El desacuerdo ruidoso es mejor que el silencio forzado. Las personas deben tolerar las opiniones ajenas. Lo escribe en Nueva Revista [Los problemas de Europa con la libertad de expresión, 21/05/2025] su director, el periodista José Manuel Grau Navarro. Europa tiene un problema con la libertad de expresión, opina The Economist en su último número impreso, en el artículo «Europe’s free-speech problem». Incomoda al semanario británico de forma especial la ley alemana contra el insulto a los políticos y sus consecuencias. Un exvicecanciller, por ejemplo, «ha presentado cientos de denuncias penales contra ciudadanos, incluido uno que lo llamó ‘idiota’ (Schwachkopf, en alemán)». Se trata de Robert Habeck, del partido de Los Verdes, y se puede leer más sobre ese caso por ejemplo en WDR.
El artículo 188 del Código Penal alemán (Strafgesetzbuch, StGB) regula los delitos de injuria, calumnia y difamación dirigidos contra personas que participan en la vida política del país. El artículo 188 fue modificado por la Ley para Combatir el Extremismo de Derecha y los Delitos de Odio de 2021, ampliando su alcance para incluir las injurias, además de las calumnias y difamaciones previamente contempladas (Véase beck-aktuell y Gegen Personen).
El § 188 del Código Penal alemán dice: «(1) Si se comete un insulto público (§ 185) contra una persona de la vida política del pueblo, en una reunión o difundiendo contenido ((§ 11 párrafo 3), por razones relacionadas con la posición de la persona ofendida en la vida pública, y si el acto es probable que impida significativamente su actividad pública, el castigo será una pena de prisión por un período que no exceda tres años o una multa. La vida política del pueblo se extiende hasta el nivel local.
»(2) En las mismas condiciones, la calumnia (§ 186) será castigada con la pena de prisión de tres meses a cinco años y la difamación (§ 187) con la pena de prisión de seis meses a cinco años» (véase StGB § 188).
Según el semanario alemán Focus, más del 93 por ciento de las denuncias contra ciudadanos, a fecha del 24/11/2024, procedían de los entonces ministros Robert Habeck y Annalena Baerbock, esta también de Los Verdes. Véase aquí.[
Añade The Economist: «El mes pasado, un editor de un periódico de derecha recibió una abultada multa, además de una pena de prisión suspendida de siete meses, por compartir un meme de una foto manipulada, que muestra a la ministra del Interior sosteniendo un cartel con la leyenda: “Odio la libertad de opinión”».
El periodista en cuestión es David Bendels, editor y director del diario de la derecha Deutschland-Kurier, vinculado al partido Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland: AfD). En abril de 2025, un tribunal de Bamberg lo condenó a siete meses de prisión y a una multa significativa por difamar a la ministra del Interior, Nancy Faeser [socialista, ya exministra]. La condena se argumentó sobre la base del artículo 188 del Código Penal. Fuentes: EIR News y Legal Tribune Online, entre otras muchas, y la entrada de Wikipedia en alemán sobre David Bendels, que incluye información sobre su condena.
Los casos arriba citados han generado un amplio debate en Alemania sobre los límites a la libertad de expresión y el uso de leyes penales para proteger a figuras políticas de la sátira y la crítica.
«Todos los países europeos garantizan el derecho a la libre expresión», afirma The Economist. Sin embargo, «la mayoría también trata de limitar los daños que temen que pueda causar». Pero ocurre, según el semanario británico, que «eso va mucho más allá de los tipos de discurso que incluso los liberales clásicos aprueban que se deberían prohibir, como la pornografía infantil, las filtraciones de secretos nacionales o la incitación deliberada a la violencia física».
El objetivo de las leyes de discurso de odio es «promover la armonía social. Sin embargo, hay pocas pruebas de que funcionen». Suprimir el discurso con la amenaza de enjuiciamiento «parece fomentar la división». Los populistas «prosperan con la idea de que la gente no puede decir lo que realmente piensa, una opinión ahora compartida por más del 40 por ciento de los británicos y alemanes».
En Francia, «se multó a un canal de televisión conservador por calificar el aborto como la principal causa de muerte en el mundo», recuerda The Economist.
