Eduardo Madina, exdiputado socialista en el Congreso, distanciado con la dirección actual de su partido, y víctima de un atentado de la ETA en el que perdió una pierna en su juventud, escribía hace unos días en El País sobre la necesidad de crear un horizonte compartido de país, y que es ahora, cuando se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, cuando es un buen momento para que las fuerzas políticas acuerden un objetivo común en un proyecto para legar a quienes nacen ahora otros 40 años que merezcan la pena
Se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, el instante originario de la recuperación democrática en España tras cuatro décadas de dictadura, comenzada diciendo. El año 2018 será probablemente un año de balances sobre el resultado de este recorrido democrático.
Es innegable que, desde la perspectiva histórica el balance solo puede ser positivo. El sistema nacido en el año 1978 y las decisiones que tanto la sociedad española como sus diferentes Gobiernos —con aciertos y errores— han ido tomando en estas cuatro décadas han llevado a nuestro país a la mejor situación de toda su historia.
España es hoy un Estado destacado dentro del mejor marco político existente en toda la geografía y la historia humana, la Unión Europea. Está situado entre los 20 mejores de la OCDE en calidad democrática y calidad de vida y entre los 30 más avanzados del mundo en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Es un país que ha experimentado incrementos notables de esperanza de vida (de 74,5 años de media en 1978 a 83 en 2017), que ha mejorado sustancialmente sus indicadores de igualdad, que ha alcanzado cotas de desarrollo y cohesión social, de derechos y libertades públicas que no eran siquiera imaginables en los comienzos de la democracia.
El recorrido realizado en estas cuatro décadas se puede equiparar perfectamente al que iniciaron 33 años antes la mayoría de los Estados de Europa Occidental con la victoria aliada en la II Guerra Mundial.
Es por tanto evidente que en la evaluación de estos 40 años hay muchas más luces que sombras. Y en ese sentido, resultan llamativas las apelaciones despectivas contra eso que algunos denominan sombríamente “el régimen del 78”. Apelaciones realizadas precisamente por miembros de la generación nacida a las puertas de la democracia o en la democracia misma, la principal beneficiada por aquel acuerdo político, la que mejores condiciones y oportunidades ha tenido de cuantas haya habido en España. Ninguna lo tuvo mejor antes. Ninguna recorrió 40 años así —paz y desarrollo, democracia ininterrumpida, derechos y libertades— como los que han vivido quienes nacieron a partir de los años setenta.
De dicha generación —la mía— se esperaría algo más que un torrente de críticas al pasado. En primer lugar, se esperaría la demostración de alguna capacidad para relatar un proyecto completo de país. En segundo lugar, capacidad para llevarlo al campo del acuerdo político y, finalmente, voluntad de consenso de un horizonte común para la España de los próximos 40 años. ¿Es mucho pedir a nuestras fuerzas políticas un horizonte compartido? ¿Tienen capacidad para relatar cada uno el suyo para después ponerse de acuerdo en uno común?
Porque establecido el objetivo de país, la deliberación política queda para lo que debe, para el debate de cuáles son los mejores caminos para alcanzarlo, cuáles las mejores medidas, los marcos regulatorios y las leyes más eficaces, la distribución fiscal y la presupuestaria. Es decir, discutir sobre los distintos retos, sobre las distintas materias y los distintos asuntos, pero sabiendo para qué.
Sin embargo, es precisamente eso lo que más se echa en falta, un horizonte hacia el que apuntar. Y mientras lo echamos en falta, España va acumulando retos suficientes como para plantearse además si está centrando el debate político en sus propias prioridades.
El país se la juega en retos que, en algunos casos, son compartidos con los países de nuestro entorno y en otros son problemáticas propias producto de dinámicas endógenas negativas. Y de la resolución de los mismos dependerá que las generaciones futuras tengan otros 40 años de desarrollo y avances como los vividos en España en las últimas cuatro décadas.
La competitividad por valor añadido de la economía y la calidad del empleo. La sostenibilidad medioambiental de nuestro modelo de desarrollo. La transformación robótica y digital de la cuarta revolución tecnológica y sus inmensos desafíos éticos y jurídicos en las relaciones humanas. El reto migratorio y demográfico de una España envejecida y la sostenibilidad de un funcionamiento eficaz de los servicios públicos. La cohesión social que, en parte, se deriva de ello. La cohesión territorial. La brecha creciente entre la realidad urbana y la realidad rural. La definición de nuestra ciudadanía, su significado y sus límites, nuestros derechos y obligaciones, nuestras libertades públicas. La igualdad plena de las mujeres en una sociedad libre de asesinatos machistas y violencia de género.
Son sólo algunos ejemplos. Indudablemente, hay muchos más. Ejemplos de todo lo que se trata, en la conversación pública española, mucho menos y con menos profundidad de lo que debería. No son temas con quizá tanto atractivo como el que sorprendentemente ha tenido la cabalgata de Vallecas, pero son los retos donde el país se la juega. Es probable que merezcan más demanda y más atención.
Quizá el déficit de contenidos que vivimos obedezca, en parte, a que carecemos de un horizonte compartido de país que delimite y ordene las prioridades de la deliberación política y la conversación pública.
En 1978, las diferentes formaciones políticas consiguieron definir, pactar e implementar un objetivo de país al que supieron llevar a la gran mayoría de la sociedad española; una democracia asentada y un estado social y de derecho modernizado en una España que funcionara dentro del marco de la Unión Europea.
En el año 2018 también se podría plantear un horizonte compartido, un país con una economía altamente competitiva por valor añadido, formación y tecnología, con niveles elevados de cohesión social y de igualdad, donde la condición de ciudadanía fuera la más avanzada del mundo en derechos, obligaciones y libertades públicas.
Cuando se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, ese sería el mejor compromiso de las principales fuerzas políticas con el futuro de la sociedad española; acordar un horizonte compartido de país. Un objetivo común en el que los principales dirigentes políticos podrían demostrar que son capaces de encontrarse y de hacer que nos encontremos. Una idea hacia la que caminar. Una idea que ordene y oriente el debate público. Un proyecto de país para legar a quienes están naciendo ahora otros 40 años que merezcan la pena. Cuatro décadas más. Mejores, incluso, que las últimas cuatro.
Dibujo de Eulogia Merle para El País
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