El rey Juan Carlos sanciona la Constitución de 1978
El 10 de octubre pasado el diario El País publicaba un artículo de José Vidal-Beneyto (n. 1929), catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y director del Colegio de Altos Estudios Europeos Miguel Servet de París, activo opositor al franquismo y participante destacado en el llamado "Contubernio de Múnich" (1962) y más tarde en la denominada Junta Democrática, creada en París en 1974 a impulsos del PCE de Santiago Carrillo.
El artículo se titula (pueden leerlo más adelante) "La corrupción y la transición intransitiva". Su lectura me produjo un profundo desasosiego. Desde ese día, he seguido con curiosidad los artículos y comentarios que han ido apareciendo tanto en El País como en otros medios de comunicación por ver si alguien respondía a las críticas que Vidal-Beneyto formulaba a la actual democracia española y a su proceso de transición desde el franquismo, viciada a su juicio, en origen, por una especie de "pecado original" que la convierte hayan sido cualesquiera sus logros, a ella y a sus protagonistas, incluido el rey, en algo "intrínsecamente" perverso. Pero nada, ni un solo comentario al respecto.
Una de los aspectos que más me desconcertó del artículo del profesor Vidal-Beneyto, profundo conocedor de la vida política francesa, y en su primera parte dedicado a analizar con detalle la rampante ola de corrupción que sacude también a la república vecina, es el de que, a la hora de incidir en las causas de la generalizada corrupción política de las democracias europeas actuales, cuando se refiere a la democracia española, la achaca (la corrupción) al proceso seguido durante la denominada "Transición española" desde la muerte del general Franco hasta la aprobación de la Constitución de 1978, haciendo recaer esa responsabilidad. de forma singularizada en la figura de don Juan Carlos, descalificado democráticamente "a limine" por su origen, -son sus palabras-, sean cuales fueren sus condiciones personales y lo acertado de su actuación.
¿El profesor Vidal-Beneyto está diciéndonos que fuera cuál fuera la ejecutoria personal y política anterior o posterior a 1978 de cada uno, todos los españoles que no hubieran sido militantes antifranquistas tienen negado, por su origen, la posibilidad de acceder a la condición de ciudadanos demócratas? ¿Es eso lo que ha querido decir?.., La verdad es que no lo tengo muy claro. En todo caso, sabiendo que el profesor Vidal-Beneyto no es precisamente de filiación demócrata-cristiana, me extraña ese explícito recurso suyo a un "pecado original" de la democracia española que la inhabilita de por vida sin posibilidad de redención.
Opté, después de comentar el artículo con algunos amigos, por olvidarme del asunto y aplazar "sine díe" cualquier comentario sobre el mismo en el Blog. Hasta el jueves, 12 de noviembre, que veo publicado en El País, un artículo del también profesor Gregorio Peces-Barba (n. 1938), catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid (de la que fue rector), miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, uno de los redactores de la Constitución de 1978 y presidente del Congreso de los Diputados entre 1982 y 1986. Pueden leerlo también más adelante: se titula "La razón en la política".
No hay en el artículo del profesor Peces-Barba ni una sola mención o referencia al del profesor Vidal-Beneyto, y es muy posible que nada tenga que ver con él, pero, en los primeros párrafos del mismo puede leerse una enérgica y fundamentada crítica de aquellos que descalifican "la Constitución de 1978 [...] personas, con más ambición que presencia real en aquellos tiempos, o que llegaron después sentando cátedra desde sus orígenes norteamericanos de legitimidad". O que "estaban, al final del franquismo, cuando todas las ayudas eran pocas, atrincherados en un temor que les paralizaba, poco coherente con levantar hoy la voz como profetas de la libertad y la igualdad, dando lecciones a todos y especialmente a quienes con gran esfuerzo y sacrificio hicimos la Transición y la Constitución". "Es manifiestamente injusto -añade-, sostener que en realidad fortalecimos al franquismo, con desdén, desprecio y falsedad como dicen esos "apóstoles" de una "verdadera transición". Tienen una visión paranoica, inventada y poco creíble de estos años, sufriendo por un protagonismo que no tuvieron, que se confunde con un negacionismo y un catastrofismo que niega la realidad".
Vaya por quién vaya la andanada, me siento reconfortado y reafirmado en mi criterio de que nadie está calificado en España para otorgar patente de "demócrata" a otro ciudadano, sea cual sea su origen u ideología. La condición de democrata se gana por la ejecutoria de cada cuál, no por su origen, y menos aún por la losa de un "pecado" o una "culpa" preexistente. Espero que les resulten interesantes. Y sean felices, por favor. Tamaragua,amigos. (HArendt)
El profesor José Vidal-Beneyto
"LA CORRUPCIÓN Y LA TRANSICIÓN INTRANSITIVA", por José Vidal-Beneyto
EL PAÍS - Opinión - 10-10-2009
La mitificación política del todopoderoso dinero y el disfrute del lujo en las posiciones más altas han pervertido la democracia en Francia y España. Aquí también ha influido el modo de acceso a la democracia.
