Por otro lado, en el ranking de universidades de todo el mundo elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de Madrid, no hay ninguna universidad española entre las 50 primeras de la relación correspondiente a Europa, y sólo siete (Complutense de Madrid, Sevilla, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Granada y Politécnica de Valencia) se hallan entre las 100 primeras. Su paupérrimo orden continental (52, 57, 62, 75, 80, 90 y 95) cae a un estremecedor 173, 185, 196, 224, 236, 255 y 269, respectivamente, si se tiene en cuenta el orden global.
¿La culpa es de las administraciónes públicas educativas, de las propias universidades, del sistema en sí, de todos un poco? En cualquier caso, la situación en como para comenzar a preocuparse, en serio... Sean felices, si pueden... Tamaragua. (HArendt)
Diagrama de las 100 mejores universidades del mundo, por países
"La Universidad española, la peor de 17 países avanzados", por Ricardo Martínez de Rituerto.
Que la universidad española no resiste una mínima comparación seria con las de su entorno es de sobra conocido y cada nuevo análisis que aparece confirma el desastre de la educación superior en España. En el que hoy va a hacer público el Lisbon Council, un centro de estudios sobre asuntos europeos de Bruselas, España ocupa el último lugar en un ránking sobre la calidad de los sistemas educativos superiores en 15 países de Europa más Estados Unidos y Australia.
El trabajo, preparado por tres expertos del Lisbon Council, emplea una metodología innovadora y probablemente necesitada de ajustes que tabula seis criterios prácticos. Entre ellos, la inclusividad -el número de titulados que un país produce con respecto a la población en edad de estudiar), efectividad -la capacidad de producir titulados con capacidades adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo del país- o respuesta -la capacidad del sistema de reformarse y cambiar para adaptarse-. Son criterios que rompen con criterios más objetivos de excelencia como los del ranking de la universidad de Shanghai, que contabiliza premios Nobel entre su profesorado y ex alumnos o el número de citas en revistas científicas.
Pero el resultado final es igual de tenebroso y de alarmante ante un mundo globalizado en el que la calidad del capital humano es el principal y más determinante factor del éxito económico de un país. La resultante de todos los elementos tabulados coloca a España a la cola de un grupo que encabezan Australia, Reino Unido y Dinamarca. De nuestros vecinos, Portugal ocupa el octavo puesto y Francia, el décimo.
Divorcio del mercado. Los autores subrayan que España ocupa lugares mediocres como el undécimo en ' inclusividad' (el porcentaje de problación en edad estudiantil que acude a la universidad, con el 33%) o el séptimo en ' educación para àdultos' (un 3,6% de estudiantes de entre 30 y 39 años) y subrayan como particularmente desalentador el puesto 16 en ' efectividad' , que mide el reflejo salarial en el mercado de trabajo de la titulación superior. España tiene que "trabajar para restaurar el equilibrio entre las materias enseñadas en la universidad y el mercado laboral".
"Si quiere mejorar, España debe hacer más para modernizar su sistema educativo y acercarlo a los estándares europeos (a lo que ayudaría avanzar en los criterios de Bolonia)", se lee en el documento. Además del farolillo rojo global, el sistema universitario español ocupa el último lugar en 'respuesta' , medida como la capacidad de cumplir los compromisos adquiridos en 1999 en Bolonia para hacer realidad la titulación superior homologable a escala europea en 2010, lo que suponía ofrecer nuevos programas de estudios a partir de 2006.
Con esos antecedentes y deficiencias es lógico que sólo un 2% de universitarios extranjeros acudan a realizar sus estudios en España, por más que sea repetidamente el país favorito de los veinteañeros de la UE que eligen un país para pasar con el programa Erasmus uno de los que quedarán como de los mejores años de su vida.
El estudio del Lisbon Council deja en evidencia a la autoridades educativas españolas, uno de cuyos responsables se jactaba, en carta publicada en este periódico en abril, de que España fuera una primera potencia en el universo de las becas Erasmus "por el excelente trabajo de nuestras universidades". Un vistazo superficial al ránking Erasmus publicado por la Comisión Europea con motivo del vigésimo aniversario del programa parecía dar la razón al funcionario, deslumbrado por el hecho de que hubiera trece universidades españolas entre las 20 primeras de la UE que más estudiantes atrajeron en el curso 2004-2005. La de Granada, la Complutense y la de Valencia ocupaban el podio en esa clasificación.
