De los déficits de las democracias

 

Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz martes. Mi propuesta de lectura de prensa para hoy, de la escritora Gabriela Bustelo, va de los déficits de las democracias. Se la recomiendo encarecidamente y espero que junto con las viñetas que la acompañan, en palabras de Hannah Arendt, les ayude a pensar para comprender y a comprender para actuar. Sean felices, por favor, aun contra todo pronóstico. Nos vemos mañana si la diosa Fortuna lo permite. Tamaragua, amigos míos.

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El libro blanco de la democracia

GABRIELA BUSTELO

23 MAR 2023 - Revista de Libros

Reseña del libro "España: democracia menguante", VV. AA., Colegio Libre de Eméritos, 2023

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Han pasado 15 años desde que Larry Diamond, catedrático de Sociología Política de la Universidad de Stanford, aseguró que estamos inmersos en una «recesión democrática». En los tres años transcurridos desde que la OMS certificó el coronavirus como pandemia global, esta crisis de la democracia global no ha hecho sino acrecentarse. En otras palabras, el centenar aproximado de países democráticos que hay en el mundo estaría perdiendo calidad, día tras día, en sus respectivos sistemas de gobierno. ¿Y cuáles son los parámetros clásicos que definen una democracia estándar? Son seis: sufragio universal, separación de poderes, libertades civiles, parlamento funcional, partido de la oposición e igualdad ante la ley.  

En nuestro país, nueve catedráticos han tomado la decisión de unir fuerzas para denunciar una situación que juzgan de máxima gravedad: la merma progresiva de la democracia española. Sus análisis y reflexiones se han reunido en un libro que publica la Fundación Colegio Libre de Eméritos bajo el título España: Democracia menguante.

A cargo de este informe de situación se halla Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, que ha expresado públicamente su zozobra en cuanto a que la coyuntura política actual de nuestro país pudiera derivar en una «democracia disminuida». Bajo su batuta, el octeto denunciante lo forman Francesc de Carreras (Catedrático de Derecho Constitucional), Juan Díez Nicolás (Catedrático de Sociología), Tomás-Ramón Fernández (Catedrático de Derecho Administrativo), José Luis García Delgado (Catedrático de Economía Aplicada), Emilio Lamo de Espinosa (Catedrático de Sociología), Araceli Mangas (Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales), Francisco Sosa Wagner (Catedrático de Derecho Administrativo) y Gabriel Tortella (Catedrático de Historia Económica).

En la prensa generalista se han publicado desde 2020 centenares de artículos inquietos por la deriva política nacional, en especial desde que el semanario británico The Economist eliminara a España del selecto grupo de Democracias Plenas de su Democracy Index (DI) en febrero de 2022 (valorando el comportamiento de nuestro país durante 2021). El 1 de febrero de este año 2023, España recuperaba su estatus de democracia plena, ascendiendo de nuevo al pequeño olimpo de los 24 países más políticamente avanzados del planeta. Pero, ojo, que ocupa el penúltimo lugar, casi rozándose con el siguiente grupo de las democracias deficientes. Pues bien, entre los factores que determinaron la mala posición de España en el prestigioso grupo de las democracias plenas del Democracy Index destacaron las medidas coercitivas que tomó el ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia de coronavirus. (Merece la pena recordar que en la cima del Democracy Index está Noruega, que mantiene su primer lugar desde el año 2010, cosa que en la España de la ideología de trazo grueso podría sorprender, ya que el sistema de gobierno noruego es una monarquía parlamentaria).

Si algo ha demostrado la pandemia es que, ante una crisis mundial de semejante envergadura, los países sin instituciones sólidas corren el peligro de perder calidad democrática de manera casi inmediata. En una democracia sana y funcional, las instituciones son el vínculo principal entre la ciudadanía y el Estado, nexo imprescindible para mantener la salud del sistema político. Precisamente, el sector institucional es el que más inquieta a los autores de este informe: «Nos estamos refiriendo principalmente al mal funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho, cuyo deterioro se ha producido sobre todo en el plano institucional». Los autores van más lejos, al concretar que detectan una “deslealtad constitucional” en no pocas instituciones españolas.

Una de las primeras aseveraciones del libro España: democracia menguante es que la crisis democrática global no puede considerarse un fenómeno tan agudo como el de España. No en vano recientes encuestas del Eurobarómetro (verano de 2022) indican que 9 de cada 10 españoles desconfían de los partidos políticos (la media de la UE es del 75%); el 74% desconfía del gobierno (frente al 61% de la UE); y otro 74% desconfía del parlamento (muy superior a la media UE del 60%).

