si acordamos que lo más importante es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos) comparados con los anteriores.

No se trata de fingir sorpresa ante esta situación, prefigurada desde hace tiempo por la intervención de diversos factores. Uno de los más relevantes es, sin duda, el imparable proceso de espectacularización de la vida pública, proceso que encuentra en las dimensiones personales de los políticos un auténtico y, por lo visto, inagotable filón (hemos tenido sobrada ocasión de comprobarlo en las últimas semanas). Afirmaba hace muchos años un antiguo ministro del Interior de este país que nadie, absolutamente nadie, resiste el escrutinio de que se le ponga una potente lupa encima de su biografía. Y lo decía cuando los escándalos no se veían amplificados como se ven hoy merced a las redes sociales y a la digitalización de la información.

Pero tal vez si entonces la política parecía vivir menos a golpe de escándalos de este orden no era solo porque aún no se había producido la evolución de los medios de comunicación de masas que luego nos tocó vivir, con la irrupción de los diarios digitales y las aludidas redes sociales, sino también porque los partidos y sus responsables no parecían haber abdicado de la iniciativa de ser ellos quienes marcaran la agenda, en vez de aceptar ir a rebufo, sumisamente, de lo que iba apareciendo publicado por ahí. Ahora, dicha abdicación parece un hecho certificado, e incluso no faltan políticos a los que se diría que no les importa convertirse en cómplices de la nueva situación, a la que no se resisten a contribuir haciendo públicos aspectos, más que privados, directamente íntimos de su vida, no se termina de saber si por compulsivo exhibicionismo o por cálculo electoral interesado. En cualquier caso, las consecuencias de semejante cambio de actitud por parte de los protagonistas, así como el desplazamiento de las temáticas que han devenido el nuevo objeto del debate público, están afectando directamente a la imagen de la política que tiene la ciudadanía.

Por lo pronto, los escándalos sobre los que parece que se pretende que fijemos nuestra atención son, en cierto modo, prepolíticos. No apuntan, por formularlo rotundamente, a los actos, sino al actor. La crítica, por tanto, no persigue en tales casos reversión, rectificación o enmienda alguna de un determinado comportamiento, sino que, en la medida en que lo que queda descalificado por completo es el destinatario, el reproche en cuestión solo puede resolverse con la expulsión de aquel del terreno de juego. A esto es a lo que, efectivamente, estamos asistiendo de un tiempo a esta parte. La descalificación del adversario se hace porque se le atribuye la condición de tramposo, estafador, incoherente, contradictorio, mentiroso o cosas parecidas. Lo que haya hecho o piense hacer en el ámbito de la cosa pública resulta irrelevante: el objeto de debate y posterior condena ha pasado a ser algún aspecto particular de su biografía.

Importa resaltar que el asunto va más allá del proverbial y conocido argumento que suelen esgrimir casi todos los políticos cuando se ven criticados, argumento según el cual lo que en realidad busca el crítico con sus demoledores planteamientos es desviar la atención respecto de otros asuntos que no le conviene que se vean debatidos en la plaza pública. De lo que se trata ahora en cambio es de si, como consecuencia de lo expuesto, lo que pudiéramos llamar la lógica de la política ha empezado a variar de manera sustancial y, a continuación, de los efectos que tal mutación está produciendo.

Uno de los más destacados tal vez sea la volátil y efímera atención que los medios dedican a los asuntos con los que alimentan la atención de la ciudadanía hacia la política. Nada tiene de extraño, en la medida en que dicha atención, en tiempos de feroz competencia empresarial también en el campo de la comunicación, se ha convertido en un fin en sí misma. Escándalos y noticias llamativas se suceden a gran velocidad, sin que el abandono de las mismas implique que el asunto señalado haya quedado resuelto o superado. En realidad, los asuntos quedan abandonados en cuanto los medios detectan que ya no concitan el interés del público, por más que los motivos que dieron lugar a la denuncia inicial permanezcan intactos. La constatación no es banal. Al contrario, pone en evidencia que lo que se suele presentar formalmente como denuncia, justificada con el argumento de la exigencia de transparencia o similares, nunca fue más que un señuelo para ampliar audiencias.

Con vistas a este propósito se diría que la consigna es la de que todo vale. Hace algunas semanas, uno de los recién llegados a la política calificaba de “cutre” la naturaleza del escándalo (sobre la originalidad de un texto elaborado por otro político) que en aquel momento parecía absorber por entero el interés de la opinión pública. Llevaba razón: era casi tan cutre como el inmobiliario que lo había tenido a él como protagonista algunos meses atrás y, por lo que estamos viendo, como los que parecen dibujarse en el horizonte más inmediato. O nos ponemos manos a otra obra, o la ciudadanía pronto pasará de indignada no ya a desencantada, sino, directamente, a asqueada.



