Aunque a estas alturas sé que no tengo obligación alguna de justificar ante nadie mis opiniones políticas, y menos aún cuando no me las han pedido, y que hacerlo, además, puede sentar un precedente problemático para mí, desearía dejar constancia de ellas sobre la dimisión, destitución o defenestración, a gusto del consumidor, del exministro de Industria, Comercio y Turismo (en funciones) del gobierno de España, José Manuel Soria, a consecuencia del afer que ya ha pasado a la historia con el nombre de "Panama Pappers".
Lo primero de todo, que a mí, José Manuel Soria, al que he conocido (y padecido) como alcalde de mi ciudad, Las Palmas de Gran Canaria; como presidente del Cabildo (gobierno) de mi isla, Gran Canaria; y como presidente del Partido Popular de Canarias, algo que no me afecta en lo más mínimo, me parecía antes, durante y después de todo lo ocurrido y sabido, un chulo prepotente, insultón, bastante turbio y mentiroso compulsivo que manejó los asuntos de su ciudad, su isla y su partido como si fueran su finca particular. Pero que ahora que es ya un señor particular, oficialmente sin agarraderas aparentes, y que ha tenido el gesto de dimitir sin esperar a que lo echaran, me merece toda la presunción de inocencia que la Constitución le otorga a él y a todos los ciudadanos, si bien es cierto que eso de la igualdad ante la Ley solo se lo toman al pie de la letra los que tienen recursos para vulnerarla.
Dicho esto, me voy a centrar en comentar tres artículos de opinión sobre el asunto en cuestión que me han llamado poderosamente la atención en el día de hoy. Y comienzo por el más próximo territorialmente hablando, que en el diario El Día de Santa Cruz de Tenerife publica el afamado columnista Francisco Pomares, titulado "Ministro R.I.P.". Dice Pomares en él que Soria hizo lo que hizo -mentir- porque la apuesta era mentir y que le creyeran o contar la verdad y tener que irse. Que no se equivocó al dar las explicaciones, como ha dicho en su comunicado, que lo que hizo fue intentar desviar la atención de los medios, como ha hecho en tantas otras ocasiones, y que esta vez esa apuesta le salió mal, que el viacrucis del exministro no ha concluido, pero que ya lo recorrerá como ciudadano privado y que es hora de dejarlo en paz. Y que el PP tiene la oportunidad de regenerarse en las Islas, atraer a los mejores de entre los muchos que Soria apartó -la lista es interminable- e intentar hacer las cosas de otra forma a partir de ahora. Porque si algo enseña toda esta historia es que el poder -incluso un poder muy grande- no es garantía permanente de nada, que quien más alto sube, más se destroza al caer, y que que nadie es tan sabio como para mantenerse eternamente arriba. En todo lo cual estoy completamente de acuerdo.
El segundo es el editorial del diario El País, titulado "No da para más", mucho más crítico con el Partido Popular y con el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que con el ministro dimitido, destituido o defenestrado. Soria, se dice en él, es el segundo político europeo que presenta su renuncia por el último escándalo de las sociedades offshore, tras la del primer ministro islandés. Soria abandona en unas condiciones penosas para el discurso de regeneración pretendido por su partido, en el tramo final del periodo de formación de Gobierno y a 10 semanas de una probable cita con las urnas. Y, sobre todo, deja en una posición muy comprometida a su jefe político, Mariano Rajoy. Después de desmentir tajantemente cualquier vinculación a paraísos fiscales, el hasta ahora ministro de Industria, Energía y Turismo se encontró ante las pruebas de su participación hasta 2002 en una sociedad registrada en el paraíso fiscal de Jersey. A partir del conocimiento de ese hecho, el Gobierno no tuvo más remedio que retirarle el apoyo. A costa de sacrificar a uno de los ministros reputados como de mayor confianza, Rajoy trata de alzar un cortafuegos para intentar su supervivencia. Es una estrategia que no debería de funcionarle pues si antes de conocerse este caso, añade, estaba ya incapacitado para dirigir el nuevo periodo de reformas que España requiere, ahora, tras saberse que uno de sus más estrechos colaboradores, uno de sus ministros, se amparó en un paraíso fiscal, cualquier idea de que el futuro de este país pase por Rajoy resulta grotesca, si no alarmante.
Pero el que más me ha gustado, por su perspicacia, es el del profesor Xosé Luis Barreiro en La Voz de Galicia, titulado, escuetamente, "Soria", en el que dice que es muy posible que el exministro no haya "mangado" dinero fresco ni evadido impuestos o que haya sido un mal gestor como ministro, sino que no ha entendido que estamos en una cacería de la que solo van a zafarse los zorros más astutos, y que no se puede comparecer así, a pecho descubierto, sin saber cómo te gestionaron tus cuartos, cómo te solicitaron tus firmas, y cómo los gallitos relamidos son, en tiempos como este, las piezas más codiciadas.
De lo que tenemos que hablar, añade el profesor Barreiro, y mucho, es de la corrupción. Y, más aún, de la lucha contra ella. Porque el día de ayer nos confirmó dos cosas -dice- que denuncié mil veces y que ahora se hacen temibles evidencias. La primera, que la lucha contra los corruptos -que los partidos solo trabajan en su versión de arma arrojadiza- se ha hecho corrupta a su vez, y que tanto los denunciantes como los inquisidores -profesionales y aficionados- priorizan los efectos estratégicos que sirven intereses políticos y económicos sobre la justicia y la eficiencia del Estado. Y la segunda, que, si ya era agobiante la influencia de los jueces estrella sobre un sistema de investigación enloquecido y frustrante, tenemos que sumar a esa locura la de los denunciantes más conspicuos -Manos Limpias y Ausbanc-, que también van a lo suyo y delinquen para trincar. Todo lo cual, añade, se completa con la actitud de la policía judicial, que, contagiada por el mesianismo justiciero, empieza a actuar -dice la Fiscalía- como si los hombres de Harrelson estuviesen dirigidos por Harry el Sucio. Porque a este modelo expeditivo conduce la convicción de que la lucha contra la corrupción está por encima de cualquier garantía, y legitima cualquier exceso o abuso de autoridad que pueda cometerse contra el asqueroso clan de «los políticos». De lo que nadie debe dudar es de que la gente y la opinión pública están encantadas con este serial. Y por eso creo que el auto de fe va a durar hasta que sus graves efectos se hagan irreversibles. Y eso, añado yo, es algo que deberíamos lamentar todos. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
