[TEORÍA POLÍTICA] Una opción federal

La muerte de Sócrates, por Jacques-Louis David (1787)

En abril de 2011 subí al blog una entrada, titulada Federalismo mejor que nacionalismo, que se ha convertido en una de las diez más visitadas del blog. Espero que no sea por el desabrido comentario de su inicio sobre una final de copa futbolística, y sí por la defensa del federalismo como opción política para Canarias, España y Europa que en ella proponía. 

Soy un federalista convencido. No sólo creo que el federalismo, tal y como lo expusieron a finales del siglo XVIII los ilustrados norteamericanos Hamilton, Madison y Jay en su memorable libro El Federalista (se dice que su lectura y comprensión equivale a un máster en Ciencias Políticas), es la mejor forma de organizar políticamente una sociedad, es decir, de organizar un Estado, sino que como expreso en la columna de presentación del blog es también el mejor marco donde desenvolver y desarrollar la autonomía personal y el autogobierno de los pueblos. Si lo desean, les invito a explorar las entradas dedicadas al tema en Desde el trópico de Cáncer poniendo la voz "federal" o "federalismo" en el buscador del blog.

Hoy me complace iniciar una nueva sección del blog dedicada a la Teoría Política, subiendo al mismo el estudio académico de la profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, Amuitz Garmendia Madariaga. Doctora en Ciencias Políticas  por la Universidad de Binghamton (Nueva York), la profesora Garmendia ha sido también investigadora Max Weber en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Su agenda  está centrada en el estudio de la economía política comparada, el federalismo y la descentralización, y en el estudio del comportamiento y la competición política en las democracias multinivel.

El trabajo de la profesora Garmendia: "La posible plasmación de la teoría del tercer miembro del Estado federal en el ordenamiento jurídico español", publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en sus Papeles de Trabajo nº 5 (2011), que pueden leer en el enlace inmediatamente anterior, defiende la teoría de que el Estado autonómico español es, jurídicamente, un Estado federal, reinterpretado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de la posición de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. Todo ello, a partir de la existencia implícita de un "tercer miembro" que subyace en la actual comprensión del Estado autonómico, como garantía del principio de unidad en un Estado descentralizado como el nuestro.

La "Teoría del tercer miembro del Estado federal" fue formulada por el jurista austriaco Hans Kelsen (1881-1973). En ella defiende que las Federaciones y los Estados miembros de las mismas se encuentran ubicados en una misma posición, no de subordinación de uno a otro, lo que presupone un tercer ámbito jurídico constituido, la "Constitución total", supraordenada a aquellos otros. 

La profesora Garmendia defiende que a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre principios tales como el de soberanía nacional, que radica exclusivamente en el pueblo español (no en el Estado ni en las autonomías) o el de competencias del Estado central y de las Comunidades autónomas, se puede sostener la existencia implícita de un "tercer miembro" o Constitución total, que engloba a los otros dos miembros clásicos del Estado federal: la Federación y los Estados miembros, cuya virtualidad se encuentra en la necesidad de su existencia para comprender la lógica del ordenamiento jurídico español y de sus características, así como sus posibilidades de elemento integrador y fortalecedor de la unidad nacional. Les recomiendo su lectura encarecidamente.

Banderas de las Comunidades autónomas españolas

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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Entrada núm. 4458
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Estoy cansado de que me habléis del bien y la justicia; por favor, enseñadme, de una vez para siempre, a realizarlos (G.W.F. Hegel)

[A VUELAPLUMA] La España de las autonomías

La crisis catalana ha hecho tambalearse la creencia de que el Estado de las autonomías había adquirido, más o menos, su forma definitiva. Pero lejos de romper con el sistema hay que aprovechar que la Constitución es reformable, escribe en El País Álvaro Delgado-Gal, físico, filósofo, profesor de Lógica y Filosofía del Lenguaje en la Universidad Complutense de Madrid, y director de Revista de Libros.