Dibujo de Nicolás Aznárez 


Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt






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lunes, 30 de julio de 2018

[TEORÍA POLÍTICA] La labor de la oposición



La muerte de Sócrates, por Jacques-Louis David (1787)


Pocos días después de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga Manuel Arias Maldonado, reiteradamente citado en Desde el trópico de Cáncer, reflexionaba en su blog  en Revista de Libros sobre dicho acontecimiento, y siguiendo al famoso politólogo italiano Gianfranco Pasquino, sobre la labor de la oposición en política. 

El éxito de la moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez, comenzaba diciendo, que ha convertido al PP en oposición y al PSOE en gobierno, ha llamado la atención acerca de las capacidades de los partidos que no ostentan el poder. Para explicarla, se ha hablado de la «deselección» teorizada por Pierre Rosanvallon, de las coaliciones negativas que aglutinan el rechazo a un líder o proyecto, e incluso de la «vetocracia» descrita por Francis Fukuyama: estado en que se coloca al sistema político cuando sus actores dejan de cooperar entre sí y emplean las instituciones para vetarse recíprocamente. Por mi parte, quisiera estudiar este asunto a partir de las reflexiones vertidas por el politólogo italiano Gianfranco Pasquino en un breve opúsculo publicado originalmente en 1995 (que aparece en España tres años después, en Alianza Editorial) y titulado sencillamente La oposición. Que el trabajo fuese publicado a mediados de los años noventa no le resta interés, sino quizá lo contrario: es lo bastante cercano para permitirnos apreciar aquello que haya podido cambiar desde entonces.

Irónicamente, una de las cosas que ha pasado en este tiempo es que España ha empezado a parecerse un poco más a Italia, al menos en lo que a su vida parlamentaria (notables diferencias al margen) se refiere. Y eso da actualidad a un librito que, como subraya María Luz Morán en el prólogo, es «profundamente “italiano”», suscitado como está por la peculiar coyuntura política de Italia a comienzos de los años noventa. En este prólogo, redactado en 1997, se añade que Pasquino escribió el libro poco después de la victoria de Forza Italia, es decir, de Berlusconi, tras unas elecciones consideradas el punto culminante de la desintegración del viejo sistema político que había surgido en la reconstrucción de la democracia tras la derrota del fascismo y como el inicio de un nuevo período en el que [...] parecía existir un acuerdo básico de que la principal tarea a abordar era la de la creación de una «nueva política».

¡Vejez de la nueva política! Pasquino escribe así tratando de contribuir al debate acerca de cómo alcanzar ese objetivo regenerador y, de paso, insinuando posibles vías para la renovación de la izquierda en una época posmaterialista (o que entonces lo parecía). No obstante, lo que aquí interesa sobre todo es lo que este ensayo tiene de meditación acerca de la democracia y sus instituciones, en especial la oposición. El politólogo italiano escribe convencido de que la realización de la esencia de la democracia está vinculada con la idea de la alternancia en el gobierno, y sorprendido, en consecuencia, de que el papel de la oposición en regímenes democráticos no haya merecido especial atención por parte de los científicos de la política. Su enfoque, por lo demás, entronca con los planteamientos de la teoría pluralista de la democracia que tuvo en pensadores como Robert Dahl, Seymour Lipset o Arend Lijphart a sus principales exponentes, lo que explica la primacía de la perspectiva institucional en su análisis.

Pero, ¿qué dice Pasquino? Pues, para empezar, que ninguna oposición puede renunciar a su propia piel dejando, sin más, que el gobierno gobierne. O, mejor dicho: la oposición debe impedir que el gobierno malgobierne. Y sugiere que la «buena oposición» será aquella que aplique la enseñanza de Maquiavelo sobre el zorro y el león: combinando la astucia político-parlamentaria y su fuerza político-social. Su misión será contender con el gobierno en materia de reglas y en materia de políticas:

Serán absolutamente intransigentes cuando el gobierno se proponga establecer reglas que destruyan la posibilidad misma de la alternancia. En cuanto a las políticas, las oposiciones serán críticas de los contenidos que propone el gobierno y propositivas de contenidos distintos, pero también conciliadoras cuando existan espacios de intervención, mediación, colaboración y mejoras recíprocas.