En efecto, en noviembre de 2024, la Autoridad de Regulación de Medios de Francia (Arcom) impuso una multa de 100.000 euros a CNews por un incidente de febrero de 2024, durante el programa «En quête d’esprit», presentado por Aymeric Pourbaix. En ese episodio, se mostró una infografía que utilizaba cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El gráfico indicaba que se realizan aproximadamente 73 millones de abortos al año en el mundo, lo que representaría el 52 por ciento de todas las muertes globales, superando ampliamente al cáncer (10 millones) y al tabaquismo (6,2 millones). Según Arcom, presentar el aborto como una causa de muerte equipara al feto con una persona viva, lo cual vulnera el marco legal francés, donde el feto no es considerado una persona con derechos legales. Por lo tanto, calificar el aborto como una causa de muerte fue castigado como una falta de precisión informativa. Fuentes: Le Figaro y Le Monde. La emisión de CNews generó una dura reacción de los medios progresistas y entre políticos de izquierda. CNews, propiedad del empresario Vincent Bolloré, se disculpó públicamente (Le Monde). Jean-Marie Le Méné, por el contrario, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, criticó la decisión de Arcom, calificándola de «totalitaria» y añadió que se trata de una censura ideológica que niega una realidad estadística (Zenit).
El 4 de marzo de 2024, el Parlamento francés, reunido en el Palacio de Versalles, aprobó por una abrumadora mayoría (780 votos a favor y 72 en contra) la inclusión del derecho al aborto en la Constitución. Esta decisión convirtió a Francia en el primer país del mundo en mencionar explícitamente este derecho en su Carta Magna (Véase Le Monde).
Las cosas pueden empeorar por lo que respecta a la libertad de expresión en Europa, según The Economist. «Las leyes vagamente redactadas que dan una gran discreción a los funcionarios son una invitación al abuso. Los países donde tal abuso aún no es común deberían aprender del ejemplo británico. Su represión no se planeó desde arriba, sino que surgió cuando la Policía descubrió que le gustaban los poderes que le daban. Es mucho más fácil perseguir imágenes de Instagram que ladrones; la evidencia está a solo un clic de distancia».
Cuando la ley prohíbe ofender, razona The Economist, «también crea un incentivo para que las personas reclamen sentirse ofendidas». Se podría llegar a utilizar la Policía «para silenciar a un crítico o llegar a un acuerdo con un vecino». Cuando algunos grupos están protegidos por las leyes de «discurso de odio», pero otros no, «los demás también tienen un incentivo para exigir protección». Cada vez «más áreas se consideran prohibidas. En poco tiempo, todo obstaculiza el debate público. Es difícil tener un intercambio abierto y franco sobre inmigración, por ejemplo, si una parte teme que expresar sus puntos de vista invite a una visita de la policía».
Creer en la libertad de expresión «significa defender el discurso que no te gusta. Si las democracias no lo hacen, pierden credibilidad, en beneficio de autocracias como China y Rusia, que están luchando en una lucha global por el poder blando».
¿Qué deberían hacer los europeos? La respuesta de The Economist: «Volver a las viejas ideas liberales de que el desacuerdo ruidoso es mejor que el silencio forzado y que las personas deben tolerar las opiniones ajenas». Las sociedades tienen muchas formas de promover el civismo que no implican maniatar con esposas, «desde las normas sociales hasta las reglas de recursos humanos de la empresa». Las sanciones penales deberían ser «tan raras como lo son bajo la Primera Enmienda de Estados Unidos [se puede consultar aquí]. La difamación debería ser un asunto civil, con tutelas adicionales para criticar a los poderosos». El acoso y la incitación a la violencia deberían seguir siendo delitos, «pero el discurso de odio es un concepto tan confuso que debería ser descartado».
Por lo que se refiere a las plataformas digitales de propiedad privada: «Legalmente, el discurso en línea debe tratarse de la misma manera que el discurso fuera de línea. […] Leyes más claras y menos radicales ayudarían a todas las plataformas a centrarse en eliminar las amenazas y el acoso genuinos». José Manuel Grau Navarro es Director de Nueva Revista, doctor en Periodismo (Universidad de Navarra) y licenciado en Ciencias Físicas (Universidad Complutense de Madrid). Ha sido corresponsal de ABC y director de Comunicación del Ministerio de Educación.
.jpeg)