La ley de Transparencia y la responsabilidad de los políticos

Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno español

No tengo muy buen concepto de la clase política actual. Ni de la nuestra, la española, ni de la europea. Creo, sinceramente, que no dan la talla ni por aproximación. Hace unos días, revolviendo papeles, me encontré con un informe de gestión que hice en noviembre de 1999 para el órgano de control del sindicato en el que militaba. Lo encabezaba con una frase del profesor de la Universidad de Stanford (EUA) y actualmente de la European University Institute de Fiésole (Italia), P.C. Schmitter, que decía lo siguiente: "Sin individuos que inviertan en democracia hasta el punto de orientar sus trayectorias vitales alrededor de la aspiración de ocupar sus puestos claves, existen serias dudas para la supervivencia de cualquier democracia. La cuestión central no es si existirá o no una élite política o incluso una clase política, sino la composición de ese grupo de representantes y si después se les podrá hacer responsables de sus acciones". Y es que resulta que esa es la clave de la democracia: la exigencia de responsabilidades, y no solo políticas, a los que nos gobiernan, por los actos que realizan o dejan de realizar en nuestro nombre mientras ocupan el cargo para el que han sido elegidos o designados.

El mundo es un pañuelo, dicen, y la clase política los mocos que lo infestan. Conviene lavarlos, el mundo y el pañuelo, a menudo para retirar la podredumbre, o mejor, tirarlos a la basura (solo el pañuelo), como los clínex, y comprarse unos nuevos... Espero que se me perdone la ordinariez de la expresión, pero es lo más suave que se me ocurre decir sobre los políticos a la luz de los últimos acontecimientos.

No creo que el anteproyecto de ley de transparencia sometido a información pública por el gobierno español del partido popular vaya a dar para mucho. En el acceso al mismo que figura en la página electrónica de La Moncloa solo dan para opinar a los ciudadanos un espacio de 1024 carácteres. Por generosidad y espacio que no quede..., y espero que no se bloqueen los mensajes posteriores que se envíen desde una misma dirección de correo electrónico. En honor a la verdad confieso que no lo he leído todavía, aunque pienso hacerlo con detenimiento y opinar sobre él en la medida que me dejen. Si he leído la referencia al informe sobre el mismo presentado por la vicepresidenta del gobierno al Consejo de Ministros del pasado día 23 de marzo, pero no he llegado a ninguna conclusión salvo la de la buena voluntad o una cierta dosis de cinismo por su parte dado el grado de cumplimiento que el partido y el gobierno del PP hacen de su palabra dada. Ahí lo dejo, de momento.

Curiosamente, y de nuevo deformación profesional como historiador, la lectura del informe me ha hecho recordar una vieja institución del Derecho de Indias español que, con las actualizaciones pertinentes, podría tener cabida en la elaboración del anteproyecto de ley citado. Me refiero al denominado "Juicio de Residencia", un procedimiento que consistía en que al término del desempeño de sus funciones todos los cargos públicos, incluidos los virreyes, y antes de abandonar la residencia del lugar en el cual habían ejercido sus cargos, estaban obligados a someterse a un proceso en el que se analizaba el grado de cumplimiento de sus obligaciones a lo largo del mandato, reuniendo cuanta información fuera precisa a través de diferentes testigos, documentos, denuncias y pruebas aportadas en su contra. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo; en cambio, si había cometido errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de ejercer de nuevo un cargo. Interesante, ¿no es verdad?

¿Cómo aplicar esta añeja institución española a la época actual? Una posibilidad sería la de recurrir, ahora, a otra antigua institución del derecho anglosajón, y más específicamente estadounidense, que aún funciona a pleno rendimiento como instancia judicial en la gran república norteamericana: el Gran Jurado. ¿Cómo?, haciendo que todo cargo público de relevancia: alcaldes, parlamentarios regionales, diputados y senadores nacionales; miembros de la administración de libre designación por los gobiernos respectivos, cualquiera que sea su ámbito territorial, etc., etc.; y todos los responsables de empresas sostenidas o subvencionadas con fondos públicos se sometan a un proceso informativo ante un Gran Jurado popular conformado al respecto, elegido al azar entre las listas de ciudadanos con derecho a voto, y ante los cuales, durante el plazo que se determinara, y en audiencia pública, se sometería a su escrutinio la labor desempeñada por el mismo durante el ejercicio de su mandato, una vez concluido éste, o cuando en el ejercicio del mismo se presentara contra él una petición en tal sentido avalada por un determinado número de ciudadanos.

Es solo un esbozo y aparco los detalles de la propuesta para otro momento, pero dejo la exposición a juicio de los amables lectores del blog por si estiman interesante comentarla. Y sean felices, por favor, a pesar del gobierno. Tamaragua, amigos. HArendt 

Durao Barroso, presidente de la Comisión europea

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Entrada núm. 1460

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