En otras palabras, la oposición controla, critica y propone. Tiene así el deber de enfrentarse al gobierno, demostrando ser ella misma un gobierno alternativo. Obsérvese una de las paradojas que aquejan a la función de la oposición: está obligada a enfrentarse al gobierno haga el gobierno lo que haga. Pues si aplaude lo que hace el gobierno, o deja de controlarlo, no ejercerá su función y dejará coja a la propia democracia. Y es que, si resulta inimaginable una democracia sin gobierno, también debe serlo una democracia sin oposición; porque un gobierno que no encuentra oposición puede fácilmente abusar de su poder. En todo caso, Pasquino es perfectamente consciente de que el papel de la oposición puede variar, para empezar, dependiendo del sistema institucional en que se inserte: siguiendo a Lijphardt, no es lo mismo una democracia mayoritaria que una democracia consensual. Si en las primeras la oposición tiene un cometido más difícil y se ve obligada a estructurarse como alternativa, en las segundas la oposición tiene mayor margen de acción, pero menos incentivos para cualificarse como tal alternativa. En ambos supuestos, el arraigo institucional de la oposición será mayor cuanto mayor sea su arraigo social; y viceversa. Pasquino, por cierto, incluye a España y a Alemania entre las democracias mayoritarias.

Nuestro autor advierte de que la oposición no puede ‒o, mejor dicho, no debe‒ limitarse a aplicar la estrategia del «cuanto peor, mejor». Sobre todo, porque eso le impide hacer visible su alternativa de gobierno. La dificultad estriba en que la oposición no puede quedarse al margen del juego de las relaciones con el gobierno, a riesgo de ser culpada de la parálisis institucional, mientras que persigue al tiempo objetivos propios: mantener su pureza ideológica, preservar su identidad política, conservar su cohesión organizativa. Y ello sin olvidar que ninguna oposición puede renunciar a adquirir recursos para quienes la sostienen; recursos que, huelga decirlo, son más abundantes cuando se gobierna. En todo caso, lo que dice Pasquino es que ninguna oposición parlamentaria «puede ni debe ser jamás antagónica por completo [...] si es consistente y responsable». Se trata de un condicional formidable, pues si la oposición es siempre antagónica, ¿será necesariamente castigada por los votantes? Cuando menos, apunta, los representantes de la oposición habrían de colaborar realizando enmiendas, comentarios, críticas y sugerencias durante la formación de leyes, un aspecto central, aunque poco publicitado en los media, de la lógica parlamentaria. Sin embargo, la oposición ha de preparar la alternancia; por esta razón, no puede colaborar demasiado alegremente con el gobierno. Siguiendo en esto a Joseph Schumpeter y Anthony Downs, entre otros, subraya Pasquino que la competición democrática produce vitalidad y es, al mismo tiempo, síntoma de la vitalidad del sistema, precisamente cuando se exterioriza en el paso decisivo de un gobierno a la oposición y de una oposición al gobierno, con una periodicidad ni muy frecuente ni muy rara.

En fin de cuentas, la democracia no es sólo un conjunto de leyes, sino también la encarnación de un conjunto de valores. De manera que la alternancia no es un fin en sí mismo, sino el mejor medio para lograr que se realicen esos valores. Ocurre que, si el buen funcionamiento del régimen democrático depende en buena medida de la calidad de su oposición, las instituciones deben hacer más fácil que la oposición se comporte apropiadamente. Y eso, para Pasquino, pasa por un rediseño de las mismas que las aproxime al llamado «modelo Westminster». Pero el italiano arranca aquí de una premisa algo dudosa, a saber: «El problema en los regímenes democráticos es que hay quizá poca oposición». ¿Poca oposición? ¡Si los gobiernos no encuentran tregua!

Pasquino explica esta idea, en primer lugar, cuantitativamente: muchos de los opositores potenciales al gobierno, o incluso al sistema, habrían encontrado nichos gratificantes en su interior, mientras que los oponentes reales (el tercio más pobre de la sociedad, en su formulación) tienen cada vez menos recursos con los que organizarse. En segundo lugar, existiría también un problema cualitativo, derivado de la convergencia ideológica en el centro, que debilita la oposición al sistema y reduce el rango de los desacuerdos a una disputa por la distribución de los recursos económicos estatales; la revolución ya es sólo una pose. Por último, habría «poca» oposición porque a ésta «le faltan los instrumentos institucionales en sentido amplio para “dramatizar” su existencia, para comunicar sus programas, para afirmar lo que tiene de distinto». Se encontraría la oposición enjaulada en un sistema democrático que la convierte en copartícipe y responsable del funcionamiento del sistema y de su administración: un rehén del gobierno. A ello habría que sumar la inevitable fragmentación de la oposición, más visible en los sistemas proporcionales, derivada del aumento de la complejidad social. En este punto, Pasquino dice algo que nos recuerda las tesis de Ernesto Laclau sobre el populismo, así como la urdimbre de la reciente moción de censura en España (la cursiva es mía): la oposición se vería tentada de proporcionar una representación parcelada a todo grupo social que proteste por sentirse insatisfecho con la actividad del gobierno u olvidado y abandonado, prescindiendo de la calidad de los intereses que ha de representar. Si lo hiciera así, la oposición se transformaría en una especie de conglomerado o sumatoria de las insatisfacciones sociales [...]. Naturalmente, sobre tales fundamentos, la oposición no podría desarrollar un programa coherente.

