La decisión de la justicia argentina de pedir el procesamiento de varios policías españoles por crímenes contra la humanidad durante el régimen franquista reabre heridas que la maltrecha y menospreciada Ley de la Memoria Histórica pretendió cerrar, como se ve, en vano. No era una ley perfecta, ¿cuál lo es?; muy probablemente pecó de voluntarista en algunos aspectos menores, pero era la expresión de una voluntad popular que ha sido ninguneada por el gobierno del PP sin el menor sonrojo. Si no le gustaba, tenía que haberla modificado o abrogado, no ignorarla.
Hace cinco años justos, en una comida de despedida a unos compañeros de trabajo que acababan de jubilarse, me reprochaba con cariño uno de ellos el reiterado uso de los latines en mis digresiones y comentarios en el blog. Desde luego, no es por pedantería, pues adelanto que mis conocimientos de latín son absolutamente rudimentarios y básicos, de bachillerato de ciencias, pero si presumo de interés por el mundo del derecho, y éste, es creación original y genial de Roma, y hay veces en que al citar las fuentes precisas de una máxima jurídica se hace necesario recurrir al idioma en que fue escrita.
Por cierto, que desatino más grande considerar al latín como "lengua muerta" y haberlo relegado al olvido, cuando no al ostracismo más absoluto, en los estudios universitarios... ¿Sabían ustedes que hasta el siglo XVIII cualquier obra científica se escribía en latín? ¿O que en latín transcurren y se realizan hoy en día los actos académicos solemnes de las universidades más prestigiosas del mundo: Oxford, Cambridge, Princeton, Harvard, Yale..? Me estoy yendo por los "cerros de Úbeda", mil perdones, y vuelvo al argumento que me trae hoy hasta aquí...
"Iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens". Lo dice el "Digesto", promulgado en Bizancio por el emperador Justiniano en el siglo VI d.C., (Libro I, título I, ley 10), y casi se traduce solo: Justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho.
¿Tienen derecho a que se haga justicia los miles de muertos y desaparecidos -de ambos bandos, pero no seamos ingenuos, infinitamente más de uno que de otro, aunque el "número" no sea siempre ni necesariamente lo más relevante- de la guerra civil? La ley, expresión de la voluntad popular, emanada de las Cortes Generales, y sancionada por el rey, dice que sí. ¿Entonces, a qué tantas reticencias ante la decisión del entonces juez Baltasar Garzón, expulsado de la judicatura por las presiones del partido popular, de conocer los nombres de los desaparecidos "hechos desaparecer" durante la guerra civil?
Resultan esclarecedores los argumentos estrictamente jurídicos que el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, expuso en su día en El País en su artículo "No se puede enterrar el olvido". En todo caso, y como afirma con rotundidad al final de su artículo: "La verdad puede resultar incómoda pero el olvido mata y es un obstáculo insalvable para la salud y la dignidad de una sociedad". Sean felices, por favor, y como decía Sócrates: "Ιωμεν", vámonos. Tamaragua, amigos. HArendt
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