miércoles, 6 de septiembre de 2017

[Pensamiento] Presente y futuro de la desigualdad





Si en mi A vuelapluma de ayer martes el profesor Gil Calvo expresaba que la causa determinante en última instancia de la violencia era siempre la insuperable fractura derivada de la desigualdad estructural que separa a hombres y mujeres, a blancos y negros y a occidentales y musulmanes,  subo hoy al blog la experta opinión de Alfonso Novales, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, quien analiza el presente y el futuro de la desigualdad global reseñando en Revista de Libros la reciente obra de Branko Milanović, economista serbio-estadounidense, profesor de la City University of New York, y especialista en desigualdad económica y economía de la pobreza, titulada Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization (Harvard University Press, Cambridge, 2016).

Los setecientos expertos mundiales que participaron en la elaboración del informe Global Risks 2014 durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza), comienza diciendo, designaron la desigualdad en los ingresos como el asunto que mayor impacto podría tener sobre la economía mundial en la próxima década, por delante de los eventos climáticos extremos, el alto desempleo, las crisis fiscales y los riesgos geopolíticos. Más recientemente, el mismo Foro de Davos incluyó la desigualdad global entre los ocho temas clave sometidos a discusión en 2016. Cuando parece vislumbrarse la salida de la profunda crisis económica y financiera vivida en el mundo desarrollado, pocas preocupaciones son tan visibles como los actuales niveles de desigualdad, que alcanzan en muchos países valores no conocidos desde finales de la Primera Guerra Mundial, en un proceso de elevación que se inició a comienzos de siglo y que se vio acentuado por la incidencia de la crisis económica.

Paradójicamente, se escuchan, asimismo, con cierta frecuencia, incluso en círculos académicos, opiniones respecto a que el verdadero problema es la pobreza, y que es la carencia de bienes materiales lo que debe preocuparnos. Consecuentemente, la política económica debería ocuparse de generar crecimiento, el cual reducirá o incluso eliminará la pobreza y corregirá significativamente los actuales niveles de desigualdad. Afirmaciones de este tipo pueden deberse a una cierta pereza intelectual en distinguir ambos conceptos, pobreza y desigualdad, que con frecuencia aparecen mezclados en el debate.

Con frecuencia, pobreza y desigualdad aparecerán juntas, y una elevada desigualdad implicará que una parte significativa de la población sufre carencias materiales; pero también puede imaginarse una sociedad rica en la que existe alta desigualdad, pero apenas carencia de bienes materiales. Es todavía más sencillo imaginar un país en África subsahariana, por ejemplo, con una reducida desigualdad, pero una carencia material extendida a la mayoría de la población. Por tanto, pobreza y desigualdad pueden manifestarse, asimismo, por separado. A diferencia de la pobreza, la desigualdad es un concepto relativo, basado en comparaciones entre personas. Mientras que la lucha contra la pobreza persigue que todas las personas tengan satisfechas sus necesidades materiales básicas, lo cual puede analizarse individuo a individuo, la lucha contra la desigualdad busca que las condiciones en que vive cada persona no sean injustificadamente inferiores a las que disfrutan las personas de su entorno.

La distinción entre desigualdad y pobreza no es una cuestión menor, pues hay varias razones para preocuparse directamente por reducir la incidencia de la desigualdad:

a) Richard Wilkinson y Kate Pickett aportan abundante y variada evidencia empírica, sugiriendo que el nivel de desigualdad en la distribución de la renta pudiera ser un determinante adicional de la incidencia de problemas sociales y sanitarios en economías desarrolladas. Examinando datos procedentes de un conjunto de economías desarrolladas, así como de los diversos Estados dentro de Estados Unidos, obtienen sistemáticamente una relación entre el nivel de desigualdad en la distribución de la renta y la incidencia de un amplio número de problemas sociales o médicos: mortalidad prematura, tasas de homicidios, nivel de emisiones CO2, tasas de encarcelamiento, abandono escolar, embarazos en adolescentes, resultados escolares, confianza en los demás, obesidad, movilidad social, enfermedades mentales, uso de drogas, esperanza de vida, mortalidad infantil, deteriorándose todos los indicadores considerados de estos conceptos al aumentar el nivel de desigualdad en la distribución de la renta.

b) Algunos elementos cruciales en las relaciones entre crecimiento económico, desigualdad y pobreza sugieren cuestiones importantes. En primer lugar, parece claro que el mejor instrumento para luchar contra la pobreza es el crecimiento económico. En segundo lugar, existe clara evidencia empírica acerca de que un mayor nivel de desigualdad en un país es un obstáculo para el crecimiento económico. En tercero, la capacidad del crecimiento económico para reducir la pobreza está inversamente relacionada con el nivel de desigualdad de un país. Por eso puede decirse que la reducción de la desigualdad entraña un «doble dividendo» en la lucha contra la pobreza, puesto que no sólo estimula el crecimiento, sino que aumenta su efecto reductor de la pobreza.

c) Razones éticas: quienes hemos tenido la suerte de nacer en el mundo desarrollado no podemos sino interesarnos por quienes no han tenido igual suerte y disponen de una renta muy inferior a la nuestra o unas oportunidades de desarrollo personal y profesional mucho más limitadas que las que nosotros disfrutamos.

Los dos primeros argumentos consideran las nocivas consecuencias del nivel de desigualdad dentro de un país, mientras que los argumentos de tipo ético contemplan la desigualdad global entre todos los ciudadanos del mundo. La desigualdad interna a un país ha sido tradicionalmente el objeto de estudio, pero, en los últimos años, el análisis de la desigualdad global ha cobrado una importancia mucho mayor. Una de las razones es puramente técnica: sólo recientemente hemos comenzado a disponer de encuestas realizadas a hogares en una mayoría suficiente de países y con una metodología común, lo cual permite establecer comparaciones de renta per cápita entre países y cuantificar los niveles de desigualdad entre todos los ciudadanos del mundo. Antes de disponer de este tipo de encuestas, los análisis de desigualdad previos a los años ochenta se basaban en desagregar la renta nacional imponiendo algún supuesto sobre la forma de su distribución de renta. Evidentemente, tal supuesto condiciona decisivamente las estimaciones resultantes. Existen también análisis históricos de desigualdad muy interesantes por la antigüedad de las épocas a que se refieren, pero que exigen un cierto esfuerzo de interpretación, pues la escasez de datos obliga a utilizar indicadores indirectos de desigualdad, como pueda ser la estatura de la población.

Una segunda razón que explica la mayor relevancia actual del debate sobre desigualdad global se debe a que el proceso de globalización de la información que estamos viviendo constituye una auténtica revolución que está alterando drásticamente muchas de nuestras concepciones. Parece razonable pensar que el bienestar que siente una persona depende de sus posibilidades de desarrollo en términos relativos respecto de su entorno. En el actual mundo globalizado, donde prácticamente todas las personas conocen las condiciones de vida de los demás ciudadanos del mundo, la evaluación de su propio bienestar no es la misma que cuando sólo se conocían las condiciones de vida de entornos próximos. En tal contexto, la preocupación por conseguir unas condiciones dignas de vida debe extenderse a todas las personas, no importa cuál sea su país de residencia. De ahí la preocupación por la desigualdad global, la que existe cuando comparamos a todos los ciudadanos del mundo de acuerdo con conceptos como renta, riqueza, bienestar, consumo o nivel de educación.

La desigualdad global, la que afecta a los distintos habitantes del planeta, se nutre de dos elementos: la desigualdad entre las rentas per cápita de los diferentes países, y la desigualdad interna a cada país. La desigualdad entre países estará lógicamente relacionada con la disparidad de tasas de crecimiento económico de los distintos países, y se reducirá si se produce un proceso de convergencia en renta, es decir, si las economías pobres crecen más rápidamente que las economías ricas, de manera sostenida. La desigualdad interna a un país estará condicionada por el mecanismo distributivo vigente, el cual a su vez dependerá de varios factores, que van desde la naturaleza del crecimiento económico hasta la calidad de las instituciones formales e informales, políticas y económicas. Como ya he mencionado, la desigualdad interna en un país suscita importantes dificultades, por lo que merecería ser considerada como un objetivo político.

Las dos secciones siguientes del artículo examinan algunos aspectos relativos al modo en que ambos tipos de desigualdad −la desigualdad entre países y la desigualdad interna a los países− inciden sobre la desigualdad global. Posteriormente, me referiré a la evolución reciente y el futuro previsible de la desigualdad global, con especial atención a Estados Unidos y China, y finalizaré con referencias a las consecuencias del declive que está produciéndose en la clase media de los países ricos.