Estas tendencias, sugiere Pasquino, sólo puede contrarrestarlas la oposición tratando de ser más institucional y más previsible: más «gubernamental», podría decirse. Y por eso recomienda, en lo que a la oposición se refiere, generalizar el modelo de shadow cabinet o gobierno en la sombra propio del modelo británico, capaz de proporcionar una respuesta satisfactoria a las necesidades  personalización de la política, vale decir de atribución de responsabilidades personales, visibles y explícitas, controlables y verificables, a los gobiernos en la sombra.

Entre otras virtudes, el gobierno en la sombra convierte a la oposición en aquello que ha de ser: no sólo alternativa, sino programática y propositiva en sentido fuerte. No le bastaría entonces con un no a las iniciativas del gobierno, sino que a ellas habría de contraponer una alternativa de cosecha propia. Sólo así podrá la oposición mejorar la calidad de la democracia, llegue o no al gobierno, mediante su actividad de control, crítica y propuesta.

Finalmente, y esto presenta especial interés, Pasquino añade algunas consideraciones sobre los mecanismos de la democracia mayoritaria. Estas se caracterizarían por la posibilidad de la alternancia o, cuando menos, por la legítima expectativa de la alternancia de partidos y coaliciones. Pensemos en Andalucía o Baviera: no hay alternancia, pero nada impide que la haya. Y en estas democracias, la oposición sustituye al gobierno mediante un episodio electoral decisivo. ¿Siempre? No: la excepción a esta regla viene representada por el cambio de gobierno que se produjo en Alemania en octubre de 1982, cuando los liberales abandonaron a los socialdemócratas de Helmut Schmidt y formaron una coalición con los democristianos de Helmut Kohl por medio de una moción de censura constructiva. En aquella ocasión, el cambio de mayoría se verificó en las urnas en marzo de 1983, cinco meses después del éxito de la moción. Los liberales habían dicho a sus electores que gobernarían con los socialdemócratas, y, al cambiar de criterio, entendieron que debían interrogar al electorado: El cambio de la mayoría, aunque efectuado mediante el instrumento constitucionalmente correcto del voto de censura constructivo, se vería mejor ratificado por el voto popular. Y así fue.

Pero, añade Pasquino, el voto de censura constructivo puede emplearse, en clave de democracia mayoritaria, no para realizar un cambio de mayoría, sino para prepararlo. Y aquí es donde nuestro autor pone de ejemplo a España. No sólo la célebre moción de censura planteada por el joven Felipe González contra Adolfo Suárez en mayo de 1980, que no tenía posibilidad de victoria, pero que sí acreditó la competencia de González como líder de gobierno, sino también el fracasado intento del popular Antonio Hernández Mancha en marzo de 1987, que tuvo el efecto de renovar el liderazgo en el centro-derecha y allanó el camino a una oposición más efectiva. Resulta de aquí una enseñanza para las democracias mayoritarias (la cursiva es, otra vez, mía): Si el gobierno es producto de una victoria en las urnas y, por tanto, se sostiene sobre una mayoría parlamentaria, la oposición no sólo carece por lo general de la posibilidad de sustituirlo durante la legislatura, sino que me atrevería a decir que no debe hacerlo. Con todo, debe continuar actuando para derrotarlo, obligándolo a dimitir.

