Sonia Sotomayor, 54 años, portorriqueña, criada en el Bronx neoyorquino, divorciada, sin hijos, estudiante de Leyes en las universidades de Princeton y Yale, Jueza de Apelaciones en el Segundo Circuito Federal de los Estados Unidos, salvado el trámite de la Comisión del Senado y a la espera de la votación final del pleno de la Cámara Alta norteamericana, está ya a punto de ser la primera mujer de origen hispano en sentarse en el más exclusivo de los ámbitos judiciales del mundo: la Corte Suprema de los Estados Unidos de América (1), junto a los otros ocho miembros que, de por vida, y "mientras observen buena conducta" (art. III, Sección I, de la Constitución de los Estados Unidos), componen dicho Tribunal.
Una noticia de El País, firmada por la periodista Yolanda Monge, y publicada el 14 de julio pasado, dejaba constancia del "estado de la cuestión" en ese preciso momento del proceso de designación. Otro artículo, el día 9, del catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Pablo Salvador Coderch, ilustraba algunas de las las características que convierten en algo más que peculiar a ese Tribunal y a sus miembros. Pueden leerlos más adelante, y espero que los disfruten.
Si hay algo que caracteriza al sistema político norteamericano no es la estructura federal del poder, el presidencialismo, la estricta división de poderes, la libertad religiosa, o el derecho de los ciudadanos a portar armas. No, la característica más peculiar de dicho sistema es la instauración por vez primera en la historia de la facultad de revisión por el Poder Judicial (La Corte Suprema) de todos los actos y leyes contrarios a la Constitución. Era algo que estaba latente en la Constitución (nada dice sobre ello su artículo III, Sección II) aunque ya se proponía (2) en "El Federalista" (Fondo de Cultura Económica, México, 1994). Lo hacía Alexander Hamilton (3), uno de sus primeros comentaristas y promotores, en su famoso artículo LXXVIII, escrito en abril de 1788. al decir que "no hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, -añade-, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto, afirma Hamilton, equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud de determinados poderes puden hacer no sólo lo que éstos no permiten, sino incluso lo que prohiben".
Por favor, no hagan comparaciones con el comportamiento de nuestros políticos, pues no era mi intención fastidiarles el domingo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, sólo hacía falta que un jurista del prestigio del Juez Marshall, presidente de la Corte Suprema de 1801 a 1835, lo desarrollara y aplicara en el famoso caso "Marbury versus Madison" (4), para que la "judicial review" se convirtiera en el rasgo más distintivo del sistema constitucional norteamericano. Buena tarde de domingo. Sean felices. Tamaragua, amigos. (HArendt)
La Jueza Sotomayor en la audiencia del Senado
(1) Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
(2) Texto íntegro de "El Federalista", en:
http://www.historiayderecho.com.ar/constitucion/hamilton_madison%20el%20federalista.pdf
(3) Alexander Hamilton, en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton
(4) Caso Marbury contra Madison, en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Marbury_contra_Madison
Corte Suprema de los Estados Unidos (Washington, D.C.)
EL PAÍS - 14-07-09
La jurista aspira a convertirse en la primera hispana que alcanza la máxima instancia judicial estadounidense.
Los senadores demócratas la han alabado y los senadores republicanos han cuestionado su imparcialidad. Desde ahora, Sonia Sotomayor, 55 años, mujer, latina, elegida por el presidente Barack Obama para ocupar un sillón en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se enfrenta a su confirmación en el Senado. No será fácil -nunca lo es, los 19 senadores (12 demócratas; 7 republicanos) que conforman el Comité de Asuntos Judiciales suelen 'freír' -el término en inglés es 'asar': 'grill') al candidato, que en algunos casos no ha superado la prueba-. Todo apunta a que este no será el caso. Sotomayor soportará días de preguntas y escrutinio sobre su pasado, su experiencia en la magistratura, sus ensayos, su juventud, su moral y su interpretación de la Carta Magna americana.
Pero como ha dicho el senador republicano Lindsey Graham, "a menos de que usted se derrumbe, va a ser confirmada". Los analistas políticos son de la misma opinión: a no ser que aparezca algo completamente fuera de lo normal, pasará la prueba y de forma abrumadora. Además, en principio los demócratas tienen los votos suficientes en el Senado (60 sobre 100) para que Sotomayor sea ratificada como la primera juez hispana de la historia de la máxima corte estadounidense.
Con halagos profesionales ha abierto la sesión el presidente del Comité, el demócrata Patrick Leahy. "Las cualificaciones de Sotomayor son fuera de lo común. Tiene más experiencia en el sistema judicial federal que ningún otro nominado para el cargo en los últimos 100 años". Leahy ha comparado a la juez que superó la barrera económica que le impuso una familia emigrante puertorriqueña y el Bronx neoyorquino con otros pioneros del Tribunal como Thurgood Marshall -el primer negro que se sentó en el Supremo-, Louis Brandeis -el primer judío- y Sandra Day O'Connor -la primera mujer-.