La realidad es más rica, más compleja y, lamentablemente, nada gratificante, como viene a confirmar el Lisbon Council. Hay muchas listas de evaluación de universidades por todo el mundo -y muchas críticas a ellas, de las que no se escapará la metodología de este último trabajo bruselense- pero el Ránking Mundial de Universidades en la Web elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor centro nacional de investigación de España) da una imagen muy distinta de la situación de nuestra universidad en el concierto europeo y mundial a la autocomplaciente que trasmitía Emilio García Prieto en su calidad de director del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.
No hay ninguna universidad española entre las 50 primeras de la relación correspondiente a Europa elaborada por el CSIC y sólo siete (Complutense, Sevilla, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Granada y Politécnica de Valencia) se hallan entre las 100 primeras. Su paupérrimo orden continental (52, 57, 62, 75, 80, 90 y 95) cae a un estremecedor 173, 185, 196, 224, 236, 255 y 269, respectivamente, si se tiene en cuenta el orden global.
Lo que apunta el estudio del Lisbon Council es que más allá de las declaraciones políticas lo que hace falta en España es una visión realista del desafío a que se enfrentan el país y su universidad en un mundo crecientemente globalizado y competitivo en el que ciencia, investigación e innovación son motores económicos de primera magnitud. Desafío que no debe mezclarse ni confundirse con el ránking de las lógicas expectativas de satisfacción personal y disfrute de los universitarios europeos que con Erasmus quieren vivir en España una experiencia sin precedentes que atesorarán el resto de sus días. (El País, Bruselas, 18/11/08)
Campus de la Universidad de Oxford (Gran Bretaña)
Post Scriptum. No reabro el asunto. Pero me cuesta renunciar a dejar constancia del artículo del profesor Manuel Cruz, catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona, en El País de hoy. Con él si que agoto el tema. Disculpen el incumplimiento. (HArendt)
"Lo peor de cada casa, o Bolonia como excusa", por Manuel Cru
Hace tiempo que nuestras facultades universitarias andan intentando llevar a cabo las transformaciones necesarias para alcanzar eso que enfáticamente se suele denominar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y que, de manera más simple y coloquial, profesores y estudiantes prefieren nombrar con una sola palabra: Bolonia. De todas esas transformaciones, probablemente la que en este momento está acaparando los mayores esfuerzos sea la relacionada con la elaboración de los nuevos planes de estudio.
No es mi intención en absoluto referirme aquí a la amenaza que semejante proceso supone para la enseñanza pública, asunto acertadamente analizado por José Luis Pardo en estas mismas páginas (La descomposición de la Universidad, 10 de noviembre de 2008). Como tampoco lo es entrar ahora en el detalle de hasta qué punto directrices y normativas procedentes de instancias supranacionales condicionan efectivamente las posibilidades de actuación autónoma de nuestros centros. Sin duda, tales limitaciones existen, de la misma forma que buena parte de los cambios que se vienen impulsando desde las diferentes instancias de gobierno universitarias resultaban poco menos que inaplazables. (A este respecto, en la sección de Opinión de la edición catalana de este mismo diario, Joan Subirats publicaba hace pocos meses un sensato y ponderado artículo titulado Bolonia en el laberinto universitario que me exime de mayores puntualizaciones).
Pero también parece claro que la apelación a Bolonia está sirviendo como coartada para operaciones y movimientos que nada tienen que ver con ningún proyecto de convergencia europea y que, con toda probabilidad, sólo puedan ser adecuadamente entendidos poniéndolos en relación con lo ocurrido en nuestras universidades en los últimos años, especialmente en lo tocante a las políticas de profesorado y al acceso a los cargos de responsabilidad institucional, aspectos ambos íntimamente conectados y en cuya conexión probablemente se encuentre una importante clave para entender la deriva que en determinados aspectos ha tomado el proceso mencionado.