En el capítulo inicial, dedicado al fracaso de la política española, se aportan datos recientes de un sondeo de Metroscopia (Junio, 2022) en cuanto a la «demoledora opinión sobre los políticos» que tiene la población española. Un 87% lamenta que no presten atención a las preocupaciones de los ciudadanos; un 84% echa en falta ideas claras para solucionar los problemas nacionales; un 81% detecta una carencia de vocación de servicio público; un 79% cree que los líderes no tienen la experiencia necesaria y un 75% asegura que actúan de manera deshonesta.

En cuanto a la polarización, que con frecuencia se cita en España como un problema inherente a la propia ciudadanía, esta idea se rechaza de plano en el libro. El «bibloquismo», los «cordones sanitarios» y la falta de diálogo derecha-izquierda serían impostaciones de los propios líderes políticos, que infectan con ellas a sus representados. En cuanto a la conchabanza del bipartidismo con el nacionalismo, el veredicto es severo: «No olvidemos que los dos grandes partidos han dificultado siempre la posible emergencia de partidos bisagra (UCD, CDS, Partido Reformista, UPyD, Ciudadanos), prefiriendo el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos». Esta estrategia temeraria, en lugar de integrarlos, habría contribuido a reforzarlos, debilitando al Estado, hoy casi «residual» en algunas Comunidades Autónomas. Como reflexionaba Emilio Lamo de Espinosa en su cuenta de Twitter el 2 de marzo de 2023, aportando un gráfico de autoubicación ideológica del CIS para apoyarlo: «Los españoles llevan siendo de centro izquierda casi treinta años sin variación. No se han radicalizado. Los que se han radicalizado son los políticos, aunque no todos. Gobiernos radicales administrando a ciudadanos que no lo están».

El desmedido poder de los partidos políticos —cimentado por una Ley Electoral anticuada e injusta— habría devorado la separación de poderes: «el líder del partido que gana las elecciones controla no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, pues los representantes lo son porque el aparato les ha incluido en la lista electoral». En cuanto al Poder Judicial, la Constitución se habría ido «modificando subrepticiamente» para que un «Consejo General del Poder Judicial políticamente mediatizado», junto a un reparto por cuotas de las designaciones directas que hacen las Cortes Generales, permitan a los principales partidos políticos nombrar a los jueces de los principales órganos de la Justicia.

No olvidan los autores el gravísimo problema de la corrupción española, citando datos de Transparencia Internacional, que en 2021 situaba a España en el puesto 34 del escalafón global, empatada con Lituania. Constatan que recién estrenado este índice, en 1995, España ocupaba un puesto 26 y llegó a estar en el 20 en el año 2000. Pero quedó en el puesto 41 en 2018, hasta llegar al puesto 35 actual, empatada con Botsuana y Cabo Verde, según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado en enero de 2023. En efecto, la cultura de la corrupción parece formar parte de la mentalidad nacional, que justifica la del partido propio y demoniza la del contrario. Los dos partidos mayoritarios tienen largos historiales corruptos, pero tampoco se libran los nacionalistas, ni los pequeños o emergentes. Los juzgados españoles rebosan «casos de corrupción en los que están involucrados políticos pertenecientes a todo el arco parlamentario».

Abundan las columnas periodísticas que hablan ya de España, como «un país sin ley». En ese espíritu nos recuerda este libro que no puede haber democracia sin Estado de Derecho, cosa que en otros tiempos hubiera podido parecer una obviedad, pero que hoy es de obligada reivindicación. «Se observa con estupor cómo en parte del territorio español los poderes autonómicos desobedecen, de manera expresa y reiterada, la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales sin que el poder central lo remedie, usando las competencias de ineludible ejercicio que tiene».

La politización de la justicia se define como el resultado de la partitocracia más cruda y voraz, lamentando que la ciudadanía haya asumido como algo «normal» la existencia de dos bloques entre los jueces de izquierdas y los jueces de derechas. Los autores nos comparan con Alemania y Estados Unidos, cuyos magistrados llegan a los tribunales «cargados de medallas políticas e incluso con el carné del partido en el bolsillo», pero este posicionamiento ideológico no suele influir sobre sus decisiones jurídicas. En España, por contraste, los jueces serían peones de partido, acatando las órdenes del aparato sin demasiada resistencia.