En su libro Global Inequality, Branko Milanović denomina «prima de ciudadanía» a la diferencia en la renta per cápita de un país respecto del promedio global o a la diferencia entre la renta per cápita de dos países, en el caso de que se establezcan comparaciones bilaterales. En unos países será positiva y, en otros, negativa, indicando el beneficio o pérdida de renta debidos al lugar de nacimiento. La existencia de una prima de ciudadanía constituye el «efecto localización», el componente de renta que viene explicado por el lugar de nacimiento de un individuo, y es consecuencia de la desigualdad entre países. El «efecto clase» es el componente de la renta de una persona debido al entorno social en que nace dentro de su país y refleja la desigualdad interna a un país. Si los pobres y los ricos estuvieran uniformemente distribuidos entre países, el efecto clase sería predominante; por el contrario, si existe una concentración de ricos en un conjunto de países y de pobres en otro conjunto de países, el efecto localización será el factor más relevante para explicar la desigualdad global. Pues bien, el efecto localización era casi despreciable en 1820, y sólo un 20% de la desigualdad global se debía a la diferencia entre países. Había ricos y pobres en todos los países, y la pertenencia a una clase social era lo que importaba. Esto cambió por completo durante el siglo siguiente: a mediados del siglo XX, un 80% de la desigualdad global se debía al lugar en que una persona había nacido, mientras que el 20% se refería a la clase social. El mundo ha ido desgajándose en zonas cada vez más dispares, que van desde el mundo más desarrollado hasta lo que Paul Collier denomina The Bottom Billion, Estados fallidos, países que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo. Esta situación perdura, y hace que exista una «prima de ciudadanía» positiva si se nace en un país rico, y negativa si se nace en un país pobre, que resultan difíciles de defender en términos de justicia.

Más adelante veremos que se ha producido una notable convergencia en la renta per cápita entre países en las últimas décadas, a pesar de lo cual el país de nacimiento es todavía el principal determinante de la renta de una persona. También es un hecho que la crisis económica ha acentuado el repunte de desigualdad interna que se inició a finales del siglo pasado en muchos países ricos. De hecho, el factor que condiciona actualmente la evolución de la desigualdad global no es la diferencia en renta per cápita entre países, sino el aumento de la desigualdad dentro de los países. Si ambos procesos continúan, podríamos regresar a la situación del siglo XIX, en el que la pertenencia a una determinada clase social era la principal causa de desigualdad, pero aún estamos lejos de tal situación.

¿Qué implica la prima de ciudadanía para la desigualdad de oportunidades y la emigración? En ocasiones se ha tratado de justificar la mayor renta percibida por los ciudadanos de los países ricos afirmando que a estos se les paga mejor porque trabajan más. Pero el argumento del esfuerzo tiene difícil soporte empírico, pues el número de horas trabajadas es, si acaso, mayor en países pobres, y si comparamos ocupaciones que implican el mismo nivel de esfuerzo, existen grandes diferencias de salarios entre países. Por tanto, una prima de ciudadanía más bien refleja una carencia de igualdad real de oportunidades y, lo que es peor, incita a dudar de que la igualdad de oportunidades pueda mejorar sustancialmente en el mundo desarrollado en el futuro. Esta sensación constituye el principal incentivo a emigrar desde los países pobres.

Los ciudadanos de países pobres pueden multiplicar su renta por un elevado factor si emigran a un país rico. Pero la ganancia potencial depende de la posición que dicha persona ocupe en la distribución de renta de su país y la que pueda aspirar a ocupar en la distribución de renta del país de acogida. Si una persona considera dos países como posible destino migratorio, su decisión podría basarse en el tramo de la distribución de renta en el que confía en situarse y, por tanto, depende del nivel de desigualdad de cada país. Por ejemplo, si un emigrante espera acabar en algún percentil bajo de la distribución de renta, estará mejor en Suecia que en Estados Unidos, puesto que en la primera los pobres están mejor situados en relación con la renta media que en la segunda o, lo que es lo mismo, la prima de ciudadanía, evaluada en los percentiles bajos de la distribución de renta, es más alta. Por el contrario, si espera terminar en un percentil superior, sucederá lo contrario. Esto es malo para los países ricos más igualitarios, que atraerán emigrantes de escasas capacidades técnicas que esperan terminar en la parte baja de la distribución de renta. Tener un Estado de bienestar más desarrollado podría tener este efecto perverso. Otro elemento a tener en cuenta será el grado de movilidad social. Un país desigual, pero con alta movilidad, será más atractivo para trabajadores con mayores capacidades.

Ante estas consideraciones, algunos países ricos aceptan únicamente a inmigrantes “cualificados” con altos niveles educativos o con habilidades artísticas o deportivas. En otros casos, se intenta atraer a inmigrantes ricos, como también ha hecho el Gobierno español, concediéndoles la ciudadanía si invierten determinada cantidad en el país receptor. Con este tipo de estrategias, la nacionalidad se compra, lo cual puede ser éticamente debatible, en el sentido apuntado por Michael Sandel. Este tipo de políticas es atractivo para el país, pero desde el punto de vista de la desigualdad global es doblemente discriminatorio: a la existencia de una prima de ciudadanía añadimos que dicha renta pueda ser disfrutada por personas que, no habiendo tenido la suerte de nacer en un país rico, disponen de habilidades excepcionales o de riqueza, aunque no por las demás personas que no cuentan con tales recursos. Además, puede favorecerse que los ciudadanos más educados o más ricos de los países más pobres abandonen su país de origen, debilitando todavía más, de este modo, las posibilidades de desarrollo del mismo.

Las barreras a la emigración son la contradicción más flagrante de la globalización. Teóricamente, la globalización implica la posibilidad de que los factores productivos, los bienes, la tecnología y las ideas puedan moverse entre países sin restricciones. Esto es prácticamente cierto en la actualidad, incluyendo también al capital financiero y al comercio en servicios, pero no lo es para el factor trabajo. Allí donde existe en el mundo una frontera entre un país rico y un país pobre, surge un conflicto migratorio. La respuesta ha sido en muchos casos la construcción de barreras físicas de uno u otro tipo, que pueden truncar o aminorar el flujo de personas, pero nunca van a resolver el problema. Tenemos ejemplos en la propia frontera sur de España, y el presidente Trump hizo de la muralla con México uno de los temas estrella de su campaña que, además, está tratando de materializar en los inicios de su mandato. El reflejo más próximo de las barreras a la inmigración fue la más que tibia y descoordinada respuesta de la Unión Europea ante el fuerte incremento en los flujos migratorios provenientes de Oriente Próximo el pasado verano, así como ante la continua tragedia que se vive en el Mediterráneo desde hace unos años, que ha convertido nuestro querido mar en una trampa mortal para miles de personas.

Estas situaciones reflejan la tensión que existe entre el derecho de los ciudadanos a abandonar su propio país y la falta de derecho a ir donde quieran, el tratamiento diferenciado del trabajo en relación con otros factores productivos que tienen casi perfecta movilidad, así como la dicotomía entre políticas que persiguen el desarrollo de las personas dentro de su país de origen frente a la posibilidad de que cada ciudadano busque su mejor ubicación en el mundo.

Branko Milanović se pregunta en su libro: ¿por qué no se entiende la emigración como parte del desarrollo? (p. 149) Su sugerencia es que, aun manteniendo cierto nivel de discriminación, un tratamiento menos duro de los inmigrantes en los países receptores podría ser beneficioso a nivel global. Pero para ello debería considerarse la posibilidad de conceder dos o tres niveles de derechos de ciudadanía, al menos durante un tiempo. La ciudadanía no debería ser una variable dicotómica: o se tiene la nacionalidad con todos los derechos derivados de la misma, o no se tiene la nacionalidad y ninguno de los derechos que de ella se derivan. Algo así ya sucede en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea, en los que los residentes legales no votan pero sí pagan impuestos. Podrían considerarse distintas alternativas: una parte de sus impuestos podría destinarse a los nacionales del país receptor que pueden verse perjudicados por la inmigración, o podría remitirse a sus países de origen para compensar el gasto incurrido en la educación de quienes han emigrado. Milanović también ha sugerido la posibilidad de que los emigrantes tuvieran que trabajar a intervalos en sus países de origen hasta cubrir un cierto período de tiempo. Esta situación puede proporcionar una mejor y más estable solución que la habitual alternativa de permitir tan solo un reducido flujo de inmigrantes que tienen prácticamente los mismos derechos que los ciudadanos del país de acogida. Estas propuestas son sin duda polémicas y ciertamente contradictorias con las expectativas de lograr avanzar en la igualdad real de oportunidades dentro de un país, pero quizá valga la pena considerarlas si ese es el precio que hay que pagar por aceptar una mayor inmigración. No parece que el tipo de solución que la Unión Europea alcanzó con Turquía para alejar la tensión migratoria sea una solución preferible.

