Mostrando entradas con la etiqueta F.Sosa Wagner. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta F.Sosa Wagner. Mostrar todas las entradas

miércoles, 19 de septiembre de 2018

[A VUELAPLUMA] ¿Queda algo de eso llamado excelencia universitaria?





Yo no había oído hablar de George Steiner en mi vida hasta que, va a hacer veinte años ya, leí su obra autobiográfica titulada Errata: El examen de una vida (Siruela, Madrid, 1998). Un excepcional libro que me impresionó profundamente. De mi emocionada lectura de Errata, recuerdo con especial intensidad los capítulos que hacen referencia a la enseñanza universitaria y a su propia experiencia académica, como alumno, primero, y como profesor después, siempre en busca de esa "excelencia" que caracteriza toda su obra. 

Dice Steiner: "Una universidad digna es sencillamente aquella que propicia el contacto personal con el aura y la amenaza de lo sobresaliente. Estrictamente hablando, esto es cuestión de proximidad, de ver y escuchar. La institución, sobre todo si está consagrada a la enseñanza de las humanidades, no debe ser demasiado grande. El académico, el profesor, deberían ser perfectamente visibles. Cruzarse a diario en nuestro camino". Y continúa más adelante: "En la masa crítica de la comunidad académica exitosa, las órbitas de las obsesiones individuales se cruzarán incesantemente. Una vez entra en colisión con ellas, el estudiante no podrá sustraerse ni a su luminosidad ni al desafío que lanzan a la complacencia. Ello no ha de ser necesariamente (aunque puede serlo) un acicate para la imitación. El estudiante puede rechazar la disciplina en cuestión, la ideología propuesta (…) No importa. Una vez que un hombre o una mujer jóvenes son expuestos al virus de lo absoluto, una vez que ven, oyen, “huelen” la fiebre en quienes persiguen la verdad desinteresadamente, algo de su resplandor permanecerá en ellos. Para el resto de sus vidas y a lo largo de sus trayectorias profesionales, acaso absolutamente normales o mediocres, estos hombres y estas mujeres estarán equipados con una suerte de salvavidas contra el vacío."

Perdonen la digresión. No he podido sustraerme de subirla al blog después de leer el artículo publicado hace unos días en el diario El Mundo, sobre el funcionamiento de nuestra universidad, por el jurista, catedrático y profesor de la Universidad de León, Francisco Sosa Wagner. Leánlo con atención, comparen el ideal universitario expuesto por Steiner y la situación que denuncia el profesor Sosa Wagner. Y luego, saquen sus propias conclusiones. En cualquier caso, no le echen la culpa del desastre sólo al gobierno, como hacen muchos, lavándose las manos cuales Poncios Pilatos. La culpa es de todos, colectiva, y moral: De las Cortes Generales, de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, del gobierno del Estado y de los gobiernos regionales. Y de las autoridades académicas y de los responsables universitarios: rectores, consejos sociales, claustros, decanos, directores de departamentos y profesores de toda clase y condición, que han convertido las universidades españolas en esa "aurea mediocritas", pero mediocridad al fin y al cabo, que acreditan todos los índices académicos europeos y mundiales. Y también de los alumnos, para la mayoría de los cuales "el ansia por el saber" que debería caracterizar su paso por la universidad es algo que les resbala, y a los que solo preocupa la obtención de un título, que no les sirve en la práctica para casi nada, pero en el que se dejan los mejores años de sus vidas y sus ahorros o los ahorros de sus padres. Pero lo peor de todo lo anterior no es eso; lo peor es que ninguno de los citados va a asumir responsabilidad alguna sobre ese desastre, lo que significa que nada o casi nada va a cambiar. ¿Qué hay excepciones?, por supuesto. Haberlas haylas: entre instituciones, profesores y alumnos, pero son las excepciones, espléndidas, que confirman la regla.

Al final, las tropelías que, al parecer, han podido protagonizar algunos políticos, comienza diciendo el profesor Sosa Wagner, han incorporado al orden del día el funcionamiento de la Universidad después de años y años en los que se han sucedido las reformas legislativas sin apenas despertar más interés que el mostrado por círculos minoritarios a los que nadie ha hecho el menor caso. Así, por ejemplo ¿cómo es posible que se desmantelara el sistema de acceso al profesorado universitario mediante pruebas públicas sin que apenas se oyera una voz crítica o de desacuerdo? Porque el lector ha de saber que, en estos momentos, los tribunales que juzgan a quienes van a ser catedráticos o profesores titulares de por vida los están nombrando en la práctica -y a salvo las excepciones, que puede haberlas- ¡el propio candidato! Y digo "el" en singular porque normalmente no hay más que uno. 