El yo, ese monstruo preferible a todo" al que apostaban como emblema de la contemporaneidad, dos personalidades tan distintas y eminentes como Gide y Malraux, era una apuesta que, fueran cuales fuesen las condiciones que la acompañaban, confirmaba el imperialismo del yo en la escena de su tiempo, y culminaba el proceso de afirmación del individuo en la estructura ideológica de aquel panorama político. Lo que se tradujo en una dominación casi sin límites del individualismo, que señoreó el mundo contemporáneo, con sus
contrapartidas negativas, que las tuvo e importantes, pero a cuyo ímpetu creador debemos las grandes conquistas de la modernidad y las principales realizaciones del mundo actual. Avances que, en buena medida, hay que apuntarle políticamente a la causa del primer liberalismo, con la exaltación de la libertad que éste propició y que tan en consonancia estaba con el culto del ego que su doctrina alentaba. Pero al adentrarnos en el siglo XX se invirtió el paradigma. Intelectualmente nos situó en el firmamento de la irracionalidad con doctrinas y modas que celebraban en permanencia lo común indiferenciable, lo disparatado, lo colectivo, lo inverosímil; y que política-ideológicamente liquidaban al individuo y enterraban la
libertad, emparedándola entre el colectivismo despiadado de los comunismos y el totalitarismo opresor del nazi fascismo.
Esta inversión de principios y valores, que tan sustancialmente modificó nuestro universo ideológico, se produjo en una comunidad, la nuestra, desmoralizada y átona, sin pulso ético y -deporte aparte- con casi nulos impulsos colectivos, entregada a las solas actividades de comprar y vender, que son las propias de la condición mercantil en que nos ha confinado hoy nuestra función más mostrenca y eminente: la de mercado. Función que ha transformado nuestra vida colectiva en un paisaje frágil y tedioso, en el que lo público y lo privado parecen jugar al escondite, después de haber perdido un notable porcentaje de los rasgos diferenciales de sus identidades contrastadas y después de haber dejado atrás todas las consideraciones ancladas en la moral y el bien común, y de haber consagrado como únicos objetivos el negocio y el beneficio.
Es decir, después de haber abierto de par en par las puertas a la corrupción y de haberse abrazado al estragamiento de principios y prácticas. Que alcanzó primero a los actores económicos en su totalidad y luego, en una especie de ósmosis imparable se extendió al
conjunto de la sociedad civil y en particular a los políticos.
Dejando de lado el caso español, de cuyos corruptores y corrompidos este diario da abundante noticia, voy a centrarme en Francia, el segundo país, según las estadísticas, más corrupto de Europa, cuya peripecia política sigo muy de cerca. Comenzando por el dato más significativo, que a mi juicio es el aumento del número de personas condenadas por corrupción en el ejercicio de una función pública que fue de 69 en 1984, de 133 tres años después y que 10 años más tarde duplicó el número llegando a 286. A este respecto es importante señalar que los miembros de la sociedad civil condenados, empresarios sobre todo, son mucho más numerosos que los políticos y los altos funcionarios cobijados tras la opacidad de los fondos públicos y protegidos por las inmunidades parlamentarias. Conviene subrayar que las condenas recaen tanto a la derecha como a la izquierda y afectan tanto a políticos de base como a líderes y a personalidades muy celebradas. Anotemos los nombres de François Leotard, Alain Juppé, Robert Pandraud, Roland Dumas, Dominique Strauss-Kahn, Michel Mouillot, Michel Noir, Jean Tiberi, Alain Carignon, Bernard Tapie, Robert Hue y un muy largo y notable etcétera. Con la particularidad de que lo más sorprendente de esta naturalización invasora de la corrupción es que hoy sus más acérrimos defensores no son sus beneficiarios directos, sino todos aquellos que deberían combatirla y que la consideran, al contrario, como un componente fundamental y necesario para el buen funcionamiento de las sociedades actuales.
Esta increíble perversión es consecuencia de una estructura causal cuyos dos ejes centrales son: la mitificación política del dinero que todo lo puede, lo que lo constituye en el verdadero poder; y el lujo, el goce, el disfrute, acompañantes obligados de las posiciones culminantes, tanto en la esfera social como en la política. Quien en las alturas no nada en la abundancia de lo más exquisito no sólo se desconsidera frente a los demás, sino que se degrada a sus
propios ojos.