El segundo capítulo de Global Inequality es un excelente ejercicio de historia de la desigualdad interna a los países. Comienza describiendo la curva de Kuznets, en forma de U invertida, como el paradigma acerca de la evolución previsible del nivel de desigualdad en un país a lo largo de sus fases de desarrollo, y comentando su rechazo empírico. De modo simple, a partir de una economía agrícola con un nivel reducido de desigualdad como consecuencia del escaso desarrollo social, los inicios de la industrialización comienzan a desarrollar núcleos urbanos a los que acuden trabajadores que reciben salarios por encima de los generados por las actividades agrícolas. Esto induce una elevación en el nivel de desigualdad, que continúa creciendo al tiempo que un mayor contingente de población va desplazándose a las ciudades a trabajar en el sector industrial. Alcanzado un cierto nivel de desarrollo, las actividades productivas agrícolas ocupan a un número reducido de personas, mientras que la mayoría de la población está ocupada en actividades productivas de distinto nivel de sofisticación, con salarios relativamente homogéneos que generan un reducido nivel de desigualdad. La existencia de la curva de Kuznets se ha visto claramente refutada por las experiencias de distintos países que han avanzado en su fase de desarrollo a la vez que aumentaba su nivel de desigualdad interna, como Estados Unidos, Reino Unido e incluso países tradicionalmente igualitarios, como Suecia y Alemania. La reciente experiencia muestra que la desigualdad salarial es importante y es una de las causas del repunte observado en las últimas décadas en el nivel de desigualdad en muchos países desarrollados.

A juicio de Branko Milanović, tampoco otros modelos alternativos permiten explicar el comportamiento observado en el nivel de desigualdad, lo que le lleva a reformular la teoría, proponiendo lo que denomina el modelo de las ondas de Kuznets, una de las contribuciones más originales del libro. Según esta propuesta, a una curva en forma de U invertida seguiría otra, y antes de que a lo largo de una de tales curvas el nivel de desigualdad se redujera a mínimos, el país entraría en una nueva U invertida, a lo largo de la cual el nivel de desigualdad comenzaría a elevarse nuevamente.

Milanović examina la evidencia acerca de la existencia de tales ondas en dos tipos de sociedades. En la época preindustrial, en la que fue habitual que las sociedades experimentaran un estancamiento secular en su renta media, las causas de los aumentos y de los descensos en los niveles de desigualdad fueron mayoritariamente idiosincrásicas. Tras la Revolución Industrial, con sociedades que han experimentado fases de crecimiento sostenido en su renta media, pueden encontrarse causas comunes a las ondas en desigualdad, que habría aumentado en una primera onda en línea con la hipótesis de Kuznets, debido a un cambio estructural que desplazó actividad productiva de la agricultura al sector de manufacturas, y población de los núcleos rurales al medio urbano. En el tramo descendente de la onda, la desigualdad se redujo como consecuencia de «fuerzas benignas»: una mayor oferta de mano de obra educada, una demanda por una mayor redistribución de renta, y un descenso en las rentas del capital, así como de «fuerzas malignas», principalmente guerras, enfermedades y revoluciones, un ejemplo de lo cual fue el descenso en desigualdad tras la Primera Guerra Mundial.

El aumento observado en los niveles de desigualdad interna en muchos países desarrollados desde comienzos de los años ochenta hasta el inicio de la segunda década del presente siglo representaría el tramo creciente de una segunda onda de Kuznets. Según Milanović, se trata de un proceso que guarda alguna similitud con la primera curva, pues, al igual que entonces, este nuevo episodio surge como consecuencia de una revolución tecnológica (en esta ocasión, los grandes avances logrados en las tecnologías de la información), que crea rentas en distintos sectores: telecomunicaciones, farmacéutico, financiero. En esta segunda onda estamos ante un progreso tecnológico intensivo en mano de obra cualificada que ha producido un desplazamiento sectorial del trabajo, en este caso desde el sector manufacturero a los servicios, el cual, siendo más heterogéneo en términos de ocupaciones y de salarios, ha hecho que la desigualdad interna en los países aumente. La menor afiliación sindical en el sector servicios debilita la posición negociadora de los trabajadores, lo cual condiciona la distribución de la renta, favoreciendo una mayor desigualdad interna.

El progreso tecnológico intensivo en mano de obra cualificada genera una demanda de trabajo que no puede satisfacerse por la insuficiente oferta existente, lo que hace que se eleven los salarios de los trabajadores cualificados, generando dispersión salarial. Esto puede haber ocurrido de dos maneras diferentes: a) la prima salarial aumenta a lo largo de la distribución de salarios, ampliando la brecha entre todos los niveles salariales, b) la computarización y la robótica reemplaza a los humanos en las tareas rutinarias, pero no en las tareas sofisticadas que requieren alta cualificación o en los servicios no rutinarios de baja cualificación. La brecha salarial entre el trabajo de cualificación media y baja debería decrecer en el segundo caso, mientras que, según el primero, aumentaría.

También se ofrecen elementos nuevos para explicar la elevación de la desigualdad interna en el tramo creciente de esta segunda onda de Kuznets, como la globalización, y una política económica que ha reducido la imposición sobre las rentas del capital y los tipos marginales sobre la renta, limitando con ello la capacidad redistributiva del Estado. Y, en los países en que dicha capacidad ha aumentado, no lo ha hecho suficientemente para compensar el aumento de desigualdad registrado en las rentas de mercado (rentas antes de impuestos y transferencias) como consecuencia de una mayor dispersión salarial, una mayor concentración del capital y una cierta coincidencia de rentas elevadas del capital y del trabajo en los mismos individuos.

No es siempre sencillo separar el cambio tecnológico intensivo en cualificación y la globalización como causas de desigualdad interna en un país. Lo que parece un cambio tecnológico podría estar reflejando el hecho de que la globalización facilita a las economías desarrolladas el acceso a capital productivo fabricado en Asia a precio reducido. Ello incentivaría la sustitución de trabajadores en ocupaciones rutinarias por capital; al hacerlo, la complementariedad entre capital y trabajo cualificado elevaría la demanda de este tipo de trabajadores y, con ella, sus salarios, generando desigualdad salarial entre trabajadores de alta y baja cualificación en los países ricos.

También apunta Milanović cuáles son las fuerzas que podrían frenar el actual aumento en desigualdad interna y empujar a los países ricos al tramo decreciente de la segunda onda de Kuznets, con reducción de la desigualdad: a) las «fuerzas malignas», como sucedió en la primera onda, si bien no son deseables, b) cambios políticos conducentes a una imposición más progresiva, c) un aumento significativo de trabajadores cualificados junto con una educación de más calidad, d) la disipación de las rentas que surgen en las primeras fases de una revolución tecnológica, que comienzan muy concentradas, pero que se dispersan posteriormente según van permitiéndolo las patentes, e) la convergencia en renta a nivel global, que podría aproximar los salarios de China e India a los que se perciben en los países ricos, y frenaría el vaciamiento de la clase media en países ricos, y f) un posible cambio tecnológico intensivo en baja cualificación, incentivado por el encarecimiento de costes del trabajo cualificado y el abaratamiento de la mano de obra no cualificada. Se trataría de la invención de tecnologías estimuladoras de la productividad que pueden ser utilizadas por trabajadores de cualificación media-baja.

Examinemos ahora la desigualdad a nivel global, el objeto del libro de Branko Milanović. En él se examina la evolución de la desigualdad global utilizando datos de François Bourguignon y Christian Morrisson entre 1820 y 1992, y encuestas de hogares entre 1992 y 2011, analizando la relevancia que para la desigualdad global han tenido la desigualdad entre países y la desigualdad interna a los países. El análisis de Bourguignon y Morrisson está sujeto al supuesto de lognormalidad de la distribución de renta que antes comenté y muestra que la desigualdad global aumentó de modo continuado a lo largo del siglo XIX, debido al crecimiento de la renta media en Europa Occidental, Norteamérica y Australia, mientras que el resto de los países, especialmente China e India, permanecían estancados, lo que hizo que la desigualdad entre países aumentase, siendo el principal determinante del aumento en desigualdad global.

El incremento en desigualdad global se frenó en el período de entre guerras del siglo XX y alcanzó su máximo y permaneció estabilizado en dicho nivel hasta finales de siglo. Un primer factor explicativo de dicha estabilización fue la convergencia en renta entre países: la brecha entre la renta per cápita de algunos países significados probablemente alcanzó su máximo alrededor de 1970. China e India tenían en ese momento un PIB per cápita similar, con una gran distancia respecto del de Estados Unidos. Estos tres países dominan la evolución de la desigualdad en el mundo por razón de su población y de su participación en la renta mundial. Entre los años cincuenta y mediados de los setenta del pasado siglo, el PIB per cápita de Estados Unidos, en dólares internacionales, excedía del de China en un ratio de 20 a 1; sin embargo, al final de la primera década del presente siglo, dicho ratio es de 4 a 1, el mismo que en 1870.