Sin duda, la Universidad española anda recogiendo los frutos de su particular transición, del específico cambio de modelo llevado a cabo en los años ochenta. Tal vez no hubiera otra manera de resolver el monumental atasco generado por el reclutamiento masivo de profesores en los últimos años del franquismo que las incorporaciones masivas a la docencia reguladas por la LRU. De nada vale a estas alturas llorar sobre la leche derramada y lamentarse de la inutilidad de determinados escándalos (el tristemente célebre caso Lledó) o de la naturalidad con la que se asumía, en tantos y tantos concursos, la figura delcandidato de la casa, como si tal condición constituyera un mérito por completo insuperable. Pero sí valdrá la pena señalar que aquellos procedimientos, tan escasamente exigentes en muchos casos, funcionarizaron a un importante sector de viejos penenes que con el tiempo, han terminado por asumir un considerable protagonismo en determinados ámbitos de nuestra Universidad.
Porque buena parte de ese sector, una vez alcanzada la estabilidad laboral, aplicó buena parte de sus energías a otros fines, transformándose la política institucional en su nuevo objeto del deseo. Aprovechando unas modificaciones en la normativa que permitían un acceso en principio más democrático a los cargos, el grueso de los mismos pasaron a ser ocupados por miembros del mencionado sector, caracterizados -salvo honrosísimas excepciones- por su escasa excelencia académica. Surgió de esta manera una casta de profesionales del cargo, que ha venido detentando los espacios de poder universitario en las últimas décadas.
Lo ha venido haciendo, todo hay que decirlo, ante la indiferencia, cuando no la displicencia, de esos otros colegas efectivamente interesados en la investigación y la docencia, que prefirieron el estudio y el trabajo con sus respectivos equipos y estudiantes a la burocracia y a la querella política doméstica. Sin duda, también les corresponde a ellos una cuota de responsabilidad por lo que ha terminado sucediendo. Y es que el poder académico, en gran parte irrelevante durante muchos años, de pronto se ha convertido en un espacio determinante, en la medida en que permite intervenir de manera directa en las transformaciones a las que nuestra Universidad viene obligada en este momento por Bolonia.
No pretendo abrir aquí un debate sobre la meritocracia o sobre la democracia censitaria, pero constato que, en contra de lo que a primera vista podría parecer (y resultaría deseable), la presunta democratización en el acceso a los cargos ha provocado la generalización de procedimientos dudosamente democráticos, lo que en el caso de la elaboración de los nuevos planes de estudio se ha concretado en la designación, por parte de las autoridades académicas, de comisiones pretendidamente técnicas que terminaban decidiendo acerca de cuestiones de contenido a uña de caballo, eliminando asignaturas y proponiendo otras nuevas, sin dar ocasión a que tuviera lugar un debate abierto, en el que pudieran participar todos los sectores afectados. Esto, sucedido en diversas facultades de mi Universidad (y doy por descontado que en otras Universidades españolas), está señalando lo que bien pudiéramos denominar una inquietante incapacidad de la Universidad para gobernarse a sí misma. Cosa que en modo alguno debe de ser interpretada como un cuestionamiento por mi parte del principio general según el cual el gobierno de la Universidad deba basarse en su legitimación y control por parte de la comunidad universitaria, sino precisamente como la denuncia del incumplimiento perverso de dicho principio por parte de algunos.
Es probable que Bolonia no sea la solución, pero tampoco está claro que sea el principal problema. Al igual que tampoco creo que éste sea la proliferación de pequeñas universidades, que, como se señalaba en una reciente carta al director de este periódico, habría "multiplicado la mediocridad": a fin de cuentas, nada obligaba a reclutar profesores mediocres en ellas (si hemos de aceptar el diagnóstico del corresponsal). Es posible también que en dichos centros sobrevivan también "catedráticos mandarines", que propician, con su poder autista, la imagen de los departamentos universitarios como reinos de taifas. Pero me parece aún más cierto que en las grandes, como en la que yo trabajo, el problema que revela la situación descrita en el párrafo anterior es de toda otra naturaleza. Naturaleza que, para terminar, me permitirán que resuma en términos de pregunta (un tanto vertical, he de reconocerlo): ¿tiene sentido que los que menos se han dedicado a las tareas más específicamente relacionadas con el conocimiento prescriban a los demás lo que tienen que saber? O, yendo a la raíz del asunto, ¿es de recibo (muy especialmente a la luz de todo lo que se está viendo) que la excelencia no sea un elemento relevante para el acceso a los diferentes niveles de responsabilidad institucional?
(El País, 1/12/08)
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