Las raíces de la violencia en las agresiones de género, el terrorismo supremacista y los ataques yihadistas son un problema cultural y estructural. En el fondo laten las relaciones de poder que separan a hombres y mujeres, a blancos y negros, y a occidentales y musulmanes, dice en un reciente artículo en El País el profesor Enrique Gil Calvo, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Ahora está casi olvidado porque la onda expansiva del atentado de Barcelona ha tapado cualquier acontecimiento anterior, comienza diciendo. Pero este mismo verano se han sucedido varios fenómenos relativos a la violencia íntimamente asociados. El precedente inmediato fue el atentado de Charlottesville, cuyo asesino empleó idéntico modus operandi que el perpetrado en las Ramblas. Y no era un yihadista musulmán sino un cristiano supremacista blanco. Aquello desató un vendaval mediático provocado por la increíble tolerancia mostrada por Trump. Pero aunque a menor escala local, otro parecido escándalo se produjo en España una semana antes, cuando el presidente canario Fernando Clavijo declaró, al hilo del enésimo feminicidio, que “la violencia machista es un problema de personas individuales”. Pues bien, al margen de la utilización política de esos crímenes por parte de las autoridades, ya sean los gobiernos español y catalán o los presidentes estadounidense y canario, aquí destacaré el hilo conductor de naturaleza sistémica o estructural que vincula entre sí a los tres tipos de terrorismo machista, racista o yihadista.
Lo más corriente es atribuir su causa al fanatismo cultural o al perfil psicológico de autores o víctimas, prescindiendo de otros factores sociales más profundos, entre los que destaca un elemento casi siempre olvidado, como son las relaciones subyacentes de poder. Lo cual equivale a poner la carreta delante de los bueyes, invirtiendo la relación entre causas y consecuencias. Pues estos crímenes no deben explicarse tan solo por los factores individuales o culturales que manifiestan sino por sus raíces estructurales o sistémicas. La causa determinante en última instancia es siempre la insuperable fractura derivada de la desigualdad estructural, en términos de relaciones de poder, que separa a hombres y mujeres, a blancos y negros (o morenos) y a occidentales y musulmanes, por los cuales estos (mujeres, negros y moros) están dominados por aquellos (hombres blancos occidentales).
Analicemos el caso de la pandemia feminicida. Para Clavijo, los crímenes misóginos no tienen causas sociales pues sólo serían una fortuita coincidencia de casos singulares desconectados entre sí. Ahora bien, si esta errónea presunción resulta preocupante es porque inspira no sólo a ciertos cargos públicos como el citado sino a las demás instituciones encargadas de perseguir la violencia criminal. Así ocurre con el Ministerio del Interior, que ha patrocinado oficialmente una macroinvestigación universitaria sobre la violencia de género dirigida por catedráticos masculinos de criminología que sólo utilizan el individualismo metodológico como perspectiva investigadora. Y este reduccionismo criminológico no sólo es ineficaz para explicar la prevalencia de las epidemias sociales sino que además contradice la filosofía sistémica que inspira la vigente Ley contra la Violencia de Género de 2004, expresamente confirmada por el Tribunal Constitucional.
Pero en el caso de la violencia supremacista o yihadista ocurre lo mismo. Los asesinos matan como agentes individuales y lo hacen movidos por razones personales, como no podía ser de otro modo. Es decir, que quien mata no es la misoginia, la xenofobia ni el islam sino los machistas, los racistas, los misóginos. Pero para explicar las causas y la prevalencia de sus crímenes hay que elevarse por encima del reduccionismo individual, buscando factores sociales más amplios. La violencia de género y el terrorismo supremacista o yihadista son un problema no sólo individual sino además cultural y estructural. Por tanto, para contenerla no basta con procesar y tratar a sus agentes individuales, los machistas xenófobos y fanáticos. Eso es condición necesaria pero no suficiente, pues además hace falta intervenir sobre la realidad social, combatiendo tanto los prejuicios culturales como sobre todo la injusta desigualdad institucional.
Si racistas y misóginos matan es en defensa de su propia supremacía que creen amenazada por la progresiva emancipación de las mujeres o las minorías raciales sometidas a su poder. Los hombres acosan, maltratan, violan y matan porque pueden y se creen con derecho a ello, ya que ocupan posiciones revestidas de poder sobre mujeres y migrantes. Víctimas estas que a su vez son acosadas, excluidas, maltratadas, violadas y asesinadas porque no tienen más alternativa que adaptarse a un sistema que las discrimina y las segrega, asignándolas a posiciones inferiores sometidas al poder institucional de los hombres que las rodean. Y en el caso del yihadismo ocurre lo mismo pero a la inversa, pues los muyahidines atentan, masacran y se suicidan para dar testimonio de la barrera excluyente que los segrega y discrimina, en contra de los sagrados valores de libertad igualdad y fraternidad que los occidentales profesamos de boquilla pero contradecimos en la práctica, al mantener y reforzar esas barreras del apartheid supremacista occidental encargado a nuestras instituciones (la doble red público/privada escolar, sanitaria y laboral) o a sus élites neocoloniales subalternas (las monarquías feudales y las dictaduras militares a nuestro servicio) que nos protegen de su presunta amenaza.
Por eso de poco sirve la judicialización individual del problema mientras no se toquen las causas estructurales e institucionales que lo hacen posible. Esa es la razón principal que explica el fracaso de la ley de Violencia de Género de 2004, que si bien en su preámbulo reconoce que se trata de un problema sistémico y estructural, sin embargo en su tratamiento lo reduce a un enfoque judicial y criminológico. Un encuadre individualizador condicionado además a la previa denuncia de las víctimas, lo que en la práctica implica responsabilizarlas de su propia victimación. Y esto, unido a la exclusiva tipificación de los crímenes de pareja (el uxoricidio) como la única violencia de género reconocida, dejando fuera de la ley a todas las demás formas de agresión contra la mujer (acoso, violación, trata, prostitución, etc.), determinó el frustrante desarrollo de la ley. Menos mal que ahora se ha logrado un cierto consenso en torno a la necesidad de reformarla, dando lugar al reciente Pacto de Estado aprobado en el Congreso.
Pero no sin problemas, incluidos los semánticos. Ante todo, se perpetúa la discriminación entre dos formas de violencia contra la mujer, según haya relación de pareja, o no, entre víctima y perpetrador. Contra esta injusta discriminación resulta urgente ampliar el tipo penal para que proteja no sólo a las mujeres privatizadas, propiedad de sus parejas actuales o pasadas, sino también a las mujeres libres y emancipadas sin emparejar, a las que la ley actual ignora dejándolas a su suerte. Y además hay que mantener el concepto de violencia de género frente al eufemismo de violencia machista, para subrayar que estamos ante un problema no tanto cultural como estructural. Pues lo que mata no es el machismo (como tampoco mata el racismo o el islam) sino el género: es decir, la exclusión por sistema de la mujer (o del moro, el negro o el moreno) por el simple hecho de serlo, concluye diciendo.
Dibujo de Eva Vázquez para El País
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