Los hechos: Treinta y dos años después de su aprobación la Constitución española ha sido enmendada por segunda vez en su historia en un plazo récord de doce días. La primera de ellas se realizó en 1992 y modificó el artículo 13 de la Constitución en lo relativo al derecho de sufragio de extranjeros en los procesos electorales españoles.
La proposición de enmienda del artículo 135 de la Constitución, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios popular y socialista, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 26 de agosto. El día 30 el pleno del Congreso de los Diputados acuerda su toma en consideración y su tramitación por el procedimiento de urgencia. Tres días después, el 2 de septiembre, de nuevo el pleno del Congreso , rechaza todas las enmiendas presentadas por los restantes grupos parlamentarios y con el apoyo del PP, PSOE y UPN aprueba la proposición y la remite al Senado. El 6 de septiembre la Comisión Constitucional del Senado discute de nuevo las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, rechazándolas, aprueba la proposición de modificación y la reenvía al pleno de la Cámara Alta. Al día siguiente, 7 de septiembre, el Pleno del Senado la aprueba definitivamente. Ahora, solo resta la sanción real y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
¿A cuento de qué tantas prisas en una disposición cuya efectividad se promueve para el año 2020? No lo sé. No tengo elementos de juicio ni conocimientos suficientes para atreverme a dar una opinión personal fundamentada. En todo caso, resulta novedoso el pleno acuerdo al respecto entre el gobierno y su grupo parlamentario y el principal partido de la oposición, el PP, obviando reformas pendientes de mucho más calado, importancia y urgencia como la reforma del Senado, del titulo VIII de la Constitución, del Tribunal Constitucional o del orden de sucesión en la Corona, entre otras.
La polémica está servida. El 29 de agosto el expresidente del gobierno, Felipe González, la defiende como necesaria en una entrevista en el diario El País y minimiza las consecuencias negativas que otros ven en la proposición de modificación constitucional. Es persona "interesada", se dirá; sí, de acuerdo, pero también es una opinión importante de escuchar. Entre los opositores a la medida, va a destacar el prestigioso periodista Iñaki Gabilondo, que en su videoblog de El País del día 1 de septiembre llega a decir que la "democracia se rinde ante los mercados", criticando durísimamente la reforma.
Sinceramente, no creo que introducir un techo de déficit de las administraciones públicas sea motivo de escándalo, pues todos somos conscientes de la "alegría" con la que esas administraciones manejan los dineros de todos, desde aeropuertos sin aviones hasta "AVES" sin pasajeros....Y más cuando la propia enmienda establece excepciones fundamentadas en su aplicación. La otra cuestión es si las formas en que se ha llevado a cabo la reforma constitucional son las idóneas. Ahí, me pongo del lado de los que critican la urgencia con la que se ha llevado el proceso.
Segunda cuestión: la necesidad de someter la reforma a referéndum. No me gusta la democracia directa; no creo en ella. Si la representativa tiene fallos y disfunciones, la directa, ni te cuento. La democracia es representativa o no es democracia. Sí, vale, los suizos son la excepción, no la regla. Y llevan setecientos años haciéndolo.
La democracia directa está muy bien para comunidades de ámbito local. Podría funcionar en los municipios, por ejemplo, de entre 5000 y 10000 habitantes, en régimen de concejo abierto, pero no más allá. También, por supuesto, para las reformas de calado institucional o la consulta a la nación en asuntos controvertidos en que los órganos representativos se ven incapaces de llegar a un acuerdo o tomar una resolución. No es el caso, desde luego. Una reforma constitucional eminentemente "técnica" como esta del art. 135, en la que está de acuerdo más del 95 por ciento del arco parlamentario, podrá ser tachada de muchas cosas, pero no de antidemocrática. Y un referéndum no va a resolver nada, sino, a mi juicio, complicar la cuestión.
Mucho más inquietante que todo lo anterior, y por supuesto que la cuestión de "referéndum sí, referéndum no", me parece la profundización personal de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos españoles y europeos, en el concepto y el ejercicio de la democracia. Durante bastantes años fui responsable de impartir cursos de formación sindical a los nuevos delegados y representantes del personal en las empresas elegidos en las listas de la organización sindical a la que yo pertenecía. Siempre comenzaba los cursos citándoles dos aforismos, muy conocidos, e invitándoles a que los interiorizaran: "A capar se aprende cortando huevos", y "Nunca llueve a gusto de todos". La democracia se aprende ejerciéndola, pero para ejercerla hay que ajustarse a sus normas. En democracia no hay perdedores definitivos; los que hoy pierden, mañana pueden ganar, pero hay que aceptar que no siempre puede ganarse y que hay que respetar al contrario.
Por último, sobre la cuestión de los "mercados", cuestión en la que confieso mi absoluta ignorancia sobre su funcionamiento, me quedo, entre interrogaciones, con la pregunta que al final de un espléndido artículo en el número de septiembre de Revista de Libros ("La calidad de la democracia española". Revista de Libros, núm. 177), se hace el catedrático de Sociología de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo: "La cuestión clave es como teniendo todos un voto, y siendo los pobres los más, y los ricos una pequeñísima minoría, la voluntad de la mayoría coincida casi siempre con los intereses dominantes del orden establecido, y, cuando excepcionalmente no es así, las instituciones democráticas pronto amenazan con desplomarse".
Piensen en ello, y sean felices, por favor. El vídeo que acompaña la entrada es un extracto, bastante extenso, del debate de la proposición de reforma constitucional en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado día 2 de septiembre. Tamaragua, amigos. HArendt
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