Es verdad, se me dirá, que hay un proceso previo de acreditación pastoreado por una agencia pero no es menos cierto que a ese proceso le sobra de opacidad lo que le falta de rigor y precisión. Me refiero a la inexistencia en él de una presentación pública de méritos y a la discusión de esos méritos por expertos con los candidatos y entre los candidatos. Hubo una época, la de las habilitaciones, que propició la competencia y el conocimiento de los programas restableciendo al tiempo el sorteo de los especialistas que habían de juzgar las pruebas. Flor de un día. La conclusión es que hoy se acreditan algunos que son magníficos profesionales, precisamente los que no hubieran tenido miedo a enfrentarse a un sistema exigente y público, pero, al mismo tiempo, se cuelan por ese cedazo tan poco sutil personas a quienes les falta el suficiente grado de cocción. Y añado: ha habido reformas universitarias más o menos afortunadas pero es mérito (y lamento decirlo) del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haber culminado la más desastrosa de todas: de ella se derivan los males más groseros y más infecciosos que aquejan al entero sistema.

Sigo: ¿cómo es posible asimismo que la composición de los tribunales que juzgan las tesis doctorales esté confiada a lo que dispongan las Universidades sin más exigencia que la de ser doctor (no fontanero ni guardia urbano) con experiencia investigadora acreditada, así, sin mayores precisiones? Ahora se está hablando del que juzgó la del actual presidente del Gobierno y muchos nos echamos las manos a la cabeza a la vista de su insuficiente calidad pero eso es así, o puede ser así, en todas las pruebas de doctorado que se realizan en las Universidades españolas. Además desde hace poco se ha reducido a tres el número de juzgadores cuando siempre habían sido cinco. Con la excusa de ahorrar en dietas y demás. ¿Por qué no se ahorra en remunerar a cargos y más cargos que nombran los rectores para ganarse los votos? Porque sépase que la gestión universitaria está en buena medida en manos de un personal puesto a dedo por quien es elegido para ejercer la magnificencia rectoral, la mayoría de ellos profesores que nada saben de la muy complicada gestión universitaria y que, por ello, si algo les sale bien es por casualidad. 

Repito: cuando se han aprobado todas estas reformas malhadadas, lamentables y vergonzosas ¿alguien ha dicho algo? ¿fuera de la Universidad o dentro? Muy poquitos. Tampoco la multiplicación de Facultades y Escuelas, sin ofrecer serias señales de especialización en todos los rincones de España, nunca ha sido puesta en la picota. Al contrario, los medios de comunicación locales han celebrado que los rectores consiguieran que se les reconociera por la autoridad (in) competente los títulos más estrambóticos. En fin, están los másteres. Lo estamos viendo: cada español quiere adornarse con uno de esos másteres sembrado por los nuevos planes de estudio que, acortados en sus dimensiones tradicionales, han crecido y se han alargado -como planta trepadora y enredadera- por el costado del máster. El hallazgo tiene mucho de abominable pero es el inventado en esta España preñada de vacuidad, esta España trocada por los encantadores en alijo de papanatas. Ha consistido el negocio -porque negocio es- en acometer contra las licenciaturas dejándolas en los huesos de un puñado de asignaturas: lo que siempre se había estudiado en cinco años pasa a «no estudiarse» en tres o cuatro encomendándose el resto a un máster. ¿En manos de las universidades? Sí pero también de una sociedad mercantil, unos grandes almacenes, el despacho de unos abogados, un consorcio de seguros... lo que sea siempre que el anuncio del producto (porque de producto se trata parecido a una aspiradora) esté formulado en inglés. Y así el colmo de la cursilería es el propio nombre: máster. No maestría: máster ... en Márketing digital, máster en Coaching y máster en Fundraising y del máster al ránking y del ránking a... al artificio tontuno, al mundo trabucado y de trabucaires, es decir, a la imbecilidad manifiesta. Que es donde estamos. Con decir que hay un máster para conseguir el título de influencer me parece que no queda nada por añadir. Pero añado: lo repugnante es que este embeleco destinado a acabar con lo más preciado que tiene una sociedad, a saber, la cultura, la formación y la educación, ha sido votado y decidido con entusiasmo, cuando no impulsado, por fuerzas políticas que se envuelven en una bandera, la del progreso, convertida así en siniestro sudario mortuorio. 

