Para los europeos continentales, -escribe el economista y politólogo Josep M. Colomer-, la unión de Europa fue un triunfo de la paz, la democracia y las oportunidades económicas. En cambio, para el Reino Unido, la tardía entrada en la Comunidad Europea en 1973 cuando su imperio estaba en disolución y la economía rezagada, “fue una derrota: un destino al que se había resistido, una necesidad aceptada a regañadientes, el último recurso de una antigua gran potencia, nunca un compromiso extático o triunfante con la construcción de Europa”, como analizó el historiador Hugo Young.
Por un lado, el Reino Unido realizó contribuciones sustanciales a la Unión Europea con su fuerza militar, su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU y el G-7, su enfoque liberal de los intercambios de mercado y la provisión del inglés como una lengua franca.
Por otro lado, a medida que la Unión Europea se reforzaba, los sucesivos Gobiernos británicos jugaron al gallina y se resistieron a una mayor integración. Quisieron reducir su contribución financiera a la UE. Quedaron excluidos del acuerdo de Schengen para la libre circulación a través de las fronteras. No adoptaron el euro. Y no aceptaron la prevalencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre la legislación nacional de algunos derechos fundamentales. Cada demanda fue presentada bajo la amenaza de un veto a nuevas decisiones. Y en la mayoría de los asuntos, la UE, sintiendo que tenía mucho que perder, concedió y frenó.
Los desafíos aumentaron con la gran recesión iniciada en 2008. Poco después, llegó una oleada de trabajadores inmigrantes de Europa oriental cuya libertad de movimiento se acababa de implantar. Aumentó la tensión, varias formas de nacionalismo inglés revivieron y resurgió la nostalgia del Imperio.
El guía del trayecto posterior fue el primer ministro David Cameron, a quien el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker calificaría como “uno de los grandes destructores de los tiempos modernos”. Para entonces, la UE estaba más integrada y tenía más que perder con nuevas fórmulas especiales. En sus negociaciones con Bruselas, Cameron pudo confirmar que el Reino Unido permanecería fuera del euro y no estaba comprometido con una mayor unión económica y monetaria o integración política. Pero en el tema principal de la inmigración de Europa oriental, la UE no aceptó eliminar la “libertad de movimiento” de las personas; la única modesta concesión fue un límite temporal para que los trabajadores recién llegados tuvieran acceso a beneficios no contributivos del trabajo. Algunos funcionarios de la UE han calificado las demandas de los negociadores británicos como “pasteleo”, por su deseo de “comer y querer guardar el pastel” de un Brexit que permitiera tanto el acceso continuado al mercado único como el fin de la libre circulación de personas. Los gobernantes de la UE tomaron la firme decisión de evitar que se creara un ejemplo para posibles salidas de otros países, y ya no frenaron.
Las campañas de los secesionistas en el referéndum se centraron en eslóganes como “Recuperar el control”, “Queremos que nos devuelvan nuestro país” y “Cree en Gran Bretaña”, que reflejaban el sueño de regresar a la época imperial. Como complemento, mensajes chovinistas antiinmigrantes y reclamos sin fundamento sobre la contribución financiera británica a la UE.
Mediante el recurso a un referéndum para discernir “la voluntad del pueblo”, los representantes políticos habían tratado de eludir su deber de abordar un tema complicado. Legalmente, el referéndum fue consultivo, no vinculante, como corresponde a la democracia parlamentaria. Pero las clases política y parlante británicas, que navegan a la deriva en un viaje inexplorado, han demostrado un impulso instintivo de cumplir con las “reglas son reglas” incluso cuando tales reglas no existen.
El Gobierno británico podría haber hecho lo mismo que el Ejecutivo griego un año antes: descartar la aplicación del resultado de un referéndum no vinculante para el Grexit y buscar un nuevo acuerdo con la UE. Todo podría haber sido diferente porque en el referéndum del Brexit, la opción de permanecer en la UE obtuvo solo el 48% de los votos, pero inicialmente estaba apoyada por el 75% de los miembros del Parlamento “soberano”, incluido el 54% de los conservadores.
El proceso posterior ha provocado una de las peores crisis políticas y constitucionales del Reino Unido en varios siglos. El resultado de un experimento irresponsable con la democracia directa ha triturado la democracia parlamentaria representativa. Los británicos ya no tienen su imperio y se alejan de los mecanismos multinivel del imperio Europeo que favorecen amplios consensos pluralistas. En su aislamiento, la ineficiencia del restrictivo sistema político británico ha aparecido en escena con todo su esplendor.
En los debates de la Cámara de los Comunes ha habido, de hecho, al menos tres alternativas: Brexit con algún acuerdo con la UE, Brexit sin acuerdo y permanecer. Además, algunas posiciones maximalistas rechazan cualquier acuerdo, por todo lo cual la formación de una mayoría ha resultado inviable. El Gobierno y el Parlamento han perdido el control del proceso. Las protestas en la calle han proliferado.
Para la Unión Europea, el Brexit ha sido una ocasión excepcional para aprender y dar una lección. O ni siquiera un país como el Reino Unido puede irse, o la salida tendrá graves consecuencias y los británicos se estrellarán. La UE ha ganado el juego del gallina; ha sobrevivido sin más salidas, ha aumentado su cohesión y continúa adelante. Según el juego, esta vez son los británicos los que deberían frenar. Pero el sistema político e institucional en crisis ha sido incapaz de producir una decisión y parar. Como en la clásica película que popularizó el peligroso juego del gallina, el Reino Unido puede precipitarse por el despeñadero.
Las consecuencias políticas más perjudiciales se percibirán a largo plazo. El constitucionalista Vernon Bogdanor ha sostenido con contundencia que la entrada en la CE en 1973 “derogó la soberanía del Parlamento”. Otras reformas han ido “creando gradualmente una nueva Constitución, la constitución de un Estado multinacional”. Entre ellas, la devolución a Escocia y Gales, el acuerdo con la República de Irlanda sobre Irlanda del Norte, y el referéndum vinculante sobre la independencia de Escocia que implicaba el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación. Además, la creación de un Tribunal Supremo no basado en la Cámara de los Lores ha introducido la revisión judicial de actos legislativos y ejecutivos. Bogdanor subraya que el sistema político posterior al Brexit será muy diferente del anterior a la entrada en la CE y pronostica como poco probable una restauración de la soberanía del Parlamento. “La soberanía es como la virginidad”, dice. “Una vez perdida, nunca se puede recuperar”. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