Donde los republicanos encontrarán terreno más abonado para la polémica será en las declaraciones que en el pasado la juez ha hecho sobre temas como la raza o el origen étnico. La frase más recordada y que hará sudar durante su confirmación a Sotomayor será aquella en la que dijo que "una latina inteligente" podría tomar mejores decisiones que un "hombre blanco" que ha carecido de las experiencias vitales de esa mujer. Eso lo dijo en 2001 y desde que se supo que Sotomayor ocuparía el puesto dejado vacante por David Souter, no se ha dejado de reproducir.
La posición de la magistrada, con 17 años en el sistema judicial y una carrera forjada en Princeton y Yale, en una sentencia contraria a una demanda por discriminación racial durante un proceso de ascensos de los bomberos de New Haven (Connecticut) será el otro caballo de batalla de los republicanos para torpedear su confirmación. El control sobre las armas y su posición sobre el aborto -un manifestante contrario a la interrupción voluntaria del embarazo tuvo que ser ayer evacuado de la sala debido a sus gritos sobre la juez- serán también asuntos que aprovecharán los conservadores para poner en duda las credenciales de Sotomayor.
Aunque no abiertamente, los republicanos admiten que atacar a la juez puede alejarlos más de los votantes hispanos, un 67% de los cuales votaron por Obama en las pasadas elecciones -sólo el 31% lo hizo por John McCain-. Los hispanos son la minoría que más rápido crece dentro de Estados Unidos y tienen un peso determinante en Estados electorales clave como California, Arizona o Nuevo México.
En su defensa, Sotomayor ha dicho que su filosofía judicial era "la fidelidad a la ley". "La tarea de un juez no es hacer la ley, si no aplicarla", ha dicho ante el Comité del Senado. Su discurso ha sido breve. Lo ha aprovechado para hacer un resumido repaso de su vida, desde sus humildes orígenes en el Bronx, cuando se quedó huérfana de padre a los nueve años y su madre se vio obligada a sacar a dos hijos adelante con el sueldo de una enfermera, hasta sus días en las prestigiosas universidades de Princeton y Yale y sus nominaciones para la judicatura de dos anteriores presidentes, George Bush padre y Bill Clinton. Será con un tercer presidente con quien Sotomayor alcance la culminación del sueño americano, de una cuna pobre a juez del Supremo. "Es nuestra Constitución la que hace posible ese sueño y lo que yo trato ahora es de respetar nuestra Constitución como juez del Tribunal Supremo".
Portada de El Federalista
EL PAÍS - Opinión - 09-07-2009
Pensada para garantizar la independencia, la condición vitalicia de los jueces del Supremo de EE UU se ha convertido en un lastre. Sonia Sotomayor puede sobrevivir décadas al final de la presidencia de Obama
Cuando Judith S. Kaye se retiró de su cargo como juez en jefe del Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York acababa de cumplir 70 años de edad y 25 de servicio a la judicatura. Durante su mandato, esta mujer formidable había convertido a Nueva York en la primera jurisdicción de su país -es decir, del mundo- para solucionar conflictos contractuales entre empresas, uno de esos logros caracterizados por la discreción de lo perdurable. Como el resto de sus colegas, había sido nombrada por el gobernador y confirmada por el Senado estatal para un mandato de 14 años, que fue renovado. Retirada, que no jubilada, la incansable señora Kaye trabaja ahora para Skadden-Arps, uno de los grandes despachos de abogados de Estados Unidos.
En cambio, el panorama que ofrecen los jueces de los tribunales inferiores de Nueva York es sombrío: elegidos también por 14 años, los candidatos están al albur de las organizaciones locales de los partidos -Demócrata y Republicano-, los cuales se rascan mutuamente las espaldas antes de ponerse de acuerdo sobre los seleccionados. Poco edificante, pero constitucional, según decidió el Tribunal Supremo federal el pasado año.
Cada uno de los 50 Estados de la Unión tiene su propio sistema de designación de jueces. Predomina la elección, aunque para los escalones superiores de la judicatura muchos Estados aplican sistemas parecidos al neoyorquino. Así, California deja que el gobernador nombre a los jueces de su Tribunal Supremo, con un mandato de 12 años, pero permite al electorado echarlos a la calle si las sentencias disgustan, algo que votantes airados han hecho más de una vez con jueces vistos como demasiado blandos con la pena de muerte.
Otros Estados importantes, como Texas, aún atan más corto a sus jueces teóricamente supremos a quienes eligen directamente por sólo seis años. No se asombren si luego los magistrados tejanos deciden más en función de sus probabilidades de reelección que en las de acierto sobre la interpretación razonada de la ley. De ello se trata.
Además de la preocupación constante por quedar bien con los electores, están las influencias: los grupos de intereses intentan lo que pueden y más por hacerse valer, por apoyar a tales o cuales candidatos, enviándoles señales sobre lo que se espera de ellos. La más inequívoca es el dinero, la contribución a la campaña electoral del candidato. Este año, el escándalo se ha encarnado en Brent Benjamin, un magistrado del Tribunal Supremo de Virginia Occidental, quien votó impávido a favor de la revocación de una sentencia que había condenado a Massey Energy, una empresa minera, a pagar una indemnización de 50 millones de dólares. Años antes, en 2004, una Massey ya envuelta en el pleito de marras había contribuido a la campaña de Benjamin con tres millones de dólares. Pese a ello, el pertinaz juez se resistió a retirarse del caso hasta que, por fin, ha tenido que terciar el Tribunal Supremo federal para recordarle que "del mismo modo que nadie puede ser juez de su propia causa, razones similares de miedo a la parcialidad pueden concurrir cuando un hombre elige a quien será el juez de su causa" (Caperton v. Massey).