Si consideramos grupos más amplios de economías emergentes y desarrolladas, la convergencia en renta per cápita era un beneficio que cabía esperar de la globalización, al facilitar ésta el acceso de los países más pobres a la tecnología y al capital productivo, así como la adquisición de los bienes que necesitan para desarrollarse. Pero, ¿está produciéndose realmente la convergencia en renta entre países pobres y ricos? Aunque así debiera ser, hasta el año 2000 esto no era obvio. Si se cuenta cada país como una unidad, el índice de Gini de los PIB per cápita de los distintos países se elevó, de hecho, entre 1980 y 2000, el período conocido como la «alta globalización», debido a que Latinoamérica y Europa del Este, que estaban en la zona media de la distribución de renta internacional, experimentaron recesiones o depresiones durante ese período. Así, el PIB per cápita de Rusia descendió un 40% entre 1989 y 1998. Brasil prácticamente no creció entre 1980 y 2000, y el PIB real per cápita de África en 2000 estaba un 20% por debajo de su nivel de 1980. Mientras, los países ricos continuaban creciendo, con un PIB per cápita superior en un 50% en 2000 con respecto a 1980. Por el contrario, desde el año 2000, Rusia, Brasil y África han repuntado su crecimiento, mientras que el mundo rico se veía inmerso en la crisis financiera, lo que, efectivamente, ha facilitado que se produzca una cierta convergencia en renta per cápita y, con ello, una menor desigualdad global.

La evidencia acerca de la convergencia en renta es mucho más clara si ponderamos la renta per cápita de cada país por su población, es decir, si contabilizamos todos sus ciudadanos, asignándoles una renta igual a la renta per cápita del país. Cuando se efectúa tal ponderación, que es necesaria si quiere analizarse la desigualdad global, la evidencia de convergencia es clara, incluso si excluimos a China. Esto es importante, porque muestra que la convergencia no depende de lo que suceda en un solo país. Si bien es cierto que el futuro de la convergencia económica global estará muy influido por las tasas de crecimiento de China, India y Estados Unidos, otras economías con una elevada población, como Indonesia, Bangladesh y Vietnam, que han crecido en las últimas décadas más que los países ricos, también importan. Para la convergencia en renta y el desarrollo de una clase media global es preciso que los países pobres y emergentes crezcan más rápidamente que los países ricos, y que esto suceda parece ahora más probable que lo contrario, incluso si el crecimiento en China se ralentiza algo. Sin embargo, otros países han quedado irremediablemente atrás, con escasas posibilidades de recuperación, haciendo que, desde el punto de vista ético, el crecimiento económico sea una solución sólo parcial al problema de la elevada desigualdad.

El segundo factor amortiguador de la desigualdad en el tramo final del siglo XX fue la propia mejoría de la renta en China, India y otros países del sudeste de Asia. Consideremos la distribución de renta global, ordenando de menor a mayor la renta de ciudadanos del mundo para los que disponemos de dicha información, y contabilizando el número de personas que tiene un nivel de renta comprendido en sucesivos intervalos. Piénsese que, en este ejercicio, los ciudadanos pobres de los países ricos tendrán generalmente un nivel de renta superior a los ciudadanos más favorecidos de muchos países pobres. En países pobres, tan solo unos pocos ciudadanos tendrán un nivel de renta comparable a los ciudadanos que ocupan la clase media de los países ricos. El aumento de renta en China en las últimas décadas ha desplazado a una parte significativa de su población desde los puestos más bajos en la distribución global de renta hacia el centro de dicha distribución. Con una población tan importante, tal desplazamiento permite contrarrestar casi cualquier tendencia al aumento de desigualdad.

Si examinamos el período comprendido entre 1988 y 2008, para el que se dispone de encuestas de hogares, la renta de las personas entre los percentiles 30 y 70 de la distribución global de renta aumentó en más de un 50%. Estas son personas principalmente de los países más poblados de Asia (China, India, Tailandia, Vietnam e Indonesia) y el avance de su nivel de renta ha significado el ascenso de lo que puede considerarse la clase media global. En particular, la aparición de la clase media global está vinculada al fuerte crecimiento que ha experimentado China en las últimas décadas y que ha sacado a muchos millones de ciudadanos de situaciones de pobreza. De hecho, la impresionante reducción que se ha producido en los últimos años en el número de pobres se ha producido principalmente en dicho país.

Mientras, la renta de las personas entre los percentiles 75 y 99 no creció o lo hizo de manera moderada. Esto implica el estancamiento de los grupos de población de países ricos que, teniendo renta alta en comparación con el resto de los ciudadanos del mundo, son clase media en su país. Efectivamente, la clase media de los países ricos, y especialmente la clase media-baja, ha visto estancada su renta en las últimas décadas. Desde luego, ellos no son los beneficiarios de la globalización: los beneficiarios han sido los pobres y las clases medias de Asia. Por el contrario, la riqueza de quienes constituyen el 1% de la población mundial de mayor renta creció por encima de un 60%. Este grupo puede considerarse el otro beneficiario de la globalización.

Este desigual comportamiento de la renta de distintos segmentos de la población mundial refleja, entre otros factores, dos efectos de la globalización mencionados en la sección anterior: a) elevación de salarios en algunas clases trabajadoras de Asia que perciben salarios reducidos, favoreciendo así el desarrollo de una clase media global y la reducción de la desigualdad global; y b) una reducción en el crecimiento de la renta en la clase media-baja de economías avanzadas hasta niveles casi nulos.

El diferenciado crecimiento de los tramos de renta ha contribuido a reducir la desigualdad global, lo cual queda confirmado en las encuestas de hogares. El índice de Gini calculado a partir de las encuestas de renta realizadas a los hogares en todos los países descendió desde 72,2 en 1988 a 70,5 en 2008, la primera vez que descendía desde la Revolución Industrial. Todavía más notable fue el descenso hasta 67,0, aproximadamente, en 2011, debido a que el estancamiento de las economías más desarrolladas tras la crisis económica coincidió con un continuado crecimiento en el resto de las economías, especialmente en Asia. El hecho es que se ha producido un claro descenso en desigualdad global desde el año 2000, aproximadamente, un período en el que India está desempeñando el papel estabilizador de la desigualdad global que antes le correspondió a China.

Como país más poblado del mundo, lo que sucede en China afecta al estado global de cualquier cuestión. A pesar del actual freno en el ritmo de crecimiento económico en dicho país, todo hace esperar que China continúe creciendo a un ritmo superior al de los países ricos. Bajo esa tendencia, aun a pesar de que la diferencia en rentas per cápita es todavía importante, en algunos tramos de la distribución de renta está produciéndose una clara convergencia. Según datos contenidos en Global Inequality, la diferencia entre la renta media de la octava decila en China y la segunda decila en Estados Unidos en 2011 era ya muy reducida. Este proceso está reduciendo la desigualdad global, aunque, a partir de determinado momento, la continuada mejoría en la renta de China tenderá a incrementar la desigualdad global, al pasar grupos importantes de población a tener niveles moderadamente altos de renta.

La reciente evolución de la desigualdad global nos permite ser actualmente optimistas acerca de su futuro, si bien con algunos riesgos potenciales: en primer lugar, si se frenase significativamente el ritmo de crecimiento en Asia, la tendencia de reducción de la desigualdad global podría cambiar; en segundo lugar, la reducción observada recientemente en el índice de Gini global se refiere todavía a un período relativamente corto, por lo que es pronto para saber si indica una tendencia permanente.

Como vemos, lo que suceda con la desigualdad interna en Estados Unidos y China condiciona la evolución de la desigualdad global, además de que puede servir de orientación para el devenir de la desigualdad en otras economías desarrolladas y emergentes. Aunque continúa siendo fragmentaria, la evidencia disponible sobre China sugiere que su nivel de desigualdad interna no ha aumentado en los últimos años. Parecería estar en el punto alto de la primera onda de Kuznets, habiéndose producido un aumento de la desigualdad en el período de transformación estructural de la economía, que en el caso de China ha consistido en la transición desde el socialismo hacia un incipiente capitalismo. Factores como la generalización de un mayor nivel de educación, el acceso a las prestaciones sociales de una creciente población jubilada y la elevación salarial en las zonas urbanas industrializadas podrían ser los factores que motivasen una próxima reducción en desigualdad.

Otras fuerzas opuestas podrían contrarrestar los factores mencionados: una extendida corrupción, contra la que está tratándose de tomar medidas; y un alto crecimiento relativo de la renta de la reducida población que tiene la propiedad del capital puede generar tensiones, al estar esta población concentrada en unos pocos centros urbanos. De hecho, la implantación de un plan regional de actuación para reducir la desigualdad que se observa entre regiones costeras y del interior refleja la preocupación que dichas diferencias despiertan en la clase política, que percibe la desigualdad como un peligro para su propia supervivencia. Más de un observador político ha sugerido que las notables desigualdades generadas durante la transición al capitalismo podrían constituir un peligro para la propia unidad del país, escenario que no debe considerarse completamente descartable a largo plazo.