Pedir ahora la publicidad de los trabajos universitarios, lo que han impedido en el Congreso los dos partidos mayoritarios, está bien pero a mí se me antoja que es algo parecido a imponer por ley que el personal se duche. De resultas de todos estos enredos casi todos los españoles son alumnos y, poco después, profesores de un máster, en realidad, sacerdotes de un culto trivial. No acaba aquí el flagelo: por encima del profesor de máster está el director de máster y, junto a él, el codirector de máster y el coordinador de máster, casi siempre camaleones del viento como diría nuestro Baltasar Gracián. Sí, Gracián, aquel jesuita que en el siglo XVII defendía la primacía de la "testa sobre los textos".

España, lector, ha quedado envuelta en un máster como esos edificios que Christo, artista búlgaro, envuelve en sus paredes de nailon.Culpable de estas extravagancias que padecemos es la idea de la autonomía universitaria. Admitida con la mejor intención en la Constitución, hoy no existe más que en la forma de un corporativismo generador de una endogamia implacable. Porque, y esta es la clave, se ha olvidado que lo relevante no es la autonomía de una organización que vive del dinero público sino preservar el ejercicio, por los individuos concretos que en ella desarrollan su trabajo, de sus libertades básicas: de investigación, de cátedra, de expresión... Este es el núcleo del asunto, lo que en verdad vale la pena defender y para ello, en un Estado de Derecho, no es necesario ampararse en una autonomía tergiversada que, en puridad, ha envuelto un servicio público como es el universitario en una organización gremial y corporativa. 



Dibujo de Javier Olivares para El Mundo


Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt




HArendt






Entrada núm. 4590
elblogdeharendt@gmail.com
"Atrévete a saber" (Kant); "La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura" (Voltaire); "Estoy cansado de que me habléis del bien y la justicia; por favor, enseñadme de una vez para siempre a realizarlos" (Hegel)

sábado, 17 de febrero de 2018

[A VUELAPLUMA] ¿Se puede prohibir un partido político?





Existe en la República federal de Alemania una cierta experiencia histórica relacionada con la prohibición de partidos políticos cuyo ideario se muestre radicalmente contrario a los valores y principios de la Constitución en vigor, comenta en El Mundo el profesor Francisco Sosa Wagner (1946), jurista, catedrático y escritor español, y exdiputado del Parlamento Europeo, preguntándose si se podría llegar a prohibir a un partido político en España en función de su ideología.

Así ocurrió con la herencia de los nazis. En 1949, y como si no hubiera pasado nada, se creó un partido político que era continuador del nacional-socialista que pedía respetar al "soldado alemán" y abordar de nuevo la "cuestión judía" aunque con métodos menos expeditivos que los empleados por Hitler. El Gobierno de Adenauer reaccionó y solicitó al Tribunal Constitucional su ilegalización a lo que este accedió declarando que tal organización "es contraria al orden democrático, desprecia los derechos fundamentales, está edificada sobre el principio del caudillaje (Führerprinzip) y sus dirigentes se hallan estrechamente ligados a los del partido de Adolf Hitler". El Tribunal aprovechó para declarar al tiempo nulos los mandatos parlamentarios obtenidos "sin posibilidad de sustitución" (la sentencia es de octubre de 1952). Y añadió algo interesante: "los electores de los representantes eliminados no pueden quejarse por esa pérdida porque la pretensión de ser representado por un diputado de un partido inconstitucional es ya, en sí misma, inconstitucional". Lo mismo ocurrió con la prohibición del partido comunista, más complicada porque esta organización tenía mayor importancia: aunque había rechazado la Ley Fundamental, participó en las elecciones al Bundestag. Además, la preparación del proceso y el proceso mismo se aprovecharon para, desde la República comunista vecina, diseñar una campaña en la que se subrayaba la legalidad en ella de la democracia cristiana. Se olvidaban de añadir que, en el sistema de la DDR, en la práctica nada significaba tal organización política. Después de muchas idas y venidas, la sentencia -de agosto de 1956- declaró asimismo la inconstitucionalidad del partido comunista. 

A partir de estas dos fechas ya no han existido más prohibiciones de partidos. La refundación en 1964 de un partido nazi fue tolerada y tan solo los movimientos de sus dirigentes y afiliados, vigilados. El intento de declararlo ilegal por parte del Gobierno socialdemócrata y verde del canciller Schröder fracasó precisamente en el Tribunal Constitucional (2003) y con el comunismo nadie se ha atrevido. 