Bajo esta óptica, la operación relámpago que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa, con ser tan legal como legítima ‒si entendemos la legitimidad como una derivación del cumplimiento de la legalidad constitucional‒, presenta algunos problemas conceptuales. O los presenta, si se quiere, a la vista del deseo expresado por el mismo Sánchez de mantenerse en el cargo sin convocar elecciones que validen el cambio operado en el gobierno. Por mucho que se invoquen los principios de la democracia parlamentaria, el sistema español ha desarrollado ‒como tantos otros‒ rasgos presidencialistas. De ahí que la moción no pueda evaluarse únicamente en términos de su ajuste a los procedimientos constitucionales, sino también a la luz de la finalidad de esa singular figura del parlamentarismo racionalizado que es la moción de censura constructiva. Y vaya por delante que eso no excluye que esta última pueda ser empleada instrumentalmente, como hicieron González (con éxito) y Hernández Mancha (sin él). De lo que se trata con la moción es de instaurar un gobierno alternativo, como sucedió en Alemania en 1982, sustituyéndose una coalición formal por otra; pese a lo cual, como se ha dicho, el país celebró prontas elecciones.

En nuestro caso, el problema viene dado ya desde el origen por el hecho de que ninguna coalición formal de gobierno haya gobernado aún en nuestro país, hecho en buena medida atribuible a la renuencia de los partidos-bisagra nacionalistas, que con cada vez mayor desparpajo se desentienden de la gobernabilidad de España influyendo simultáneamente en ella. A veces, como en esta última ocasión, de forma decisiva: cambiando un gobierno por otro tras haber apoyado (en el caso del PNV) los presupuestos generales una semana antes. Pasquino no da ninguna razón por la cual la oposición no deba sustituir al gobierno, pero el hecho de que la moción de censura sea «constructiva» da una pista: el sistema requiere de una estabilidad que sólo una mayoría alternativa puede proporcionar. Es evidente que Sánchez solo ha articulado una coalición de rechazo a Rajoy, como ha señalado, entre muchos otros, Santos Juliá, sin disponer de tal mayoría alternativa: a un gobierno que podía contar con 170 diputados (PP y Ciudadanos tras su acuerdo de legislatura) y mayoría absoluta en el Senado le sustituye otro que goza de 84 diputados y un Senado donde la mayoría absoluta la conserva el partido al que ha desalojado del gobierno. Ciertamente, el escrúpulo de los liberales alemanes, que habían anunciado a sus electores con quién gobernarían, no es aplicable en nuestro caso: nadie dijo con quién pactaría o dejaría de pactar antes de ir a elecciones. Y no parece que las afirmaciones recientes de distintos dirigentes del PSOE, Pedro Sánchez incluido, en el sentido de que con los partidos independentistas no podría siquiera hacerse una moción de censura, cuenten como compromiso preelectoral. Sin embargo, la trascendencia del cambio operado en el gobierno parecería aconsejar la convocatoria de elecciones, dada la precariedad parlamentaria del gobierno entrante. De otro modo, no se ve claro cómo podría juzgarse «constructiva» la moción triunfante, si tenemos en cuenta que la han apoyado partidos que mantienen un contencioso con el Estado de carácter existencial. No hay, así, en la moción problema formal alguno, pero, si tomamos como referencia el escrúpulo de los liberales alemanes, no estaría de más que los votantes pudieran refrendar este súbito cambio de orientación. Todo indica que, si esas elecciones no se celebran, es debido a las malas expectativas electorales del partido que ya gobierna.

Quienes celebran el cambio de gobierno, en fin, encontrarán sin dificultad argumentos de peso en favor del mantenimiento de la nueva situación: desde la emergencia moral creada por la sentencia del caso Gürtel a la literalidad de los procedimientos parlamentarios. No se trata de discutirlos, sino sólo de señalar de qué modo el acceso al gobierno por esta vía contradice algunos de los postulados de la «buena oposición» formulados por Gianfranco Pasquino. Entre ellos, como vimos más arriba, la inconveniencia de que la oposición se despliegue como sumatorio de insatisfacciones sociales o extraiga su única razón de ser del rechazo a quien gobierna. Es verdad que el caso español expresa igualmente el efecto de cambios sociológicos de amplio espectro con influencia sobre el funcionamiento de las democracias: la mayor fragmentación partidista, que dificulta sobremanera la formación de gobiernos allí donde no existe una cultura consensual o de coalición; la digitalización de la conversación pública, que refuerza la polarización ideológica y alienta las pasiones adversativas de los electores; o el impacto psicopolítico de la Gran Recesión, que ha alentado las actitudes antisistema, con su correspondiente traducción en los sistemas de partidos. Y ello sin entrar a considerar las especificidades de las distintas culturas políticas nacionales.