Por su parte, Estados Unidos está sujeto a algunos elementos que pueden continuar tensionando al alza su nivel de desigualdad: 1) una facilidad para la sustitución entre capital y trabajo que hará que, en la denominada «distribución funcional de la renta», sea elevada la parte de la renta nacional que remunera a los propietarios del capital frente a la que remunera a los trabajadores; 2) una elevada concentración de las rentas del capital en una parte reducida de la población; 3) el hecho de que quienes reciben elevadas rentas del capital y del trabajo están siendo cada vez más los mismos; 4) el «emparejamiento selectivo» es ahora más frecuente: individuos de alta formación y capacidades que son ricos en términos de capital y trabajo se casan entre sí; 5) la concentración de renta reforzará el poder político de los más ricos y dificultará cambios en impuestos, política educativa, asistencia sanitaria e infraestructuras que podrían haber beneficiado preferentemente a los más pobres. Todos estos elementos tienden a elevar el nivel de desigualdad y pueden hacer que Estados Unidos se vaya desplazando a lo largo del tramo ascendente de su segunda onda de Kuznets.

En Estados Unidos, la clase media, definida como las personas con renta en un intervalo de un 25% alrededor de la renta mediana del país, ha disminuido desde un 33% de la población en 1979 a un 27% en 2000. En dicho período, la renta media de este grupo pasó de ser un 80% de la renta media a un 77% de la misma. En 1979, la clase media estadounidense representaba el 26% de la renta total del país; en 2000, ese porcentaje era del 21%. Un fenómeno similar, quizás algo más atenuado, se ha observado en muchos países, y en la mayoría de los países miembros de la OCDE.

Este declive hace que los bienes y servicios consumidos por la clase media pierdan importancia a ojos de los productores de los mismos. Otra consecuencia es que disminuye el apoyo en favor de las políticas de provisión de servicios públicos como la educación y la sanidad, cuyo destinatario principal es la clase media. Los más ricos pueden preferir un menor gasto en este tipo de servicios, con la consiguiente reducción de impuestos y sustituirlos por una provisión privada de los mismos. El fuerte incremento del gasto privado en seguridad es otro fenómeno que se ha producido en paralelo con los anteriores. Todo esto conduce a una sociedad polarizada: la clase media se hace políticamente más irrelevante; la producción desplaza cierta actividad hacia bienes de consumo de lujo. Una parte del gasto social se desplaza desde la educación y las infraestructuras hacia la seguridad, y la sociedad se agrupa en dos clases que no tienen mucho contacto entre sí.

Una posible consecuencia es la plutocracia, bastante evidente en Estados Unidos. Es bien conocido el elevado coste de las campañas al Congreso y Senado estadounidenses, que además se llevan a cabo a título individual. Aunque las donaciones privadas a dichas campañas son importantes, los candidatos cuentan habitualmente con un patrimonio familiar que puede asegurar una parte significativa de la financiación. Contar con dichos recursos propios es una condición casi necesaria para poder atraer las donaciones necesarias para cubrir los gastos de la campaña. Por otra parte, la distribución de la participación de voto en las elecciones es muy asimétrica: vota el 80% de las personas en la decila superior de renta, pero sólo el 40% de las personas en la decila inferior. Esto puede ser consecuencia de una mayor conciencia cívica de los más ricos, de un desencanto de los más pobres o del modo en que se llevan a cabo las elecciones. El hecho es que grupos importantes de población quedan desconectados del proceso, facilitando que quienes resulten elegidos representen otros intereses diferentes de los suyos. Que en el pasado reciente la política estadounidense haya mostrado toques dinásticos evidentes refleja que el desencanto de la clase media y su pérdida de poder económico pueden tener como consecuencia la plutocracia.

La situación en Europa es distinta, ya que el desarrollo de una plutocracia sería bastante más difícil en sociedades con múltiples partidos políticos. Más específico de Europa es que los recortes en el Estado de bienestar como consecuencia de las políticas de austeridad han desplazado a una parte de la clase media hacia posiciones ultraderechistas. Bien es cierto que en España y en otros países también han surgido movimientos que han recogido un desplazamiento de otra parte de la clase media en la dirección contraria. El segundo elemento europeo es la tensión generada por la inmigración, que se añade al estancamiento de la clase media. La inmigración reviste una especial importancia en Europa porque es una región que ha sido origen de emigración, más que receptora de emigrantes, y carece de la experiencia de Estados Unidos en este tema. El dramático repunte en las olas migratorias, tanto procedentes de los conflictos bélicos, especialmente en Siria, como las que ya venían produciéndose desde el África subsahariana, ha generado tanto la solidaridad de una parte de la sociedad europea como un rechazo frontal de otra parte de la misma. Han surgido movimientos populistas ultraconservadores en muchos países que han sido protagonistas en las elecciones recientes, y que van a continuar siéndolo. Estos movimientos se aferran a los argumentos simplistas de que los inmigrantes expulsan de los puestos de trabajo a los trabajadores nacionales y que su uso de los sistemas de bienestar −en particular, educación y sanidad− deterioran irremediablemente su calidad, a pesar de que existe evidencia empírica que rebate ambos argumentos.

Para Branko Milanović, Estados Unidos y Europa gestionan de distinto modo el equilibrio entre globalización y democracia. Con un gobierno plutocrático, existe un intento de avanzar en la globalización, ignorando las opiniones y necesidades de la clase media y de los menos favorecidos, quienes configuran la mayor parte de la distribución de la renta, haciendo que la democracia pierda mucho de su sentido. Por otra parte, el populismo reduce la exposición a la globalización, dificultando el tránsito de personas y protegiéndose de flujos de capitales y de bienes no deseados, a la vez que redefiniendo el concepto de ciudadanía y los derechos asociados a ella. En síntesis, la plutocracia intenta mantener la globalización a la vez que sacrifica elementos importantes de la democracia; el populismo preserva un simulacro de democracia a la vez que reduce la exposición a la globalización.

Desde la óptica de la desigualdad global, concluye diciendo, el nuevo libro de Branko Milanović examina distintas cuestiones técnicas y aporta medidas actualizadas de desigualdad entre países, desigualdad interna a los países y desigualdad global. Se posiciona acerca de algunos de los temas actuales más conflictivos y delicados, para cuyo tratamiento hace algunas propuestas. A lo largo de los años, Milanović nos ha suministrado información estadística y ha introducido nuevos conceptos e ideas acerca de la medición de la desigualdad, así como del análisis de sus implicaciones y sus posibles soluciones, y nadie puede permanecer indiferente frente a sus propuestas. Sus escritos siempre aportan originalidad y suscitan temas nuevos que nos ayudan a formar una opinión, coincidente o no con la suya, acerca de muchas cuestiones relativas a la desigualdad. Este nuevo volumen no es una excepción, por lo que su aparición debe ser saludada nuevamente con interés, con independencia del grado de aceptación que se tenga de las propuestas y métodos de análisis del autor.






Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt



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[Humor en cápsulas] Para hoy miércoles, 6 de septiembre de 2016





El Diccionario de la lengua española define humorismo como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Pero también como la actividad profesional que busca la diversión del público mediante chistes, imitaciones, parodias u otros medios. Yo no soy humorista, así que me quedo con la primera acepción, y en la medida de lo posible iré subiendo al blog cada día las viñetas de mis dibujantes favoritos. Las de hoy con Morgan en Canarias7; Gallego y Rey y Ricardo en El Mundo; Forges, Peridis, Ros, El Roto y Sciammarella  en El País; y Montecruz y Padylla en La Provincia-Diario de Las Palmas. Disfruten de ellas.




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martes, 5 de septiembre de 2017

[A vuelapluma] Las raíces de la violencia





Las raíces de la violencia en las agresiones de género, el terrorismo supremacista y los ataques yihadistas son un problema cultural y estructural. En el fondo laten las relaciones de poder que separan a hombres y mujeres, a blancos y negros, y a occidentales y musulmanes, dice en un reciente artículo en El País el profesor Enrique Gil Calvo, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Ahora está casi olvidado porque la onda expansiva del atentado de Barcelona ha tapado cualquier acontecimiento anterior, comienza diciendo. Pero este mismo verano se han sucedido varios fenómenos relativos a la violencia íntimamente asociados. El precedente inmediato fue el atentado de Charlottesville, cuyo asesino empleó idéntico modus operandi que el perpetrado en las Ramblas. Y no era un yihadista musulmán sino un cristiano supremacista blanco. Aquello desató un vendaval mediático provocado por la increíble tolerancia mostrada por Trump. Pero aunque a menor escala local, otro parecido escándalo se produjo en España una semana antes, cuando el presidente canario Fernando Clavijo declaró, al hilo del enésimo feminicidio, que “la violencia machista es un problema de personas individuales”. Pues bien, al margen de la utilización política de esos crímenes por parte de las autoridades, ya sean los gobiernos español y catalán o los presidentes estadounidense y canario, aquí destacaré el hilo conductor de naturaleza sistémica o estructural que vincula entre sí a los tres tipos de terrorismo machista, racista o yihadista.

