El Brexit abre una oportunidad para resolver la controversia histórica sobre el Peñón para convertirlo en eje del futuro estratégico de toda la bahía de Algeciras y en símbolo de la amistad hispano-británica, escriben en El País los profesores Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz, e Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.
El vínculo político bilateral entre Madrid y Londres, comienzan diciendo, siempre ha estado muy por debajo de su potencial, considerando la intensa relación interpersonal y económicoempresarial entre España y Reino Unido; quizá la mayor del mundo entre dos países que no son vecinos ni comparten idioma. Pese a los muchos intereses y valores comunes, la relación solo puede calificarse como correcta y, así, Reino Unido es el único de los seis Estados miembros más grandes de la UE con quien España no ha institucionalizado una asociación. La visión tan distinta sobre la integración europea y Gibraltar explican ese perfil bajo. Paradójicamente, tras el Brexit aumentan los incentivos para que la diplomacia británica busque más complicidad con la cuarta potencia del continente. Para ello, es necesario saber gestionar (y, si es posible, resolver) la compleja controversia histórica sobre el Peñón. Un contencioso que, aparte de un fuerte simbolismo en ambos lados, contiene elementos tangibles de gran importancia para los legítimos intereses de Gibraltar, el Campo de Gibraltar, España, Reino Unido y la UE.
Desde 1964 existen constantes pronunciamientos en Naciones Unidas sobre el deber de realizar negociaciones hispano-británicas que lleven a la descolonización de este territorio no autónomo. Y desde los años ochenta se ha venido intentando crear, aunque con serios altibajos, un marco de relación para los asuntos cotidianos. Lo cierto es que nos encontramos desde hace mucho en una situación de bloqueo bilateral y multilateral. En realidad, los aspectos de cooperación transfronteriza y soberanía van tan íntimamente vinculados que cualquier incidente o propuesta en un ámbito puede fácilmente frenar cualquier avance en el otro. Y a ello se une la circunstancia del Brexit y la segura afectación futura del estatuto europeo e internacional de Gibraltar. En esta situación no es de extrañar que la oferta de cosoberanía que hizo España en 2016, que contiene elementos interesantes pero también defectos desde un punto de vista interno, se encontrase con el rechazo frontal de Londres y sobre todo de Gibraltar, que al mismo tiempo busca desesperadamente unas nuevas condiciones de supervivencia económica y jurídica para después de 2019.
Estamos, pues, ante una coyuntura crítica en la que replantear el estatuto de Gibraltar. Y, aunque en los últimos meses se ha escuchado más la posición retórica numantina del ministro principal, Fabian Picardo, no cabe duda de que se ha abierto una ventana de oportunidad para explorar alternativas a las tradicionales. En este sentido, propugnamos la exploración de una nueva avenida imaginativa, que vendría por la recuperación simbólica de la soberanía mediante la fórmula de la ciudad de las dos coronas. Se trata de constituir un territorio internacionalizado pero que permanezca en la UE, que esté completamente conectado a su entorno gaditano y que se beneficie de una relación privilegiada con España (permitiendo su incorporación aunque evitando la absorción) al tiempo que conserva la que ahora tiene con Reino Unido. Varias ideas pueden apuntarse aquí sobre este nuevo modelo.
En primer lugar, la recuperación de la ciudad perdida no tiene por qué implicar su integración en la estructura territorial española; de hecho ya hay territorios del reino de España no integrados como las islas y peñones en la costa africana (Vélez, Alhucemas, Chafarinas). Por tanto, una ciudad podría adscribirse formalmente a la corona y, en este caso, además, hacerlo mediante un tratado que estableciera su nuevo estatuto de vinculación a las coronas española y británica. La experiencia de ciertos microterritorios europeos con estatuto particularizado por razones históricas (casos de las Crown Dependencies británicas de las islas de Man, Jersey y Guernsey; de los enclaves en Suiza de la alemana Büsingen y de la italiana Campione d’Italia, o del Principado de Andorra), demuestra que pueden encontrarse fórmulas satisfactorias. No enarbolar las banderas de España y Reino Unido en los espacios oficiales podría ser una alternativa práctica si el simbolismo es el obstáculo sentimental o real para acordar las reglas de convivencia entre comunidades humanas fronterizas. Sobre todo, si ello permite además mantener ondeando la bandera europea.
En segundo lugar, el ejercicio de funciones soberanas. Si en el caso de las islas y peñones se realiza directamente por el Gobierno, en el caso de Gibraltar estas funciones —que no pueden desempeñarse por la corona— podrían consistir en la coordinación del nuevo estatuto con las autoridades británicas y de la UE. Podría decidirse, por ejemplo, mantener todo el autogobierno actual gibraltareño y crear un completo nuevo estatuto internacional en temas que requieren de urgente coordinación (como navegación, protección del medio ambiente, fiscalidad y actividades financieras) o de necesaria regulación (aduanera, tránsito fronterizo o uso del aeropuerto). Igualmente, habría que acordar entre Madrid y Londres el ejercicio de las responsabilidades en materia de relaciones exteriores y de seguridad y defensa, incluido el uso de las muy importantes bases militares aérea, naval y de inteligencia británicas radicadas en el Peñón.
En tercer lugar, un modelo que resultaría en una especie de principado en el Estrecho permitiría dar una nueva realidad de cooperación transfronteriza y una poderosa dimensión económica al hoy vulnerable Campo de Gibraltar, al quedar vinculado a la ciudad de las dos coronas y su estatuto internacional. Las perspectivas beneficiosas por ejemplo para La Línea de la Concepción, que es ciudad fronteriza única en Europa, serían revolucionarias: terrenos para empresarios de Gibraltar, economías de escala para un área portuaria en la bahía que sería líder de Europa, o un gran espacio de educación superior y cultura bilingüe e internacionalizado.
Hay instrumentos en derecho internacional y en derecho constitucional para afrontar viablemente la creación de un modelo único para el caso único, y que no resulte trasladable a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o a las pretensiones de nuestros nacionalismos independentistas. En definitiva, se trata de explorar una vía imaginativa que permitiría para España cubrir sus objetivos históricos y sus intereses esenciales: reincorporación en el reino de la ciudad perdida y planteamiento para los españoles campogibraltareños de un futuro de convivencia y prosperidad. Gibraltar conseguiría seguir en la UE, superar el molesto estigma de la descolonización, disfrutar de todos los derechos que le otorgase la doble ciudadanía británica y española y multiplicar su potencial de crecimiento. Y, por último, la relación bilateral Madrid-Londres en el post-Brexit no solo arrancaría sin el lastre de una controversia histórica, sino que se reforzaría con un vínculo institucional al máximo nivel.
Dibujo de Raquel Marín para El País
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