No hay espacio aquí para seguir ahondando en la delicadísima relación entre democracia, gobierno y oposición. Delicadísima, porque su centro es paradójico: la oposición debe oponerse al gobierno, aunque el gobierno lo haga bien, del mismo modo que ningún gobierno, por mal que lo haga, cederá su lugar a la oposición. Se derivan de aquí unas necesidades escénicas que, en la era de la campaña electoral permanente, convertida la política en una rama del entretenimiento gracias al smartphone, plantea no pocos problemas de orden sistémico. Sobre todo allí donde, como sucede cada vez con mayor frecuencia, no existen mayorías parlamentarias absolutas ni demasiados incentivos ‒remember Nick Clegg‒ para forjar coaliciones de gobierno. En este contexto, sin embargo, hay un criterio de análisis que se mantiene estable, al margen de las modas y los cambios sociales, en el que Pasquino, quizá debido a su vocación constructiva, no pone demasiado énfasis. Y es que, si bien la oposición es una función democrática indispensable, su actor es siempre un partido (o varios). Lo cual no puede dejar de tener consecuencias si tenemos presente que, por muchas funciones que puedan predicarse de los partidos, cualquier partido quiere, ante todo, dos cosas: sobrevivir y alcanzar el poder. Entre otras cosas, porque si no ostenta el poder no podrá jamás realizar su programa ni proveer de recursos a sus miembros. De donde se deduce que hacer oposición no será jamás un fin en sí mismo, sino un medio para lograr esos otros fines: si aplicamos la lógica maquiaveliana, será «buena» la oposición que lleve a un partido al poder y «mala» la que fracase en el intento, con independencia de los efectos que ello pueda tener para el sistema democrático en su conjunto. Sin introducir esta dosis de realismo, ningún análisis será capaz de dar cuenta del modo en que la oposición ‒al margen de las prescripciones normativas que indican el modo en que «debería» comportarse‒ se desenvuelve en la práctica. Y ese rasgo «egoísta» de la oposición no es ni bueno ni malo, sino inevitable: un rasgo consustancial a las democracias.




Rafael Hernando, exportavoz parlamentario del PP en el Congreso



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miércoles, 1 de noviembre de 2017

[A vuelapluma] Las tres vidas del socialismo español





El PSOE tiene tantos motivos para celebrar un pasado rico en experiencias como para sentir desasosiego por encontrar un rumbo claro. Es dudoso que el equipo dirigente actual pueda aclarar qué quieren decir cuando dicen “somos la izquierda”, comenta en El País el historiador y sociólogo Santos Juliá, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, y autor de numerosos trabajos sobre historia política y social de España durante el siglo XX, así como de historiografía.

Llegaron al poder, hoy hace 35 años, comienza diciendo, cabalgando sobre las expectativas levantadas por la convicción de que todo, a partir de ese momento, iba a cambiar. Comenzaron ellos mismos, o mejor, culminaron el cambio iniciado desde el congreso extraordinario de 1979, cuando Felipe González llegó a la conclusión de que había sido un error para el PSOE haberse declarado marxista. En el socialismo francés, Michel Rocard reconocerá lo mismo cuando escriba que, en 1981, la cuestión principal era de qué modo romper con el capitalismo y que, dos años después, de lo que todo el mundo hablaba era de modernización. La experiencia francesa fue clave para todo el socialismo del sur, que de anticapitalista se convirtió en modernizador.

En España, con la memoria aun fresca del intento de golpe de Estado, con ETA en la cima del terror y en medio de una crisis general de los partidos políticos, el discurso de transición al socialismo, de sociedad sin clases y de nacionalización de la banca y de las industrias estratégicas, fue desplazado por el de consolidación de la democracia, vertebración de España, ajuste económico, incorporación a Europa. Tuvieron éxito y diez años después de su llegada al poder, en 1992, pudieron contar la reciente historia como un logro en todos los sentidos, mostrándola al mundo en los fastos de Sevilla y Barcelona. España funcionaba.

Presumieron además de ser los portadores de una nueva ética política, de un proyecto de regeneración moral del Estado y de la sociedad. Y aquí fue donde perdieron la batalla, porque al cabo de una década en el poder, los escándalos de corrupción derivados de la financiación irregular y de las redes clientelares crecidas al calor de la fuerte expansión económica, escindieron al partido desde la cima a la base: González, personificación del Gobierno, dimitió como secretario general y arrastró con su marcha a Guerra, personificación del Partido. La frustrada candidatura de Josep Borrell a la presidencia del Gobierno y su sustitución por el perdedor de aquellas primarias, Joaquín Almunia, culminó, como era previsible, en el peor resultado de la reciente historia socialista, favoreciendo así, con la huida del voto joven y urbano, el primer triunfo por mayoría absoluta del Partido Popular.