La gran crisis catalana ha tenido sobre la nación dos efectos, manifiesto el primero y menos visible y tal vez más importante el segundo, comienza diciendo. No es cuestión baladí, desde luego, que la mitad de la clase política se haya amotinado en una de las regiones más pobladas de España y la cuarta en renta per cápita. Sin embargo, hay más, mucho más. El espasmo secesionista catalán ha conmovido la creencia de que el Estado autonómico había adquirido su hechura definitiva, punto arriba, punto abajo. Esta idea encerraba un aspecto moral y otro ejecutivo: se entendía que los poderes locales proclives al nacionalismo estaban siendo capaces de conciliar su sesgo ideológico con una lealtad suficiente al país en su conjunto, y que no entrañaba riesgos grandes darle hilo a la cometa. Pero la hipótesis ha decaído, como la fe en la medicina homeopática o la invulnerabilidad de la línea Maginot. Un balance muy rápido de lo que en este momento se piensa y no siempre se dice, incluiría por lo menos los puntos siguientes: uno, que la vigencia de la ley en Cataluña comenzó a debilitarse a partir de 1984, cuando se renunció a pedir responsabilidades a Jordi Pujol en todo lo atinente a la quiebra de Banca Catalana; dos, que la inhibición prolongada del Estado indujo la aparición en aquella comunidad de fueros o jurisdicciones informales y no controlables; tres, que consecuencia y, a la vez, condición sine qua nonde todo esto, fue una desnaturalización de la Constitución; cuatro, que el comportamiento de los grandes partidos nacionales fue equívoco, por cuanto inspirado, no ya en un principio de prudencia, sino en la necesidad en que cada uno se veía de completar mayorías parlamentarias en oposición al otro; cinco, que la única alternativa para hacer compatible la pugna partidaria con la imposición de la ley en todo el territorio, a saber, un acuerdo sobre mínimos en los extremos que más afectan a la integridad del Estado, no se adoptó finalmente, o por sectarismo o por inadvertencia o por las dos cosas a un tiempo.

Resultaría enormemente injusto extraer de este diagnóstico una interpretación integral de los años que nos separan del 78. Ahora bien, la ecuanimidad, exigible en los libros de historia, rara vez contagia a la historia misma, y no excluyo grandes sustos y accidentes en los años venideros. En lo referente a las causas mediatas o inmediatas del gran drama del uno de octubre de 2017 (drama en un sentido teatral, amén de histórico), caben conjeturas diversas. Es posible afirmar, no sin fundamento, que el proceso de desarticulación nacional estaba muy avanzado, y que por algún sitio tenía que saltar la liebre; o también que entraba dentro de lo esperable que el envión penal contra la familia Pujol fuera interpretado por círculos convergentes como una ruptura del pacto implícito que hasta ese momento había regido las relaciones entre Madrid y el nacionalismo catalán. En realidad, los dos argumentos son complementarios. El primero, no obstante, ofrece al análisis más ángulos que el segundo. Conforme se desleía el Estado, la política se iba adaptando a esa mengua o disminución, complicada de sobrellevar aunque, en apariencia, no letal. La resulta ha sido una mutación en bloc de las autonomías, de los partidos y de las expectativas asociadas a los mandatos constitucionales. Más a hurtadillas que de manera explícita, y más por vía práctica que enunciativa, se ingresó en usos de gobierno crecientemente alejados de lo previsto en el 78.

La deriva, proyectada en un horizonte virtual, apuntaba hacia lo que Pedro Sánchez, en uno de sus momentos (momentos tan mudables y espantadizos, que se necesita cuaderno y lápiz para no hacerse un lío cuando se intenta situarlos en el calendario), ha denominado “nación de naciones”. En otras palabras, un arreglo confederal. Dado, sin embargo, que la confederación no es viable, por razones que estimo innecesario enumerar aquí, nos encontramos con que el proceso ha terminado por ser, más que de recolocación, de descomposición, tanto en lo que toca a la estructura estatal, como a las conductas que deberían protegerla. Los compromisos, los reflejos, las inercias acumuladas durante decenios se han convertido en un obstáculo para que se intente lo que no se puede dejar de intentar, esto es, una reconducción del Estado autonómico y la inauguración de modos políticos menos atentatorios contra la estabilidad nacional.

