Es pura coincidencia. Pero sí, resulta que la segunda entrada del día va también sobre la justicia, o si quieren mejor, sobre la aplicación de la justicia, Como activista de Amnistía Internacional no me recato en pronunciarme públicamente contra esa atrocidad que es la pena de muerte. Por execrable y repugnante que sea el crimen cometido, por injusto y doloroso que nos resulte el sufrimiento de la víctima inocente, por razonable que nos parezca el deseo de venganza de sus familiares y de la sociedad, nada, absolutamente nada, justifica la pena de muerte. Y mucho menos convertirla en un espectáculo que nos denigra como seres humanos. La cadena perpetua revisable (En España, nunca antes del cumplimiento mínimo de veinticinco años de prisión) me parece pena suficiente para castigar cualquier delito de sangre por horrendo que sea.
La periodista de El País María R Sahuquillo relataba hace unos días en ese diario el espectáculo de una ejecución pública en Saná, la capital de Yemen. Ante las cámaras de televisión, dice, y las lentes de cientos de teléfonos móviles. Así fue ejecutado Mohamed al Maghrabi. El hombre, acusado de asesinar y violar a la pequeña Rana Yehia al Matary, de tres años, había sido condenado a muerte. También a que su pena se administrase en público. Y así fue. Ayer, en la plaza Tahrir de Saná, después de que el juez volviese a leer la sentencia —que también incluía 100 latigazos—, dos guardas colocaron al reo esposado en una manta en el suelo y un policía le disparó cinco tiros con un fusil de asalto AK47. El verdugo se fumó un cigarrillo antes.
La condena a muerte del condenado, de 41 años, fue jaleada por cientos de personas —la práctica totalidad, hombres—, que se congregaron para verle morir. Rodeando la zona habilitada para la ejecución, en las terrazas cercanas, e incluso encaramados a los postes de luz cercanos, los asistentes observaban el macabro espectáculo, que las autoridades llevaban días anunciando a través de los medios. Muchos coreaban “Alá es grande”.
La pena capital contra Al Maghrabi se convirtió así en un lamentable acontecimiento social en la capital de un país devastado por la guerra que ya ha entrado en su tercer año. Las autoridades de Saná —controlada por los rebeldes Huthi— buscaban que la ejecución pública del condenado sirviese como elemento ejemplificador. También pretendían enviar una señal de su voluntad para luchar contra el crimen.
La de Al Maghrabi, que secuestró a la pequeña Rana en la calle, al lado de su casa, es la primera condena a muerte pública de un asesino y violador de menores desde 2009. Sin embargo, no es la única pena capital dictada en el país. Como denuncian organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, no existen registros públicos ni información oficial sobre ello.
Tras la ejecución, la policía se apresuró a retirar el cuerpo del hombre antes de que la multitud se lo llevase. Habían acordonado la zona y escoltado al reo para evitar que miembros de alguna tribu vinculada a la víctima le disparase primero, para vengarse por su propia mano. Todo captado por las cámaras de los smartphone de los espectadores. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt
