domingo, 23 de marzo de 2025

De las entradas del blog de hoy domingo, 23 de marzo de 2025

 





Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz domingo, 23 de marzo de 2025. La preparación inicial para ingresar en la judicatura y en la Fiscalía presenta en España serias deficiencias de base, afirma críticamente en la primera de las entradas del blog de hoy el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Perfecto Andres Ibáñez. La segunda del día es un archivo del blog fechado el 31 de marzo de 2013 en el que HArendt afirmaba contundemente que no tenía muy buen concepto de la clase política actual, ni de la nuestra, la española, ni de la europea, y que creía, sinceramente, que no dan la talla ni por aproximación. La tercera es un poema titulado Exilio, de la poetisa española de origen sefardí Kiku Adatto, que comienza así: Al principio caminamos/entre los álamos y los robles/los viñedos y los olivares. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean  felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt












De las deficiencias formativas de la carrera judicial

 








La preparación inicial para ingresar en la judicatura y en la Fiscalía presenta en España serias deficiencias de base, afirma críticamente en El País [El irracional sistema para ser juez, 20/03/2025] el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Perfecto Andres Ibáñez. Si para entender en qué consiste la jurisdicción, comienza diciendo, bastase saberse los preceptos legales que la rigen —escribe Glauco Giostra parafraseando a G. B. Shaw— “ser estúpidos no sería necesario, pero ayudaría mucho”. Con tal punzante observación, el jurista italiano hace crítica referencia a una actitud de método con un antecedente autorizado en el Bonaparte del “mon Code est perdu”. Una exclamación pronunciada al saber que su famosísimo texto legal sería interpretado. Pero el dicho del emperador no era una ocurrencia: condensaba sentenciosamente un modo de entender el derecho —el propio del primer positivismo— como una suerte de ideal normativo autosuficiente, dotado de inequívoca plenitud de sentido ya solo en la expresión literal y, por ello, susceptible de una aplicación mecánica o casi.

Pues bien, aunque cueste creerlo, este es el retroparadigma que, desde hace más de un siglo, rige, invariable, en España el régimen de acceso al ejercicio de las funciones judiciales: el conocido sistema de oposiciones, que se resuelve en el veloz recitado de temas memorizados ante una comisión examinadora que lo sigue reloj en mano e incluso con los textos legales abiertos para verificar la literalidad de la exposición: valor por excelencia a efectos de puntuación.

La oposición se prepara durante unos cuatro años y pico de media, en riguroso aislamiento (“en casa sin salir más que a misa los domingos y demás fiestas de guardar”, se lee en las memorias del magistrado Ríos Sarmiento). Un régimen interrumpido un par de veces por semana para cantar los temas a un preparador. Y el aprendizaje consiste en asimilar mecánicamente algunos cientos de estos, elaborados con ese fin en las llamadas “contestaciones”, por el procedimiento de desnudar a las instituciones jurídicas de toda referencia histórica o doctrinal —cultural, para entendernos— reduciéndolas a una suerte de nociones-píldora drásticamente desproblematizadas. Algo que da sentido a un expresivo consejo de preparador al alumno que empieza: “Ahora a estudiar, que de pensar ya tendrás tiempo”.

A lo largo de este periodo, a más de una cierta disciplina de trabajo, solo se cultiva la memoria. Tanto es así que en el prólogo de un clásico texto usado por miles de aspirantes a jueces podía leerse: “La oposición es (…) la ejecución en el acto del examen de los ‘discos’ previamente impresionados en el cerebro del opositor con arreglo al programa”. Todo cuando para Montaigne, ya en el siglo XVI, “saber de memoria” era “no saber”. Una técnica denostada por él porque dejaba “totalmente hueco el juicio” y que, es curioso, rige entre nosotros, precisamente, en la supuesta formación de futuros profesionales del oficio de juzgar.

Esta es una función pública que impone decidir con imparcialidad sobre casos problemáticos, hoy en una sociedad plural en el orden de los valores y muy conflictiva, aplicando un ordenamiento multinivel a situaciones no siempre bien reguladas por el legislador. Y, en este marco, la tarea del juez consiste en caracterizar adecuadamente el supuesto de hecho sometido a su consideración, para luego aplicar las disposiciones atinentes al caso atribuyendo a sus términos el significado más correcto. Un cometido que demanda de sus protagonistas cierta tensión moral y, además de dominio del orden jurídico, destreza técnica para obtener buen conocimiento empírico. Esto exige rigor en el tratamiento del material probatorio, mediante el control del propio proceso cognoscitivo, para que solo accedan a la decisión datos bien adquiridos cuya valoración pueda justificarse expresamente. Es el modo de hacer que lo decidible coincida siempre y solo con lo motivable, y que queden fuera de aquella esas peligrosas certezas subjetivas más propias de la adivinación que del enjuiciar racional.