Se comprueba lo apurado del caso observando el revuelo reciente sobre la aplicación del cupo vasco. Ciudadanos la ha denunciado como insolidaria y poco democrática. Absolutamente nadie puede poner en duda que es insolidaria y poco democrática. No se comprende que la segunda comunidad española en renta per cápita no transfiera recursos y pueda, gracias a esta singularidad, invertir en dinero público por habitante una cantidad que dobla a la media nacional. Pese a ello, muchos han acusado a Ciudadanos de demagógico, me temo que no siempre de mala fe. En efecto, la libertad de maniobra, en los tiempos que corren, es muy estrecha, sobre todo si se asume el punto de vista de un profesional de la política. Forzar la equidad en el País Vasco obligaría a vencer la voluntad de las filiales populares y socialistas en aquella región, produciría un enfrentamiento con el PNV y, punto más interesante aún, exigiría medidas cuyo alcance no es previsible y que podrían conducir, en virtud de una lógica intrínseca, a revisar el juego de flujos, prestaciones y contraprestaciones que en la interfaz autonómica (no sola catalana o vasca sino igualmente andaluza, manchega, gallega o castellanoleonesa) gobierna la captación de recursos y habilita a los grandes partidos nacionales para proveer cargos y poner orden en sus filas. El argumento de que el encaje de Cataluña será imposible mientras esta siga sufriendo un agravio fiscal comparativo, y de que el empate por lo alto tampoco es hacedero, puesto que la extensión del privilegio haría que el Estado fuera infinanciable, remite a tiempos y plazos que se perciben como remotos y por ende políticamente no operativos. La resulta es una suerte de parálisis, o, peor, de multiplicación de movimientos que mutuamente se contradicen. Lo evidencia la actitud esquizofrénica del PSOE, favorable en Cataluña a políticas no redistributivas, y en Andalucía a la redistribución en nombre, no de la igualdad de todos los españoles, sino de derechos regionales que se envuelven en una retórica de acento localista y fugas seudonacionalistas.

Por ahí irá perdiendo fuerza el sistema actual. Y por otros rotos y descosidos que el lector no tendrá dificultad en imaginar. Cada cierto tiempo, y ha transcurrido bastante, el tinglado partidario se desgasta, y se precisa algo más que cataplasmas y composturas para que continúe funcionando. Por fortuna, no se adivinan alternativas a la democracia del 78 ni nadie piensa seriamente en salirse de la Unión Europea, salvo algunos radicales y los independentistas, los cuales, bien mirado, tampoco quieren salirse de la Unión Europea. Y tenemos una Constitución, y, por tanto, la oportunidad de reformarla. Ya vendrá la buena. Paciencia y barajar.

Dibujo de Eva Vázquez para El País

Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt

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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)

[A vuelapluma] El cupo vasco, inconstitucional

El Cupo vasco es inconstitucional, afirma el abogado y escritor José María Ruiz Soroa en El País. El Concierto está recogido en la Constitución, pero esta prohíbe que las diferencias entre comunidades autónomas impliquen privilegios económicos o sociales como los que en la práctica otorga el opaco cálculo de la compensación anual.

Me van a permitir que comience mi exposición con dos brochazos de trazo grueso. El primero, las Leyes Quinquenales de Metodología para la determinación del cupo contienen, en forma de anexo,una grosera cifra global del importe de las competencias asumidas por el País Vasco y de las compensaciones a aplicar por otros conceptos, de las cuales resulta el cupo líquido a abonar. Pues bien, nadie ha sido nunca capaz de explicar de dónde salen esas cifras, es decir, cómo y por qué se han valorado así las competencias (no se dice ni cuáles son) y no en otra cifra diversa. Es un cálculo que todos los expertos definen como totalmente opaco. Resulta así que el Congreso aprueba mansamente cada cinco años un cálculo que no lo es tal, unas cifras que no están explicadas y menos justificadas, que sólo los Gobiernos de Vitoria y Madrid saben de dónde han salido. Sorprendente, ¿no?

Pero, segundo apunte, resulta además que estas Leyes del Cupo se aprueban por un procedimiento de lectura única que no permite discutirlas ni enmendarlas sino sólo votarlas sí o no. Recordará el lector que ese procedimiento es el que la mayoría del Parlament de Catalunya decidió aplicar en septiembre pasado a las leyes de desconexión y referéndum, siendo acusado por ello de haber violado los derechos de la minoría al examen y discusión reposada de los proyectos de ley. Pues eso mismo es lo que se hace en Madrid con las Leyes del Cupo, aunque una minoría se oponga. Tramitar sin explicación ni debate una norma basada en un cálculo que nadie entiende. Más sorprendente aún, ¿no?

Dado que la forma en que ha sido calculado es opaca e impenetrable para los propios expertos, parece claro que la única manera de valorar si el Cupo es correcto o no desde un punto de vista económico y fiscal es la de fijarse en los resultados empíricos que produce. Tales resultados son al final el único índice que permite deducir si la cantidad que el País Vasco abona anualmente al Estado como pago de las competencias comunes no asumidas que este le presta (en eso consiste el meollo del Concierto) es correcto. O, lo que es lo mismo, si la parte de impuestos recaudados en y por Euskadi que esta comunidad se queda para financiar las competencias asumidas (policía, educación, sanidad, etc) es la correcta. ¿Correcta desde qué parámetro, preguntará el lector? Pues desde el de igualdad de trato, es decir, el que establece que, a igual esfuerzo fiscal de sus poblaciones y a igual nivel de competencias a financiar, todas las comunidades españolas deberían disponer de una financiación per capita similar: la justicia como imparcialidad.