En enero de 2017, el Tribunal Constitucional vuelve a ocuparse de la cuestión en un pleito promovido por los Länder a través del Bundesrat. Procede aclarar al lector español que la Ley Fundamental de Bonn contiene un artículo, el 21, apartado segundo que de manera contundente señala (en su redacción de 1949) que "los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus afiliados tienden a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales.

Sobre la inconstitucionalidad decide el Tribunal Constitucional". Los jueces de este Tribunal, presidido por Andreas Vosskuhle, un prestigioso catedrático de Derecho Público que enseña en Friburgo, decidieron de nuevo desestimar la demanda del Bundesrat. Su argumentación se basa en que los partidos políticos son piezas esenciales en el Estado democrático de Derecho por lo que la prohibición de cualquiera de ellos no puede hacerse si no es analizando muy detenidamente su ideario y su comportamiento. Se trata de una "norma excepcional" en la medida en que reduce el espacio democrático y por eso ha de ser interpretada de forma restrictiva. El ideario del partido nacionalsocialista sometido a juicio es racista porque defiende una «comunidad del pueblo» que pretende restringir los derechos políticos y sociales a aquellas personas que, según su criterio, sean realmente alemanes y además se aparta del mundo de valores constitucionales alemanes que tienen su máxima expresión en la «dignidad humana» cuya garantía se extiende a la salvaguardia de la individualidad personal, de la identidad y de la integridad así como de la igualdad. La concepción racista de esta organización es incompatible con la dignidad humana tal como es concebida por el texto constitucional. Pero el Tribunal, alejándose del criterio empleado en 1956 en la sentencia del partido comunista, que acuñó la expresión "actitud de lucha agresiva" para designar su forma de comportamiento, sostiene que no existen indicios de peso para considerar que este partido nacionalsocialista constituye realmente un peligro para el orden democrático, social y liberal del Estado de Derecho por la sencilla razón -digámoslo breve y claramente- de que carece del eco popular suficiente al cosechar resultados muy pobres en las elecciones que se celebran en el territorio alemán, tanto a nivel de la Federación como de los Länder. No existe la más mínima posibilidad, dicen los jueces de Karlsruhe, de que los nacionalsocialistas logren sus objetivos a la vista del actual panorama político alemán y añade que no existen espacios en la República que puedan considerarse sustraídos al control del Estado ni siquiera en el Land de Mecklemburgo Antepomerania (donde la presencia de estos sujetos es especialmente enojosa).

La sentencia ha sido elogiada y criticada, como es usual cuando de pronunciamientos judiciales fuertemente politizados se trata. Sorprende en ella la minuciosidad con la que describe una ideología, la patrocinada por el partido sometido a examen, que claramente es contraria a los principios y valores en que se inspira el mundo constitucional alemán, bien mimados y perfilados en 1949, escaldados como estuvieron los constituyentes tras los años sangrientos y sombríos del adolfato. Para acabar los jueces concluyendo que, aunque todo eso es perceptible en los estatutos del partido, en las declaraciones de sus dirigentes, en las acciones callejeras que alientan y patrocinan, lo cierto es que tales sujetos carecen de fuerza para imponer su ideología y poder alterar así el orden republicano y federal. Es decir, que como son unos indigentes en respaldo popular auténtico, el que se traduce en votos y escaños, no se les va a otorgar la aureola, el glamour, de ser unos proscritos. Ahora bien, si todo esto es así, el propio Tribunal, conocido por sus sutilezas, en la declaración que hizo su propio presidente al anunciar la sentencia, dejó abierta una puerta por la que colar un instrumento demoledor, más demoledor aunque su prohibición: cortar su financiación por medio de una reforma constitucional. Se trataría pues de suprimir los recursos económicos de un partido legal que, en el caso del NPD, recibió 1,3 millones de euros en 2015 salidos de los bolsillos de los contribuyentes. El estacazo se ha producido en junio de 2017, momento en el que, gracias al acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, se ha añadido al artículo 21 -que antes he citado- la exclusión de la financiación estatal, acerca de la cual también decide el Tribunal Constitucional. 

Me he animado a contar esta historia alemana para que el lector español pueda comprobar, de un lado, lo mucho que se puede conseguir si los partidos políticos son capaces de pactar entre ellos cuestiones sustanciales y no encastillarse en sus triviales prejuicios. De otro, por si a alguien le suena en nuestra España dolorida este asunto de la existencia de organizaciones que claramente defienden valores y principios contrarios al orden constitucional. Y por si alguien se anima a emprender acciones contra ellas. ¿Podremos albergar los españoles la esperanza de que algún día dejen de burlarse de nosotros?