Pero, inevitablemente, la irracionalidad del régimen de selección irradia y se hace patente en el plano de la formación resultante. Ya lo pone de manifiesto el propio diseño del programa, del que está por completo ausente la epistemología del juicio de hecho, asunto central de la experiencia jurisdiccional, de cuya relevancia informa el dato de que la obra capital de Michele Taruffo, La prueba de los hechos, excede de 500 páginas y no habla de derecho. Y también lo acredita el sorprendente descuido de un deber constitucional, la motivación de las decisiones, a la que solo se dedica una quinta parte de tema en el caso de la sentencia civil y una octava en el de la penal; y el prácticamente nulo espacio dedicado a la interpretación de la ley.

Lo que acaba de aludirse expresa una deficiencia de diseño, que refleja algo mucho más profundo: una opción relativa al modelo (mejor antimodelo) de juez que objetivamente se busca: aquí, el decimonónico decisor “en conciencia íntima”, para el que resolver en cuestión de hechos no es operar metódicamente con hipótesis, sino decidir por una suerte de pálpito, como tal injustificable. Así se explica que, en la obra de “contestaciones” seguramente utilizada en su preparación por la mayoría de jueces y fiscales actualmente en ejercicio, se postule como función de la prueba: “Formar la convicción psicológica del juez”. Obsérvese, no el convencimiento imprescindible con un porqué racional y explicitable, sino una suerte de sensación que, lo propio de los fenómenos psíquicos, se experimenta de forma subliminal y, naturalmente, intransferible. Algo semejante ha escrito Cordero, a lo que sucede en la experiencia religiosa de los misterios, cuando “sobreviene un instante pánico en el que la razón queda en suspenso”.

De lo expuesto se sigue que la preparación inicial de los jueces (y de los fiscales) presenta serias deficiencias de base. Cierto que al ingreso sigue un curso en la Escuela Judicial. Pero ocurre que, según el Plan de Formación del curso 2022-2023, en ella, “el estudio” se hace “desde una perspectiva eminentemente práctica”, porque “el juez/a (sic) en prácticas” ya tiene los conocimientos precisos “desde una perspectiva eminentemente teórica”, en virtud de la oposición. De modo que el bagaje para un ejercicio profesional tan delicado es el que acaba de apuntarse, salvo aquellos casos (por fortuna, bastantes) en los que la autoevidencia del déficit formativo lleve a la voluntaria realización de un personal esfuerzo para compensarlo. Algo ciertamente no fácil, dada la carga de trabajo.El problema es serio y repercute en la calidad de la justicia que se imparte, así en resoluciones preocupantes como las de la Sala Segunda contra el fiscal general, de un llamativo vacío de justificación; en las inclasificables providencias-ucase del juez Juan Carlos Peinado; en ciertas actuaciones del juez Joaquín Aguirre. También —en muy otro plano— en una pobre sensibilidad a los valores constitucionales de la jurisdicción, como la expresada por los jueces Carlos Valle (pintoresco interlocutor del humorista Quequé) y Manuel Ruiz de Lara (el del imaginativo “Barbigoña” y el patético narcisismo agresivo). O en aquellas pintorescas concentraciones “con togas y a lo loco” (escribe bien Julio Picatoste), ante las sedes judiciales, de la misma impregnación político-partidista que la mayoritaria aquiescente pasividad con el secuestro golpista del Consejo General del Poder Judicial, exhibida durante un quinquenio. Perfecto Andrés Ibáñez es magistrado emérito del Tribunal Supremo.


















[ARCHIVO DEL BLOG] La ley de Transparencia y la responsabilidad de los políticos. Publicado el 31/03/2013