En el capítulo sobre el gobierno y la administración se puntualiza la cuestión sin ambages y con la claridad meridiana que caracteriza a todo el libro, reiterando que el Poder Ejecutivo ha desplazado al Legislativo, además de instrumentalizar a los tribunales. La masa de decretos leyes convertidos en leyes o convalidados equivale ya a tres cuartas partes del output legislativo, aseguran, y se requeriría una operación colosal para sanear el ordenamiento jurídico. Por si esto fuera poco, se apostilla que todas estas aparatosas «reformas» no mejoran una capacidad de absorción de fondos europeos casi nula, «que nos coloca los últimos de la lista de veintisiete, en la que nuestro modesto vecino, Portugal, figura en segundo lugar». España tiene la peor tasa de absorción de los fondos europeos en el período 2014-2020, con solo un 43% de los fondos ejecutados.

En cuanto al estado autonómico, los autores lo desaprueban con una asepsia casi clínica, señalando los dos problemas graves manifestados desde sus comienzos. El primero es la disfunción organizativa, que genera anomalías, duplicidad de funciones y un gasto público innecesario. El segundo es la integración territorial defectuosa, que en determinadas partes del perímetro español pone en grave riesgo la unidad estatal y nacional. La solución que se recomienda sin rodeos es modificarlo para convertirlo en un modelo federal, es decir, en una versión perfeccionada de la actual. «El federalismo no es una forma política más conservadora o más progresista, más liberal o más socialdemócrata, más de izquierdas o más de derechas. Simplemente es una forma de organización territorial que funciona bien en muchos países y, por ello, también debiera funcionar en el nuestro».

El capítulo sobre el papel de nuestro país en el escenario mundial acusa a las cúpulas políticas del «descrédito de España como consecuencia de la ruptura de sus obligaciones europeas e internacionales», in crescendo ante las instituciones europeas y los mercados internacionales. Las grietas estructurales del Estado español lo incapacitan para cumplir con sus deberes y compromisos como país europeo y lo deslegitiman para aportar propuestas normativas que le confieran la relevancia e influencia correspondientes por su estatus occidental. Las ineficaces administraciones públicas, colonizadas por los partidos, ahuyentan a las empresas y agentes socioeconómicos. Por no hablar de la dependencia de la ayuda externa para salir de las quiebras internas en que los propios partidos políticos sumen al país, desde las crisis nacionalistas hasta las crisis económicas. La pandemia, lejos de servir como acicate para efectuar las reformas estructurales exigidas en 2019 por la UE, ha agravado junto con la crisis energética los desafíos orgánicos de España como nación europea. Lamentan los autores que la polarización interna haya impedido durante todo un siglo acordar intereses nacionales que permitieran afrontar con fuerza y dignidad el devenir externo de una España autocondenada a la irrelevancia mundial.

Esta es la frase que James Carville, jefe de campaña de Bill Clinton, pegó en la pared de su oficina en 1992, bajo otra anotación que exigía «Un cambio» versus «Lo de siempre». Pues bien, para los autores de España: Democracia menguante la política económica española requeriría un cambio radical. En abierta contradicción con la propaganda gubernamental, observan un descenso del PIB por habitante desde 2007; un desempleo que duplica la media de la UE, disparado con los gobiernos socialistas y aminorado con los gobiernos del PP; un mercado laboral agarrotado e inflexible, que conserva la inmovilidad de los tiempos de Franco, con la dualidad de los trabajadores protegidos por el sistema (contratos laborales indefinidos) y los desprotegidos (contratos temporales); y unos sindicatos que no encarnan al sector laboral, sino a las cúpulas políticas y al sector público. ¿Las soluciones que se proponen? Entre otras, flexibilización del mercado, eliminación de trabas al comercio nacional e internacional, conexión del sistema educativo con el sistema productivo, seguridad jurídica como garantía del correcto funcionamiento de los mercados, reconducción del gasto público para impedir que el déficit presupuestario exceda del 3%, incluso llegando al superávit y creación de un mecanismo de fiscalización de las políticas públicas.

La meta inmediata de los autores de este Informe es generar un debate público sobre las averías crónicas de la democracia española, pues en opinión de estos nueve maestros, los peligros que acechan a España son de tal envergadura que, en su opinión, ponen en riesgo su propia existencia. Alegan que este debate nacional sería urgente y perentorio, dado que la ciudadanía ya no puede confiar en soluciones clásicas, como optar electoralmente por la izquierda o por la derecha, sino que se halla ante la disyuntiva de decidir entre la conservación y la destrucción de lo que hasta ahora veníamos llamando la democracia española.