Dibujo de Raúl Arias para El Mundo



Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: vámonos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt







HArendt





Entrada núm. 4295
elblogdeharendt@gmail.com
La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

jueves, 26 de octubre de 2017

[A vuelapluma] La legitimidad del Rey





En varias ocasiones hemos oído al portavoz de Unidos Podemos realzar su propio respaldo entre los ciudadanos expresado en las urnas para, a renglón seguido, descalificar a Don Felipe VI por «no haber sido elegido», comenta Francisco Sosa Wagner, jurista, catedrático de universidad, escritor y exdiputado del Parlamento Europeo. 

Aunque la afirmación procede de un político que a veces se manifiesta de forma tan vehemente como infundada, sigue diciendo, conviene meditar sobre el alcance de su afirmación y el apoyo que le sirve de peana, que, para no perdernos, se puede formular con gran simplicidad: el único origen del poder en un sistema democrático es el voto cuyo titular es el ciudadano. Es así que el rey en una monarquía hereditaria no ha sido elegido por nadie, luego nadie puede tomarse en serio su autoridad ni su pretendida superioridad institucional. Me propongo demostrar la falsedad de tal afirmación, al menos cuando se la presenta de esta forma superficial y ayuna de matices. Cierto es que en una democracia el apoyo electoral es el ingrediente básico que determina la atribución del poder. 

Cuando se empieza a desplomar la idea de que la legitimidad del monarca procede de Dios, y al evocar esta conquista preciso es musitar una oración de agradecimiento a los pensadores del Renacimiento, de Maquiavelo para acá, se van abriendo paso otras concepciones que llevan a la construcción del Estado, que será absoluto en el pensamiento de Hobbes y que empieza perezosamente a vislumbrarse como democrático en Locke, en Montesquieu o en Rousseau. En todos ellos tropezamos con el gran invento del contrato o pacto social que supone la libre decisión de un pueblo para atribuir el poder a un hombre o a una asamblea conjurando por esta vía peligros y evitando que los individuos se entreguen a asestarse dentelladas a diario con sus vecinos. Las revoluciones americana y francesa pondrán las bases de todo lo demás y ello es bien conocido: la separación de poderes más los derechos y libertades de los individuos. Por su parte, la democracia, es decir, la atribución del poder al pueblo por medio de elecciones, se irá adentrando poco a poco en la modernidad: desde el voto censitario hasta el sufragio universal masculino, luego femenino, etc. Y en ello estamos. 

Del «Estado soy yo» que pregonaba Luis XIV a finales del siglo XVII hasta la finura de la «volonté générale» rousseauniana -ya entrado el XVIII- y su comprensión como la verdadera voluntad, justa y razonable del pueblo hay todo un mundo en la comprensión de nuestra convivencia según pautas que, pese a su antigüedad, aún siguen lozanas. Porque sobre ellas se edifican los cargos representativos de los Estados modernos: los parlamentos, los presidentes de República o los Gobiernos que se forman tras los procesos electorales. Y lo mismo procede decir respecto de las corporaciones locales, los Estados federados o las regiones, etc., allí donde existan. Todos ellos traen causa, como le gusta al portavoz del grupo Unidos Podemos, del voto emitido libremente en las urnas por los ciudadanos: a más votos, mayor posibilidad de participar en las decisiones; a menos, mayor soledad y más mustia lejanía de los centros del poder. 

Pero para que «los muchos no puedan mucho» como quería el rey romano Servio Tulio, para que «le pouvoir arrête le pouvoir» según prefería Montesquieu o para conjurar la tiranía del pueblo que describía Adams desde América, las constituciones se han inventado ingeniosos instrumentos. Y así vemos cómo ese mismo Estado que cultiva -devoto- el voto alberga en su seno nada menos que un poder, el judicial, que no gira en torno a la urna pues quienes lo administran han sido seleccionados en virtud de sus conocimientos. En ningún caso elegidos y, cuando lo son a través de una elección indirecta, caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, la ley se ocupa de limitar con exactitud quienes pueden participar en la selección: catedráticos, funcionarios de los altos cuerpos del Estado, etc. Es decir, tan solo profesionales muy cualificados. Por donde se nos cuela otra fuente de legitimidad en las sociedades democráticas a colocar junto al voto popular: a saber, la competencia profesional o técnica. Es verdad que las constituciones emplean expresiones como «la justicia emana del pueblo» (art. 117 de la española) o «todos los poderes del Estado proceden del pueblo» (art. 20. 1 de la alemana) pero ello no significa sino que existe una cadena que liga, aunque sea de forma remota, el nombramiento de todo servidor del Estado democrático con el pueblo. Pero una elección popular de los jueces no existe en el continente europeo. En España, por lo demás, la justicia «se administra en nombre del Rey» (artículo 117. 1 de la Constitución) igual por cierto que decía la Constitución de 1812 (art. 257) o la de 1869 (art. 91) por citar dos muy diferentes y la de la II República de 1931 prescribía que esa función se haría «en nombre del Estado» (art. 94). 