La doble derrota de Borrell, ante el aparato de su partido, y de Almunia, ante los electores, abrió en el PSOE una brecha generacional, con la formación de Nueva Vía, un grupo de cuadros que llevó en volandas a José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general en junio de 2000. Todo era nuevo en el primer programa elaborado por este grupo generacional: los tiempos, la política, los retos, las respuestas, los derechos, las ciudades, los municipios. Nada de extraño que procedieran al ritual de la muerte del padre proclamando bien alto que se sentían libres de ataduras con el pasado y disolvieran la identidad socialdemócrata de sus mayores en la nueva gramática con que expresaron sus ideas políticas, el republicanismo cívico, capaz de atraer al electorado perdido.

Lo atrajeron, rebasando de nuevo la cota del 40%, como en los mejores tiempos de la socialdemocracia europea. Y como la economía, y España entera, iban bien, el foco comenzó a proyectarse, y las leyes a sucederse, sobre cuestiones relacionadas con los derechos y la cultura: la mujer, los homosexuales, las personas dependientes, los discapacitados, el divorcio, los plazos para el aborto, la memoria histórica, la violencia de género y tantas otras. Éramos ricos y crecíamos a tasas superiores a la media europea, con un sistema financiero envidiado por su solidez en Berlín y en Washington, con una economía asentada en firmes cimientos, solo nos quedaba dar un paso más para superar a la vieja Alemania.

En el marco de este republicanismo cívico habría de encontrar también su respuesta definitiva la cuestión territorial, con las clases políticas de las comunidades autónomas, ya consolidadas, transformando en los estatutos de nueva planta las nacionalidades en naciones y las regiones en nacionalidades o comunidades nacionales. Al cabo, nación era un término tan polisémico que nadie podía concretar qué diferencia existía entre ella y nacionalidad: todo cabía en la España Plural, un sintagma del que se esperaban maravillas tanto en Madrid como en Barcelona, un talismán que transmutaría las comunidades autónomas en naciones sin tocar la Constitución.

Y en esas estábamos cuando, súbitamente, se acabó la fiesta. En un reportaje que sonó como una enmienda a la totalidad, The Economist reprochaba al presidente del Gobierno haber despilfarrado su primera legislatura en guerras culturales contra la derecha olvidando acometer la reformas de fondo por miedo a que los sindicatos se le echaran encima. Y lo que se echó encima fue la gran recesión que dejó literalmente mudo al Gobierno: si en enero de 2010 Zapatero anunciaba que ese sería el año de la recuperación, en mayo no supo qué decir después de la noche triste en las que se vio obligado a someterse al dictado de la famosa troika, reconociendo en la práctica que carecía de una política socialdemócrata para salir de la crisis. Ya no volvería a levantar cabeza.

El recurso al político mejor dotado de la vieja guardia, un superviviente cargado de méritos entre los que sobresalía su papel en la derrota de ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba, profundizó la amenazante catástrofe electoral, con la pérdida, en noviembre de 2011 de 4,3 millones de votos, la peor de la reciente historia. Agonizaba así la segunda vida del PSOE, sin que apareciera en el horizonte nadie capaz de insuflar al paciente la energía necesaria para no seguir cediendo terreno en un campo que, mientras tanto, había experimentado un cambio radical, con la eclosión de dos nuevos fenómenos políticos: la transformación del catalanismo conservador en soberanismo independentista y la irrupción de dos nuevos partidos que mordían en el espacio electoral del PSOE tanto por la izquierda como por la derecha.

Desde entonces, todo ha sido como un quiero y no puedo recuperar el terreno perdido. Quemados los programas modernizador y republicano-cívico, y finiquitado el sistema de partidos en el que siempre ocupó el PSOE un espacio bien definido, el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, ha identificado, en su segunda navegación, socialismo con izquierda, pero es algo más que dudoso que el actual equipo dirigente esté en condiciones de aclarar qué quieren decir cuando dicen “somos la izquierda” sin utilizar palabras vacías de sentido. En todo caso, a los 35 años de su llegada al Gobierno, el PSOE tiene tantos motivos para celebrar un pasado rico en experiencias y realizaciones políticas, pero también en frustraciones y derrotas, como para sentir cierto desasosiego por encontrar un rumbo claro y una unidad de propósito en estos tiempos turbulentos, cuando el Estado que tanto debe a sus años de gobierno y oposición sufre el doble asalto de una “voluntad colectiva nacional-popular” (que diría Gramsci) desde el interior de sus propias instituciones.