Esto es lo que nos explica que en este punto no haya habido diferencia entre Chirac y Mitterrand, ni siquiera entre el mito que fue De Gaulle y el ejecutor de habilidades que representaba Giscard d'Estaing. Era inevitable que la tan amplia generalización y el definitivo asentamiento de las prácticas corruptas generase modos comprobados de su ejercicio. A esto responde la aparición en los países del Sur de Europa de comportamientos cada vez más
declaradamente mafiosos, que han alcanzado carta de naturaleza casi pública.
La corrupción en nuestro país, a causa de las condiciones especiales de nuestro acceso a la democracia ha tenido una andadura muy particular, que algunos hemos calificado como transición intransitiva. En mi libro "Memoria democrática" (Foca, Madrid, 2007, 429 págs.) doy cuenta, conjuntamente con otros 26 compañeros analistas, de la entrada de España en democracia. O más precisamente, relatamos sine ira et studio, la transformación democrática del régimen franquista, que consistió en la metamorfosis del llamado Movimiento Nacional, hábil travestimento del falangismo operado bajo la inspiración directa del General Franco, en monarquía parlamentaria. Delicado desplazamiento cuyo gozne esencial fue Juan Carlos de Borbón, y a su través la confirmación del unánime imperio social del franquismo, que además ha venido acompañado de la falsificación de los grandes referentes del periodo, que no fueron la ruptura ni siquiera la reforma, que no existieron, sino la simple autotransformación del régimen impuesto, en el marco de la dictadura, por quienes tenían el poder y la legitimación para hacerlo.
La indignación de los que en aquellos iniciales años 70, desde el radical hermetismo de nuestra opción por la ruptura, descalificábamos a quienes nos anunciaban como inevitable una transición circular, es decir "más de lo mismo", fue puro voluntarismo, cuya principal consecuencia consistió en la perversa desmovilización del antifranquismo predemocrático y de sus aledaños. Por eso, en vez de desalentar a personalidades en proceso más o menos avanzado de conversión a la democracia cuyas propuestas (como las de Herrero de Miñón -El principio monárquico, 1972-; Jorge de Esteban -Desarrollo político y constitución española, 1973-; José Mª de Areilza -Diario de un ministro de la monarquía, 1977-; Rodolfo Martín Villa y un largo etcétera) podían servir para reforzar el proceso de alejamiento del franquismo de la parte más abierta de la sociedad española, contribuimos con nuestro radicalismo a problematizarlos, y con ellos a todo el amplio espectro de la derecha social del que eran de alguna manera portavoces.
Ahora bien, el papel desempeñado en todo este proceso por el actual Jefe del Estado español, y por ende, su responsabilidad, fueron determinantes. No se trata de emitir un juicio negativo sobre su actuación como Jefe del Estado y el propósito de esta reflexión no es el de pronunciar una descalificación por el ejercicio de su función sino el de proceder a una impugnación de su origen que lo ilegitima, que lo descalifica democráticamente a limine, sean cuales fueren sus condiciones personales y lo acertado de su actuación. Esa mancha original ha contribuido poderosamente, a nivel difuso y preconsciente, a la desmoralización política de la ciudadanía española, pues se trata de un ejemplo permanente que nos ha venido de lo más alto y cuya vigencia no ha menguado. De predilecto del dictador a número uno de la democracia. ¿Quién da más como perversión simbólico-política?
El profesor Gregorio Peces-Barba
"LA RAZÓN EN LA POLÍTICA", por Gregorio Peces-Barba
EL PAÍS - Opinión - 12-11-2009
Después del impresentable irracionalismo político del franquismo, la política en España recuperó un tono y una impronta mucho más racionales y razonables. La Constitución de 1978 fue la culminación de esa racionalidad y no deben ser consideradas algunas descalificaciones radicales de aquel esfuerzo ingente de personas, con más ambición que presencia real en aquellos tiempos, o que llegaron después sentando cátedra desde sus orígenes norteamericanos de legitimidad. Incluso algunos que descalifican a la Transición, estaban, al final del franquismo, cuando todas las ayudas eran pocas, atrincherados en un temor que les paralizaba, poco coherente con levantar hoy la voz como profetas de la libertad y la igualdad, dando lecciones a todos y especialmente a quienes con gran esfuerzo y sacrificio hicimos la Transición y la Constitución.
Creo que hicimos casi todo, devolviendo la racionalidad a la vida pública y que es manifiestamente injusto sostener que en realidad fortalecimos al franquismo, con desdén, desprecio y falsedad como dicen esos "apóstoles" de una "verdadera transición". Tienen una visión paranoica, inventada y poco creíble de estos años, sufriendo por un protagonismo que no tuvieron, que se confunde con un negacionismo y un catastrofismo que niega la realidad.