Avancemos en el razonamiento para consignar que en el mundo moderno, junto a las organizaciones tradicionales del Estado, han surgido decenas de entes, institutos, agencias que se ocupan de dirigir, administrar o vigilar concretos sectores de la acción pública: las telecomunicaciones, los mercados, la radiotelevisión, la seguridad nuclear, la protección de datos... Se las llama precisamente «Administraciones independientes» porque en ellas se desea que esa cadena con el pueblo propiamente dicho y sus representantes sea lo más débil posible. ¿Por qué? para asegurar el ejercicio, libre de influjos políticos, de sus cometidos y funciones. Un objetivo que solo se puede asegurar si las apartamos de la influencia de gobiernos, ministros, diputados, etc. y confiamos los nombramientos de sus directivos y la selección de su personal a procedimientos técnicos para que puedan actuar con la mayor neutralidad posible. El caso de los bancos centrales -como el del Banco central europeo- y su obligado alejamiento de las decisiones políticas es el paradigma de lo que vengo sosteniendo. 

Por tanto ya tenemos conviviendo a dos legitimidades: la del voto, básica en una sociedad democrática, y la de la competencia profesional. No olvidemos que ya Hobbes dejó consignado que «nadie es buen consejero sino en los negocios donde está muy versado... lo que no se obtiene más que con estudio». Vayamos con la última legitimidad, la que afecta a una institución singular en algunos países como es la del rey hereditario, caso de los Borbones en España. Provoca mucho enfado en aquellos compatriotas -como el portavoz de Unidos Podemos- que no admiten que alguien pueda ostentar un poder cuya razón de ser es preciso buscar entre los renglones de un relato antiguo, cubierto incluso por telarañas, encorvados sus protagonistas bajo el peso de batallas e intrigas. Personas que desconocen, como diría un legitimista del siglo XIX, la magia y el brillo de la diadema real. Pero no hay, en puridad, ningún arcano si admitimos que la historia es un paisaje en el que predominan las anfractuosidades, un río pleno de meandros y que, como nos enseñaron los clásicos, apenas hay una monarquía o una república cuyos orígenes puedan justificarse en conciencia. En la Unión Europea hay siete monarquías, alguna nacida de la propia voluntad de los revolucionarios que alumbraron el país, caso de Bélgica; otras cuyas testas coronadas se surtieron del exceso de oferta existente en los principados alemanes, casos de la monarquía inglesa o incluso danesa ... Curioso es un país como Suecia, ¿alguien le negaría su condición democrática? Pues el jefe del Estado, el rey actual Carlos XVI Gustavo, es el descendiente de un mariscal del Ejército de Napoleón que se llamaba Bernadotte, algo así como si entre nosotros hubiera arraigado la monarquía de José I. 

Alejémonos pues de los tópicos y preguntemos con sencillez ¿no es bueno que al menos un cargo -de la máxima dignidad- esté sustraído a la contienda electoral? ¿no enseña la experiencia que entre las personas a las que votamos se nos cuela algún que otro botarate? ¿por qué hemos de renunciar a que nos represente el descendiente de una familia llena de blasones (y de miserias como todas las familias), un joven que ha recibido una educación esmerada, habla idiomas y maneja con soltura los cubiertos del pescado? Y por último ¿ganaríamos algo sustituyendo a Don Felipe por algún personaje de nuestro tablado político? ¿no se ha acreditado este Monarca como sólido defensor de una España democrática y constitucional en sus intervenciones recientes sobre la crisis catalana? De donde resulta que, en esta realidad irisada, veo conviviendo tres legitimidades como tres son las personas que conviven en el misterio de la Santísima Trinidad. Pues, ¿no es al cabo un misterio la democracia misma? 



Dibujo de LPO para El Mundo


Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt



HArendt





Entrada núm. 3954
elblogdeharendt@gmail.com
La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)