Lo más corriente es atribuir su causa al fanatismo cultural o al perfil psicológico de autores o víctimas, prescindiendo de otros factores sociales más profundos, entre los que destaca un elemento casi siempre olvidado, como son las relaciones subyacentes de poder. Lo cual equivale a poner la carreta delante de los bueyes, invirtiendo la relación entre causas y consecuencias. Pues estos crímenes no deben explicarse tan solo por los factores individuales o culturales que manifiestan sino por sus raíces estructurales o sistémicas. La causa determinante en última instancia es siempre la insuperable fractura derivada de la desigualdad estructural, en términos de relaciones de poder, que separa a hombres y mujeres, a blancos y negros (o morenos) y a occidentales y musulmanes, por los cuales estos (mujeres, negros y moros) están dominados por aquellos (hombres blancos occidentales).

Analicemos el caso de la pandemia feminicida. Para Clavijo, los crímenes misóginos no tienen causas sociales pues sólo serían una fortuita coincidencia de casos singulares desconectados entre sí. Ahora bien, si esta errónea presunción resulta preocupante es porque inspira no sólo a ciertos cargos públicos como el citado sino a las demás instituciones encargadas de perseguir la violencia criminal. Así ocurre con el Ministerio del Interior, que ha patrocinado oficialmente una macroinvestigación universitaria sobre la violencia de género dirigida por catedráticos masculinos de criminología que sólo utilizan el individualismo metodológico como perspectiva investigadora. Y este reduccionismo criminológico no sólo es ineficaz para explicar la prevalencia de las epidemias sociales sino que además contradice la filosofía sistémica que inspira la vigente Ley contra la Violencia de Género de 2004, expresamente confirmada por el Tribunal Constitucional.

Pero en el caso de la violencia supremacista o yihadista ocurre lo mismo. Los asesinos matan como agentes individuales y lo hacen movidos por razones personales, como no podía ser de otro modo. Es decir, que quien mata no es la misoginia, la xenofobia ni el islam sino los machistas, los racistas, los misóginos. Pero para explicar las causas y la prevalencia de sus crímenes hay que elevarse por encima del reduccionismo individual, buscando factores sociales más amplios. La violencia de género y el terrorismo supremacista o yihadista son un problema no sólo individual sino además cultural y estructural. Por tanto, para contenerla no basta con procesar y tratar a sus agentes individuales, los machistas xenófobos y fanáticos. Eso es condición necesaria pero no suficiente, pues además hace falta intervenir sobre la realidad social, combatiendo tanto los prejuicios culturales como sobre todo la injusta desigualdad institucional.

Si racistas y misóginos matan es en defensa de su propia supremacía que creen amenazada por la progresiva emancipación de las mujeres o las minorías raciales sometidas a su poder. Los hombres acosan, maltratan, violan y matan porque pueden y se creen con derecho a ello, ya que ocupan posiciones revestidas de poder sobre mujeres y migrantes. Víctimas estas que a su vez son acosadas, excluidas, maltratadas, violadas y asesinadas porque no tienen más alternativa que adaptarse a un sistema que las discrimina y las segrega, asignándolas a posiciones inferiores sometidas al poder institucional de los hombres que las rodean. Y en el caso del yihadismo ocurre lo mismo pero a la inversa, pues los muyahidines atentan, masacran y se suicidan para dar testimonio de la barrera excluyente que los segrega y discrimina, en contra de los sagrados valores de libertad igualdad y fraternidad que los occidentales profesamos de boquilla pero contradecimos en la práctica, al mantener y reforzar esas barreras del apartheid supremacista occidental encargado a nuestras instituciones (la doble red público/privada escolar, sanitaria y laboral) o a sus élites neocoloniales subalternas (las monarquías feudales y las dictaduras militares a nuestro servicio) que nos protegen de su presunta amenaza.

Por eso de poco sirve la judicialización individual del problema mientras no se toquen las causas estructurales e institucionales que lo hacen posible. Esa es la razón principal que explica el fracaso de la ley de Violencia de Género de 2004, que si bien en su preámbulo reconoce que se trata de un problema sistémico y estructural, sin embargo en su tratamiento lo reduce a un enfoque judicial y criminológico. Un encuadre individualizador condicionado además a la previa denuncia de las víctimas, lo que en la práctica implica responsabilizarlas de su propia victimación. Y esto, unido a la exclusiva tipificación de los crímenes de pareja (el uxoricidio) como la única violencia de género reconocida, dejando fuera de la ley a todas las demás formas de agresión contra la mujer (acoso, violación, trata, prostitución, etc.), determinó el frustrante desarrollo de la ley. Menos mal que ahora se ha logrado un cierto consenso en torno a la necesidad de reformarla, dando lugar al reciente Pacto de Estado aprobado en el Congreso.

Pero no sin problemas, incluidos los semánticos. Ante todo, se perpetúa la discriminación entre dos formas de violencia contra la mujer, según haya relación de pareja, o no, entre víctima y perpetrador. Contra esta injusta discriminación resulta urgente ampliar el tipo penal para que proteja no sólo a las mujeres privatizadas, propiedad de sus parejas actuales o pasadas, sino también a las mujeres libres y emancipadas sin emparejar, a las que la ley actual ignora dejándolas a su suerte. Y además hay que mantener el concepto de violencia de género frente al eufemismo de violencia machista, para subrayar que estamos ante un problema no tanto cultural como estructural. Pues lo que mata no es el machismo (como tampoco mata el racismo o el islam) sino el género: es decir, la exclusión por sistema de la mujer (o del moro, el negro o el moreno) por el simple hecho de serlo, concluye diciendo.



Dibujo de Eva Vázquez para El País


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[Un clásico de vez en cuando] Hoy, con "Los siete contra Tebas", de Esquilo






En la mitología griega, Melpómene (en griego Μελπομένη "La melodiosa") es una de las dos Musas del teatro. Inicialmente era la Musa del Canto, de la armonía musical, pero pasó a ser la Musa de la Tragedia como es actualmente reconocida. Melpómene era hija de Zeus y Mnemósine. Asociada a Dioniso, inspira la tragedia, se la representa ricamente vestida, grave el continente y severa la mirada, generalmente lleva en la mano una máscara trágica como su principal atributo, en otras ocasiones empuña un cetro o una corona de pámpanos, o bien un puñal ensangrentado. Va coronada con una diadema y está calzada de coturnos. También se la representa apoyada sobre una maza para indicar que la tragedia es un arte muy difícil que exige un genio privilegiado y una imaginación vigorosa. Un mito cuenta que Melpómene tenía todas las riquezas que podía tener una mujer, la belleza, el dinero, los hombres, solo que teniéndolo todo no podía ser feliz, es lo que lleva al verdadero drama de la vida, tener todo no es suficiente para ser feliz.

Les pido disculpas por mi insistencia en mencionar a los clásicos, de manera especial a los griegos, y de traerlos a colación a menudo. Me gusta decir que casi todo lo importante que se ha escrito o dicho después de ellos es una mera paráfrasis de lo que ellos dijeron mucho mejor. Con toda seguridad es exagerado por mi parte, pero es así como lo siento. Deformación profesional como estudioso de la Historia y amante apasionado de una época y unos hombres que pusieron los cimientos de eso que llamamos Occidente.

Continúo la sección de Un clásico de vez en cuando trayendo hoy al blog la tragedia de Esquilo titulada Los siete contra TebasPueden leerla en el enlace inmediatamente anterior, y  ver si lo desean, desde este otro enlace o al final de la entrada, un vídeo con la presentación de la obra por el grupo de teatro venezolano Prosopon et Ius. 

Esquilo (525-456 a.C.) fue predecesor de Sófocles y Eurípides, y está considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Nació en Eleusis, Ática, lugar en el que se celebraban los misterios de Eleusis. Pertenecía a una noble y rica familia de terratenientes. En su juventud fue testigo del fin de la tiranía de los Pisistrátidas en Atenas. Fue uno de los «Maratonómaco»; luchó en las guerras contra los persas y en las batallas de Maratón, Salamina y Platea. Algunas de sus obras, como Los persas o Los siete contra Tebas, son producto de sus experiencias de guerra. Fue también testigo del desarrollo de la democracia ateniense. En Las suplicantes (463 a. C.), puede detectarse la primera referencia que se hace acerca del poder del pueblo, y la representación de la creación del Areópago, tribunal encargado de juzgar a los homicidas. En Las euménides, poya la reforma de Efialtes y la transferencia de los poderes políticos del Areópago al Consejo de los Quinientos.