Creo que no tienen futuro, y que no serán nada en la cultura política y jurídica democrática. Sólo nos quedó algo sin hacer: el reconocimiento a todos los republicanos muertos, encarcelados, o exiliados, sin haber cometido ningún hecho delictivo, sólo castigados por sus ideas. Entonces era imposible, se puso el contador a cero y esa decisión generó injusticia y trato desigual. Los que sufrieron persecución injusta en el bando franquista fueron compensados con largueza después de la guerra, cubriendo con la razón de aquellos castigos, otros injustos, sin fundamento penal contra leales servidores de la República. Sin embargo, esta desigualdad, este desequilibrio de justicia no se ha superado y ahora, la reparación cuenta con un paso del tiempo que hace imposible, por ejemplo, la sanción penal. Es verdad que la Ley de Memoria Histórica llega tarde, porque no aprovechamos en ese ámbito la gran victoria de 1982. Se ha esperado más de 20 años, seguro que por una prudencia exagerada de los Gobiernos socialistas. Pero no puede este retraso ser motivo para no hacer nada. Hay que hacer, sin dudar, todo lo que es todavía posible: anular las condenas del franquismo, basadas en leyes aplicadas retroactivamente por tribunales ilegales, enterrar dignamente a los muertos, aún sepultados por cunetas, caminos y parajes de todo tipo, y devolver la dignidad moral a todos aquellos perseguidos sólo por sus ideas y por ser enemigos sustanciales del franquismo. También hay que reconocer a este Gobierno su impulso al tener y reclamar su protagonismo para reparar en lo posible el silencio y al olvido que ha acompañado a los perdedores de la Guerra Civil, aunque tenían la razón pero no la fuerza, como sostuvo con valor Miguel de Unamuno.
La recuperación de la razón que nos trajo la democracia y la Constitución, al cabo de 30 años, debe ser mantenida por las instituciones, por los partidos políticos y por la sociedad civil. Es verdad que han sido los años de convivencia, libre y democrática más largos y más fructíferos de nuestra historia, pero no son años exentos de peligros y de enemigos. El terrorismo y la corrupción son quizás los más vivos y los más destructivos para el sistema. Creo que con el terrorismo se han profundizado los remedios, y tras los intentos de todos los Gobiernos de buscar pacificaciones que trajeron paz y abandono de armas, existe un consensus omnium, un consenso de todos, para atajar sin respiro a esos grupos de asesinos, con la firmeza y la contundencia de la Ley y del Estado de derecho.
La corrupción ha dado, en los últimos tiempos, signos de fortaleza y de desarrollo preocupantes y que no auguran nada bueno. La acción conjunta de instituciones y poderes públicos, de partidos políticos y de ciudadanos tiene que actuar en diversos escenarios, desde una unidad de acción en la que no caben aprovechamientos de acciones producidas desde los adversarios políticos, ni mucho menos cerrar los ojos ante las corruptelas propias, o usar el "tú más" para disculparse. Las medidas imprescindibles, solidarias y totales podrían ser las siguientes:
a) Expulsión inmediata de los corruptos o presuntos corruptos de las instituciones que han utilizado para sus fechorías. Tolerancia cero y condena, de los propios y de los adversarios.
b) Pacto de no utilización de los hechos de corrupción para desviar la composición política de la institución concernida, modificándola con personas decentes y honradas.
c) Modificación de toda legislación que facilite la corrupción en el campo del urbanismo y de la vivienda y en cualquier otro que permita zonas de arbitrio, demasiado abiertas para manipulaciones, en municipios, comunidades autónomas, o poderes públicos estatales.
d) Establecimiento de órganos de control eficaces para controlar a los núcleos de decisión a todos los niveles.
e) Prohibición de aplicaciones presupuestarias sin control de organismos externos a los competentes directos de la autorización de pagos.
f) Transparencia total de todas las unidades de gasto, y disposición pública de todos sus gastos.
Estas medidas y otras que se establezcan con las mismas formalidades deben contar con el apoyo y la vigilancia de la policía y de los jueces. Debe variar la mentalidad de muchos miembros de la autoridad judicial que tratan con excesiva blandura a estos delincuentes económicos de altos vuelos que no deben contar con ningún privilegio y que si lo defraudado es importante deben permanecer normalmente en situación de prisión provisional. Deben ser observados con desconfianza aquellos jueces que no demuestren excesivo rigor en este tipo de delitos. Una política de apoyos mutuos debe acompañar a este gran pacto contra la corrupción, sin subterfugios ni ventajas sobrevenidas. Es profundamente inmoral esperar que se estrelle el adversario, convirtiéndole en enemigo a destruir. Especialmente el PSOE y el PP deben encabezar ese movimiento de regeneración, sin trucos, sin búsqueda de beneficios espúreos. Sería un ejemplo de racionalidad para la moralización de la política y para la recuperación del prestigio de los políticos, imprescindible para el impulso de patriotismo constitucional y para la propia credibilidad de España como país.
Constitución Española (1978)
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