En Virginia Occidental, los jueces de su Tribunal Supremo también se eligen directamente por los votantes, para un mandato de 12 años, tras campañas de un partidismo sonrojante. Casos así dan en qué pensar: abolir las elecciones a jueces es posiblemente una buena idea, pero requiere cambiar las Constituciones de los Estados, algo muy difícil de conseguir.
Más allá de la organización de la Justicia en cada uno de los 50 Estados, está el sistema paralelo de la justicia federal, cuyos integrantes son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos, pero -y esto es lo más importante- con mandato vitalicio.
En la cúspide del sistema, están los nueve magistrados del Tribunal Supremo federal, una combinación de Tribunal Supremo y Constitucional. Sus miembros gozan de un poder y una independencia inauditos en cualquier otro lugar del mundo. Sólo los tumban sus genes, su estilo de vida o el clima de Washington. ¿Está eso bien?
Ya no, de ninguna manera. El sistema federal de jueces vitalicios se diseñó para una época en la cual la gente que había conseguido sobrevivir a las infecciones y evitar el cólico miserere se moría, más o menos, a la edad bíblica de los 70 años. Hoy, cáncer aparte, podemos durar hasta los 90 o más, y yo, que ya tengo nietos, creo que cada generación tiene derecho a un cambio hasta de jueces. Por lo menos: el poder casi siempre abusa pero, sobre todo, hastía.
El actual presidente del Tribunal Supremo federal estadounidense, John Roberts (1955), nombrado en 2005 por Bush hijo, tiene ahora 54 años de edad: bien conservado, podría seguir en su cargo otros 30 años más. Esto no puede ser sano. E igual ocurrirá con Sonia Sotomayor (1953), recientemente nombrada por Obama y pendiente de confirmación por el Senado.
De hecho, aunque los medios de información, siempre monótonos, resaltan casi exclusivamente los perfiles étnicos e ideológicos de los designados -Roberts es caucásico y conservador; Sotomayor, latina y progresista-, el rasgo más destacado de ambos, además de su extraordinaria formación y gran experiencia, es la edad: están para quedarse, pues han sido designados para continuar en el Tribunal décadas después de que los presidentes que les pusieron en él hayan cesado. La combinación de la juventud relativa de los jueces con la naturaleza vitalicia de su función es explosiva. Aburrirán a mis nietos.
Un remedio razonable podría ser seguir el ejemplo del más alto tribunal de Nueva York y mantener el nombramiento al presidente, con confirmación del Senado, pero limitar los mandatos a 15 años. Tres lustros son suficientes para permitir que los jueces realmente listos vuelen con independencia de criterio por encima de quienes les ungieron y para que el Tribunal se vaya renovando generacionalmente. Mas Obama nunca hará tal cosa: en un Tribunal Supremo federal con mayoría conservadora, como el actual, Sotomayor sustituirá a otro magistrado liberal y no alterará los equilibrios políticos. Éste es un cambio que, dada la edad de los demás magistrados, el presidente normalmente sólo podría conseguir si ganara un segundo mandato en 2012. Se comprende, pues, que, hoy por hoy, el presidente pretenda rellenar con candidatos a su gusto los huecos que la ley suprema de la vida vaya dejando en el Tribunal. Ya habrá tiempo para reformas de estadista.
¿Quiénes se van a ir? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero la gracia de un analista es contar las cosas antes de que sucedan y dejar así al lector con armas letales en la mano: John Paul Stevens (1920), progresista nombrado por un presidente republicano, lleva casi 34 años en el Tribunal, cumplirá 90 en diciembre y prestaría un servicio claro a su país si resolviera retirarse de una vez. Ruth Bader Ginsburg (1933), designada por Clinton y coautora del primer casebook feminista de la historia, está desde hace 16 años, también podría querer irse, pues su salud es notoriamente frágil, pero a esta mujer no la apodan La Magnolia de Acero por capricho. Y quedan otros tres magistrados con más de 70 años cumplidos, aunque -prevengo- en los Estados Unidos de América, la jubilación forzosa es discriminación por razón de edad y está pésimamente vista. En todo caso, el buen ejemplo lo ha dado David Souter (1939), juez de una integridad marmórea, nombrado por Bush padre hace 19 años y que, el pasado abril, anunció que se retiraría al final de este año judicial para volver a su amado New Hampshire. El clima terrible de Washington es un factor, desde luego, pero lo fundamental es que América cuenta con muchos jueces excepcionales. Como David Souter y Judith Kaye.
La Corte Suprema de los Estados Unidos (2006)
Entrada núm. 1190 (.../...)
La escritora Nuria Labari
Dibujo original para este relato de César Fernández-Arias