Pues bien, estos cálculos sí están hechos, discutidos y contrastados por los expertos en la materia (me refiero, por citar a algunos, a Ignacio Zubiri, Carlos Monasterio o Ángel de la Fuente, o a la Fundación BBVA, o al Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas). Aquí sí que luce la claridad, en contraste con la penosa fraseología huera de precisión de los políticos de turno. Y tales datos dicen que las instituciones vascas disfrutan hoy de más del doble de financiación pública por habitante que la media de las comunidades de régimen común. Y que además el importe de esa sobrefinanciación no cesa de crecer: 165% (2002), 177% (2007), 235% (2009). Y crecerá más con el nuevo minicupo.

Visto desde otro ángulo, la ventaja vasca en financiación se prueba también en el hecho de que esta comunidad no contribuye al esfuerzo de igualación entre comunidades mediante la redistribución a través de los fondos de suficiencia. Siendo como es una región cuya riqueza es muy superior a la media española debería presentar un saldo fiscal negativo (como sucede con las otras “ricas” como Madrid, Cataluña o Baleares), es decir, debería ser aportadora neta de fondos a la solidaridad en un importe de alrededor del 8% de su propio PIB. Pues bien, los números demuestran que por el contrario Euskadi es receptora neta de financiación del resto de España, una situación incomprensible e inimaginable en cualquier sistema federal comparado.

Últimamente, y para intentar justificar lo injustificable, se arguye por los defensores del Cupo que esta sustancial ventaja está justificada por la asunción de un riesgo unilateral. La idea sería que Euskadi estaría asumiendo el riesgo de que, si en algún momento la recaudación fiscal en la comunidad vasca se desplomase y pasara a ser una región “pobre”, entonces no podría reclamar la solidaridad del resto del Estado sino que tendría que apechugar ella sola con su pobreza. Los 7.000 millones que se ahorra ahora no serían, así, sino la prima por correr con un riesgo. El argumento no se tiene de pie, puesto que se trataría de un riesgo inexistente: Euskadi siempre ha sido más rica que la media, y precisamente su ventaja vía Cupo hace que se vuelva más y más rica comparativamente con las demás regiones. Nunca en la historia ha sucedido ese espantoso caso cuya teórica posibilidad cobran tan alto los vascos.

Carece igualmente de cualquier fundamento empírico contrastado, igual que de cualquier cálculo ajustado, el argumento de que la ventaja vasca se debe en realidad a una mayor eficacia de su gestión de los tributos, a una Hacienda foral de rigor superior a la española que sacaría dinero donde otros no lo encuentran. Un argumento de corte supremacista carente de cualquier estudio ad hoc que lo soporte.

Por último, no es cierto que los vascos paguen más impuestos y por eso tengan más recursos (Montoro dixit). Lo cierto es que todos los impuestos concertados son más bajos en el País Vasco que en el territorio común, lo que sucede es que debido a su mayor riqueza y a la progresividad del sistema tributario la presión fiscal media es un 3% superior. Igual que sucede en otras comunidades ricas, claro, la diferencia está en que Euskadi retiene íntegramente para sí el exceso de recaudación mientras que Cataluña o Madrid lo aportan a la solidaridad.

Ultimo y aparentemente definitivo argumento: el sistema de Concierto está recogido en la Constitución (DA 1ª), luego cállense los críticos que esto no hay quien lo toque. ¿Correcto? No: lo que la Constitución amparaba eran los “derechos históricos de los territorios forales” pero (incluso suponiendo —que ya es mucho— que el Concierto Económico caiga dentro de ese vago concepto), añadía que su actualización debe llevarse a cabo dentro del marco de la Constitución. Y ese marco constitucional expresamente prohíbe (artículo 138) que las diferencias entre las comunidades autónomas puedan implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. O sea, Concierto sí, pero desarrollado en la práctica de manera que no genere diferencias de contribución o financiación tan potentes como para ser calificables de “privilegio”. Y si un Cupo que garantiza a los vascos disponer del doble de financiación para servicios públicos que los demás españoles (insisto, a iguales servicios y a igual esfuerzo fiscal) no es un privilegio de los que repugnaba y repelía el artículo 138, que baje Dios y lo vea.

Dibujo de Nicolás Aznárez para El País

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HArendt

Entrada núm. 4070
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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)