De la importancia de su obra da fe el hecho de que se permitiera que fueran representadas en el agón («certamen») en los años posteriores a su muerte, junto a las de los dramaturgos vivos. Sólo se conservan siete piezas, seis de ellas premiadas, y fragmentos de otras tantas.

Esquilo compuso la obra hacia el año 467 a. C., obteniendo con ella el primer puesto en la Fiesta de las Dionisias de aquel año. Formaba parte de una tetralogía compuesta por las tragedias Layo y Edipo, y el drama satírico Esfinge, todas ellas perdidas.

La acción se desarrolla dentro de la ciudad de Tebas durante el asedio del ejército argivo a la ciudad, a causa de la negativa de Eteocles de ceder su turno para reinar en la ciudad que había pactado con su hermano Polinices, a los que su padre, Edipo, había maldecido. Un mensajero informa a Eteocles de que los siete caudillos argivos se han juramentado para destruir la ciudad o morir en el intento, echando a suertes la puerta de Tebas que cada uno atacaría. Polinices será el que ataque la séptima puerta y pide a gritos poder luchar contra su propio hermano para matarlo o desterrarlo tras vencerlo. Eteocles decide enfrentarse personalmente a su hermano. Tras la batalla, que han ganado los tebanos, Eteocles y Polinices han perecido en el combate, dándose muerte mutuamente. Los magistrados tebanos ordenan que Eteocles sea enterrado con los debidos ritos, pero que a Polinices debe dejársele insepulto y sin honores, a lo que Antígona, hermana de ambos, manifiesta su propósito de desobedecer la orden y dar también sepultura a Polinices.






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[Humor en cápsulas] Para hoy martes, 5 de septiembre de 2017





El Diccionario de la lengua española define humorismo como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Pero también como la actividad profesional que busca la diversión del público mediante chistes, imitaciones, parodias u otros medios. Yo no soy humorista, así que me quedo con la primera acepción, y en la medida de lo posible iré subiendo al blog cada día las viñetas de mis dibujantes favoritos. Las de hoy con Morgan en Canarias7; Gallego y Rey y Ricardo en El Mundo; Forges, Peridis, Ros, El Roto y Sciammarella en El País; y Montecruz y Padylla en La Provincia-Diario de Las Palmas. Disfruten de ellas. 




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lunes, 4 de septiembre de 2017

[A vuelapluma] Completar la democracia





En todos los Estados democráticos hay instituciones —desde tribunales hasta bancos centrales— que no rinden cuentas directamente a los votantes o representantes electos. Son imparciales, defienden determinado bien común y completan la democracia. Quien así se expresa es el profesor Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, y referente asiduo en Desde el trópico de Cáncer. Su último libro, La democracia en Europa (Galaxia-Gutenberg, Barcelona, 2017), terminé de leerlo hace unos días y se lo recomiendo encarecidamente. 

Las elecciones son demasiado poco para unos y demasiado para otros, comienza diciendo Innerarity. Unos insisten en recordarnos los errores de los votantes (Surowiecki) y otros subrayan las limitaciones de los procesos electorales para determinar y hacer valer la voluntad popular (Van Reybroucke). Para los primeros, las elecciones representan demasiado bien lo que quieren los electores y para otros demasiado mal; la principal preocupación es, en el primer caso, el populismo, y en el segundo, la crisis de la democracia representativa. Unos consagran el orden constitucional o la legalidad vigente como algo que en ningún caso puede ser socialmente verificado; otros apelan a la voluntad de los militantes, a las consultas o defienden la tesis de la “absolución electoral” para los corruptos.

Algo está pasando en nuestros sistemas políticos cuando la inminencia de una cita electoral es vista como una amenaza (o la ausencia de elecciones inmediatas se celebra como una oportunidad para llevar a cabo ciertas políticas) o, en el caso opuesto, se tiene una concepción descontextualizada e irrefutable de la voluntad popular, es decir, sin contrapesos, marco legal, información suficiente, espacio para la deliberación o protección de las minorías.

Lo complicado del asunto es que todos tienen algo de razón. Se trataría, por tanto, de compaginar ambas posiciones, de completar la democracia, que no es una mera legalidad constitucional, pero tampoco una serie de big bangs constituyentes, que no puede prescindir del electorado, pero que no debe ser solo democracia electoral. No se pueden suprimir las instituciones de la democracia electoral sin dañar la democracia, pero se la puede y debe completar con otro tipo de instituciones que defienden valores igualmente necesarios para la calidad de la vida democrática.

En todos los Estados democráticos hay previsiones constitucionales o cuasiconstitucionales que limitan el poder del demos y configuran una serie de instituciones que no representan tanto a las personas sino a ciertos valores o bienes públicos. Representan de algún modo la imparcialidad y defienden determinado bien común al margen e incluso por encima de los electores actuales. Una característica de la gobernanza de todas las democracias contemporáneas es la delegación de poderes significativos en instituciones que no rinden cuentas directamente ante los votantes o los representantes electos: tribunales, bancos centrales independientes, autoridades regulatorias de supervisión y regulación, comisiones de la competencia y tribunales de cuentas se hacen cargo cada vez de más ámbitos de la vida política y económica. Hay un desplazamiento del poder hacia lugares menos sometidos al escrutinio y control públicos, y esa derivación no siempre está motivada por intenciones perversas sino también por necesidades funcionales que es necesario entender y legitimar.

¿Cómo se justifica la existencia de tales instituciones? De entrada, hay una justificación funcional. Existe un amplio consenso en torno a la convicción de que, por ejemplo, el control de las normas y la política monetaria o crediticia son mejor desempeñados por los tribunales constitucionales y los bancos centrales que por los parlamentos. Imaginemos las consecuencias desastrosas que tendría la asunción de estas tareas por los parlamentos. De ahí que la delegación de estos momentos de soberanía no debilite sino que fortalezca la democracia, si es que por democracia entendemos no solo la formalidad de quién toma las decisiones sino la capacidad de proporcionar determinados bienes públicos.

No está de moda defender las instituciones técnicas, pero conviene recordar la función que ejercen en una democracia. En una entrevista publicada por Süddeutsche Zeitung, el director general de la oficina estadística de la UE, Walter Rademacher, explicaba la responsabilidad de los Estados miembros al dar por buenas las cuentas de Grecia para su ingreso en la moneda única cuando todos tenían serias dudas acerca de la fiabilidad de las informaciones proporcionadas por el Gobierno griego. Por esta razón el Eurostat pidió más poderes de control pero los Estados miembros se opusieron a ello. En aquel caso, los técnicos tenía razón frente a quienes representaban a sus electorados.

Un segundo tipo de legitimidad de esta delegación en instituciones independientes del ciclo electoral procede de la justificación por el largo plazo. Uno de los problemas de las actuales democracias es su inconsistencia temporal, el hecho de que sacrifiquen los proyectos de largo alcance ante el altar de los beneficios electorales inmediatos. Todo lo que tiene que ver con la protección de las minorías, la justicia intergeneracional o ciertos compromisos medioambientales (es decir, con los intereses que por definición están escasamente presentes en nuestros procedimientos de decisión) requieren algún tipo de justificación que no depende de la voluntad de los electorados realmente existentes.

Este tipo de bienes solo pueden protegerse cuando una parte de la soberanía es transferida a un nivel menos “electoralmente democrático” y son adoptadas por instituciones más inmunes a las presiones inmediatas. Las instituciones europeas fueron creadas en parte para gestionar este tipo de externalidades intratables por procedimientos democráticos. Algunas de las acusaciones de tecnocracia o déficit democrático tienen que ver con esta circunstancia; no con que no sean suficientemente democráticas sino con que no son electoralmente democráticas. Los costes de una institución no democrática (o mejor: no electoral o mayoritariamente democrática) tienen que ser sopesados con los beneficios de salvaguardar ciertos bienes colectivos. Pensar de este modo no equivale a derogar la democracia sino más bien defenderla frente a su debilidad. Todo ello no es incompatible con ciertas reformas que deben asegurar sus procedimientos para hacerlas más democráticas, por ejemplo, más representativas (pensemos en la escandalosa infrarrepresentación de las mujeres en el Banco Central Europeo) o reformulando su independencia, siempre y cuando se lleven a cabo sin comprometer su naturaleza.

Podríamos concluir afirmando que estas instituciones deben entenderse como un constitucionalismo democráticamente configurado y no como una democracia constitucionalmente restringida. Serían democráticamente inaceptables si fueran modos de impedir el poder del pueblo y no un modo de canalizarlo adecuadamente o si estuvieran configuradas de tal manera que se encontraran absolutamente fuera del alcance de la discusión pública y la reforma.