Dibujo de Eduardo Estrada para El País



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miércoles, 16 de agosto de 2017

[A vuelapluma] ¿España federal o plurinacional?





Entre las resoluciones aprobadas por el PSOE en su último Congreso figura la defensa del carácter “plurinacional” del Estado y la propuesta de modificar la Constitución para incluir esa fórmula en el artículo 2 en el marco de una reforma en clave federal, pero la plurinacionalidad puede desembocar en el caos; no está en las constituciones europeas y es un concepto extraño a la democracia occidental. Pedro Sánchez y el PSOE deberían aclarar si pretenden una España federal o una España plurinacional, defiende Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Los partidarios de la opción plurinacional, comienza diciendo, se basan en la distinción entre dos conceptos de nación (cultural y político). La nación política es soberana mientras que las naciones culturales no lo son. Junto a la única nación política existente —dotada de soberanía— que es España, habría que reconocer la existencia de un número indeterminado de naciones culturales. Para defender esta interpretación del Estado Constitucional vigente no hace falta ninguna reforma. El actual artículo 2 ya menciona junto a la “indisoluble unidad de la nación española”, titular de la soberanía indivisible, la existencia de “nacionalidades y regiones” a las que se les reconoce el derecho a la autonomía política. La introducción del concepto de “nacionalidades” en el artículo segundo de la Constitución supuso ya reconocer la existencia de “naciones culturales”.

Nación cultural es el significado que hay que dar al término “nacionalidad” del artículo 2. Inicialmente no eran muchas, pero el jardín de las naciones ha ido floreciendo. Aragón, por ejemplo, al constituirse en comunidad autónoma no se consideró nacionalidad sino región, pero con el tiempo, a los dirigentes políticos de la comunidad, región les supo a poco y optaron por convertir la región en nacionalidad. Lo mismo hicieron otras. Según el artículo 2, España ya es una nación política que reconoce la autonomía de las naciones culturales (nacionalidades). Si esto es lo que defiende el PSOE, no se comprende que reclame una reforma del artículo 2. La reforma que se propone tiene otro significado y alcance.

Aunque la Constitución reconozca la existencia de una serie de naciones culturales, España no es un “Estado plurinacional”. Y no puede serlo porque como Estado democrático es un Estado de ciudadanos y no de naciones. La fórmula propuesta por el PSOE para contentar a las fuerzas nacionalistas supone considerar a las naciones como elementos constitutivos del Estado. En esto consiste el verdadero alcance del término “Estado plurinacional”. La existencia de naciones culturales ya está reconocida por la Constitución, lo que no lo está es la consideración de las mismas como elementos constitutivos del Estado.

Esta es la contradicción intrínseca de la propuesta. Cuando sus promotores subrayan que defienden la concepción de España como una única nación política, parecen olvidar el significado ideológico de la nación política. La nación política no es solo la nación soberana, sino sobre todo la “nación cívica”, es decir, compuesta por ciudadanos libres e iguales en derechos. Esa nación cívica —el presupuesto del Estado constitucional— es incompatible con cualquier definición del Estado como plurinacional. El Estado constitucional está integrado por ciudadanos (iguales) y no por naciones (diversas). No es la soberanía, sino la libertad y la igualdad lo que está en juego. La defensa del “plurinacionalismo” supone sacar del desván de la historia uno de los artilugios del pensamiento reaccionario: la noción romántica de nación, definida por elementos culturales y sentimentales, que ha sido siempre combatida por la izquierda consecuente preocupada por la igualdad y por construir Estados (más que naciones) de ciudadanos libres.

El Estado federal es incompatible con la lógica de la plurinacionalidad. Está basado en la igualdad sustancial de los entes que lo componen mientras que el Estado plurinacional presupone la desigualdad. La definición constitucional del Estado como plurinacional obligaría a precisar el número de naciones que lo integran. Hoy esto no es necesario porque, al no ser las nacionalidades (y regiones) elementos constitutivos del Estado, su número puede variar sin consecuencias prácticas. Y exigiría determinar que consecuencias jurídicas se derivan para los ciudadanos de una entidad territorial que esta sea calificada como nación. Si suponen algún tipo de ventaja, los ciudadanos de Cartagena podrían también querer definirse como “nación”. Y los de León, y los de La Gomera, etcétera.

La fórmula “plurinacional” puede desembocar fácilmente en el caos y no aparece en ninguna Constitución democrática de Europa, concluye diciendo el profesor Tajadura. Solo la recogen las de Bolivia y Ecuador. El PSOE debe aclarar si su modelo territorial es Alemania (como paradigma del federalismo) o Bolivia.





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