Dibujo de Eduardo Estrada para El País



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[Política] XII Legislatura de las Cortes Generales. Septiembre, 2017 (I)





Las Cortes Generales representan al pueblo español y están conformadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas Cámaras ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. 

En los Diarios de Sesiones de las Cámaras se reflejan literalmente los debates habidos en los plenos y las comisiones respectivas y las resoluciones adoptadas en cada una de ellas. Los demás documentos parlamentarios: proyectos de ley, proposiciones de ley, interpelaciones, mociones, preguntas, y el resto de la actividad parlamentaria, se recogen en los Boletines Oficiales del Congreso de los Diputados y del Senado. 

Desde este enlace pueden acceder a toda la información parlamentaria de la presente legislatura, actualizada diariamente. Les recomiendo encarecidamente que la exploren con atención si tienen interés en ello. Y desde estos otros a las páginas oficiales de la

Casa de S.M. el Rey

Congreso de los Diputados
Senado
Presidencia del Gobierno
Tribunal Constitucional
Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial
Consejo de Estado
Boletín Oficial del Estado

Parlamento Europeo

Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea
Comisión Europea
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Diario Oficial de la Unión Europea

Parlamento de Canarias

Gobierno de Canarias
Cabildo de Gran Canaria
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Se reinicia poco a poco la actividad parlamentaria oficial con las reuniones extraordinarias celebradas la pasada semana por las comisiones de Defensa, Empleo y Seguridad Social, Fomento,  Hacienda y Función Pública, Justicia, y del Pleno del Congreso de los Diputados, con la intervención del presidente de gobierno. Desde los enlaces anteriores (en rojo) pueden acceder a los Diarios de sesiones respectivos.

Y esta es la agenda de trabajo prevista para esta semana en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Continúo una semana más con los documentos que relatan la historia del parlamentarismo español gracias a la publicación de "Papeles para la Historia" en la página electrónica del Congreso de los Diputados, que tiene como objetivo acercar a los ciudadanos la historia parlamentaria aprovechando la digitalización de los fondos del archivo de la Cámara que se ha realizado en estos últimos años.

El periodo que abarca esta historia parlamentaria desde 1810 a 1977 se ha dividido en ocho etapas formadas a su vez por las diferentes elecciones y las legislaturas comprendidas entre una elección y otra.

Los periodos desarrollado son:

I. Cortes de Cádiz 1810-1814.
II. Trienio Liberal 1820-1823.
III. Regencias y Reinado de Isabel II 1833-1868, subdividido en la 
III. 1. Regencia de María Cristina de Borbón, 1833-1840.
III. 2. Regencia del General Baldomero Espartero, 1840-1843.
III. 3. Década Moderada,1844-1854.
III. 4. Bienio Progresista, 1854-1856.
III. 5. Crisis del Moderantismo, 1856-1868.
IV. Sexenio Revolucionario, 1868-1874, con: 
IV. 1.Gobierno Provisional-Regencia del General Serrano y Gobierno de Prim.
IV. 2. Reinado de Amadeo I 
IV. 3. Primera República.
V. Restauración, 1874-1923, con:
V. 1. Reinado de Alfonso XII, 1874-1885.
V. 2. Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, 1885-1902.
V. 3. Reinado de Alfonso XIII, 1902-1923 
VI. Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, con:
VI. 1. Asamblea Nacional, 1927-1929. 
VII. Segunda República Española, 1931-1939.
VIII. Franquismo. Cortes Españolas, 1943 -1977

Cada uno de estos periodos va introducido por un breve resumen histórico reseñando los hechos más relevantes de esos años. En el texto se muestran distintos enlaces a imágenes o documentos que pretenden ilustrar y testimoniar la historia política y parlamentaria dando además a conocer el patrimonio documental y bibliográfico del Congreso de los Diputados.

Además en cada periodo aparecen bajo la elección correspondiente los datos relativos a cada una de las legislaturas, así como el resumen o reseña, según los casos, que se publicaba al final de los índices del Diario de Sesiones. Y a continuación se enumeran los presidentes de la cámara, durante cada una de las legislaturas con un enlace al apartado referente a los mismos en la página institucional.

Continúo hoy la historia del parlamento español subiendo al blog los documentos relacionados con la regencia de María Cristina de Borbón, entre 1833 y 1840. 

María Cristina de Borbón, cuarta mujer de Fernando VII, ocupa la Regencia de 1833 a 1840, tras la muerte de su marido. El 4 de octubre de 1833, María Cristina presenta un manifiesto político. Se publican los Reales Decretos de 4 de enero y 16 de febrero de 1834 sobre libertad de imprenta y organización de la Milicia Nacional.

Durante este periodo se celebraron seis procesos electorales: 1834, 1836 (febrero, julio y octubre), 1837 y 1839.

Elecciones 30 junio 1834
Elecciones 26 febrero 1836
Elecciones 13 julio 1836
Elecciones 2 octubre 1836
Elecciones 22 septiembre 1837
Elecciones 24 julio 1839

La aportación fundamental de Francisco Martínez de la Rosa al frente del gabinete, en la transición al nuevo liberalismo, es el Estatuto Real (16 de abril de 1834), que venía a sustituir a la Constitución gaditana. El Estatuto ha sido llamado Constitución Otorgada por algunos historiadores.

El Estatuto Real está estructurado en cinco títulos y cincuenta artículos: establece la reunión de las Cortes en dos Cámaras. El Estamento de Próceres (actual Senado) y el Estamento de Procuradores (actual Congreso de los Diputados). Los reales decretos de 20 de mayo de 1834 y de 24 de mayo de 1836 regulan la elección de procuradores a las Cortes Generales del Reino. El Estatuto Real no convence a conservadores ni a liberales. Martínez de la Rosa se debe enfrentar además al problema de la guerra carlista.

José María Queipo de Llano, conde de Toreno, es otro de los liberales que desde la jefatura del gobierno colabora en la transición hacia el liberalismo, pero, impotente frente a los desórdenes públicos que se suceden, es sustituido por Mendizábal. Juan Álvarez Mendizábal pasará a la historia como presidente del Consejo de Ministros por la desamortización de los bienes eclesiásticos mediante los decretos de supresión de los conventos de menos de doce religiosos y disolución de  las órdenes religiosas, salvo las hospitalarias. (Poder del Procurador José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, conde de Toreno y busto en mármol de Juan Álvarez de Mendizábal por José Grágera y Herboso, 1868 en el Salón de Conferencias).

En el discurso que Mendizábal prepara a la Reina Gobernadora para la apertura de las Cortes el 16 de noviembre de 1835 se proponen a los procuradores tres proyectos de ley: la institucionalización de la prensa libre, la responsabilidad ministerial y la reforma electoral. En julio de 1837 se aprueba esta nueva ley electoral, que abre un gran debate entre los partidarios del sufragio indirecto y los que quieren introducir el sufragio directo.

Por Real Decreto de 24 de mayo de 1836 se convocan nuevas Cortes, que no se llegan a reunir por los sucesos ocurridos en La Granja (Segovia), el Pronunciamiento de los sargentos ante la Reina Regente que obliga  a restaurar la Constitución de 1812.

Las Cortes constituyentes de 1836-1837 aprueban una nueva Constitución el 18 de junio de 1837 y la Reina Gobernadora jura la misma acompañada de su hija Isabel en el Convento del Espíritu Santo, habilitado como sede de las Cortes. En la comisión designada para presentar el proyecto de Constitución estaban Argüelles, Ferrer y Olózaga. Esta Constitución ha sido considerada siempre un código transaccionista, con concesiones por parte de los progresistas y de los moderados. Establece dos Cámaras, que se denominan ya Senado y Congreso de los Diputados.

El 24 de febrero de 1837, la Comisión de Constitución presenta el proyecto de Reglamento para el Gobierno Interior de los cuerpos colegisladores, en la parte común a ambos. Aprobada la Constitución de 1837, la Reina Gobernadora disuelve las Cortes constituyentes. Las legislaturas 1837-1838, 1838 y 1839 cierran esta primera Regencia.

Durante las Cortes de la Regencia de María Cristina se aprueban dos reglamentos: el  15 de julio de 1834 el de Régimen y Gobierno del Estamento de procuradores a Cortes, y el 14 de febrero de 1838 el Reglamento del Congreso de los Diputados.

La Reina Regente pronuncia su último discurso el 1 de septiembre de 1839 en la sesión de apertura de estas Cortes. Finaliza la legislatura el 18 de noviembre de ese mismo año.





Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt



HArendt






Entrada núm. 3795
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La verdad es una fruta que conviene cogerse muy madura (Voltaire)