No tengo muy buen concepto de la clase política actual. Ni de la nuestra, la española, ni de la europea. Creo, sinceramente, que no dan la talla ni por aproximación. Hace unos días, revolviendo papeles, me encontré con un informe de gestión que hice en noviembre de 1999 para el órgano de control del sindicato en el que militaba. Lo encabezaba con una frase del profesor de la Universidad de Stanford (EUA) y actualmente de la European University Institute de Fiésole (Italia), P.C. Schmitter, que decía lo siguiente: "Sin individuos que inviertan en democracia hasta el punto de orientar sus trayectorias vitales alrededor de la aspiración de ocupar sus puestos claves, existen serias dudas para la supervivencia de cualquier democracia. La cuestión central no es si existirá o no una élite política o incluso una clase política, sino la composición de ese grupo de representantes y si después se les podrá hacer responsables de sus acciones". Y es que resulta que esa es la clave de la democracia: la exigencia de responsabilidades, y no solo políticas, a los que nos gobiernan, por los actos que realizan o dejan de realizar en nuestro nombre mientras ocupan el cargo para el que han sido elegidos o designados.
El mundo es un pañuelo, dicen, y la clase política los mocos que lo infestan. Conviene lavarlos, el mundo y el pañuelo, a menudo para retirar la podredumbre, o mejor, tirarlos a la basura (solo el pañuelo), como los clínex, y comprarse unos nuevos... Espero que se me perdone la ordinariez de la expresión, pero es lo más suave que se me ocurre decir sobre los políticos a la luz de los últimos acontecimientos.
No creo que el anteproyecto de ley de transparencia sometido a información pública por el gobierno español del partido popular vaya a dar para mucho. En el acceso al mismo que figura en la página electrónica de La Moncloa solo dan para opinar a los ciudadanos un espacio de 1024 carácteres. Por generosidad y espacio que no quede..., y espero que no se bloqueen los mensajes posteriores que se envíen desde una misma dirección de correo electrónico. En honor a la verdad confieso que no lo he leído todavía, aunque pienso hacerlo con detenimiento y opinar sobre él en la medida que me dejen. Si he leído la referencia al informe sobre el mismo presentado por la vicepresidenta del gobierno al Consejo de Ministros del pasado día 23 de marzo, pero no he llegado a ninguna conclusión salvo la de la buena voluntad o una cierta dosis de cinismo por su parte dado el grado de cumplimiento que el partido y el gobierno del PP hacen de su palabra dada. Ahí lo dejo, de momento.
Curiosamente, y de nuevo deformación profesional como historiador, la lectura del informe me ha hecho recordar una vieja institución del Derecho de Indias español que, con las actualizaciones pertinentes, podría tener cabida en la elaboración del anteproyecto de ley citado. Me refiero al denominado "Juicio de Residencia", un procedimiento que consistía en que al término del desempeño de sus funciones todos los cargos públicos, incluidos los virreyes, y antes de abandonar la residencia del lugar en el cual habían ejercido sus cargos, estaban obligados a someterse a un proceso en el que se analizaba el grado de cumplimiento de sus obligaciones a lo largo del mandato, reuniendo cuanta información fuera precisa a través de diferentes testigos, documentos, denuncias y pruebas aportadas en su contra. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo; en cambio, si había cometido errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de ejercer de nuevo un cargo. Interesante, ¿no es verdad?
¿Cómo aplicar esta añeja institución española a la época actual? Una posibilidad sería la de recurrir, ahora, a otra antigua institución del derecho anglosajón, y más específicamente estadounidense, que aún funciona a pleno rendimiento como instancia judicial en la gran república norteamericana: el Gran Jurado. ¿Cómo?, haciendo que todo cargo público de relevancia: alcaldes, parlamentarios regionales, diputados y senadores nacionales; miembros de la administración de libre designación por los gobiernos respectivos, cualquiera que sea su ámbito territorial, etc., etc.; y todos los responsables de empresas sostenidas o subvencionadas con fondos públicos se sometan a un proceso informativo ante un Gran Jurado popular conformado al respecto, elegido al azar entre las listas de ciudadanos con derecho a voto, y ante los cuales, durante el plazo que se determinara, y en audiencia pública, se sometería a su escrutinio la labor desempeñada por el mismo durante el ejercicio de su mandato, una vez concluido éste, o cuando en el ejercicio del mismo se presentara contra él una petición en tal sentido avalada por un determinado número de ciudadanos.
Es solo un esbozo y aparco los detalles de la propuesta para otro momento, pero dejo la exposición a juicio de los amables lectores del blog por si estiman interesante comentarla. Y sean felices, por favor, a pesar del gobierno. Tamaragua, amigos. HArendt 














Del poema de cada día. Hoy, Exilio, de Kiku Adatto

 









EXILIO



Al principio caminamos

entre los álamos y los robles

los viñedos y los olivares.


Hicimos un pacto con la tierra

las montañas y el mar

los ríos y las raíces

que contaban nuestras historias.


Cuando nuestra sangre

corría por las calles, no huimos.

Rechazamos la memoria de masacres

y recordamos el sol de Sefarad

sobre las cabezas de nuestros hijos.


De nosotros surgieron filósofos

mercaderes y poetas

médicos y diplomáticos

aún nuestros líderes tenían que besar

las manos de los reyes

que siempre y nunca nos protegieron.


Siempre y nunca

estas palabras las llevamos

a nuestro exilio

y guardamos las llaves

de nuestras casas

para el día del retorno.


En el crepúsculo violeta

de nuestra partida

sólo probamos el polvo

de nuestros deseos.




KIKU ADATTO (1947)

poetisa española












De las viñetas de humor del blog de hoy domingo, 23 de marzo de 2025

 

































sábado, 22 de marzo de 2025

De las entradas del blog de hoy sábado, 22 de marzo de 2025

 





Hola, buenos días de nuevo a todos y feliz sábado, 22 de marzo de 2025. Hay tres abordajes posibles a la pregunta sobre el dilema de la inteligencia artificial, comenta en la primera de las entradas del blog de hoy el filósofo Daniel Innerarity: Detener la tecnología por un tiempo, someterla a códigos éticos o examinarla mediante la crítica política. La segunda es un archivo del blog del 11 de abril de 2018, sobre ciudadanía digital y dignidad humana, en el que la filósofa Adela Cortina se planteaba que era imposible predecir los avances tecnológicos, pero que sí podíamos anticipar para qué mundo los queríamos anticipándonos al reto de la transformación digital en el mundo laboral y la sustitución de trabajadores por robots. El poema del día, en la tercera, del poeta Jesús Urceloy, se titular Amarcord y comienza así: Recuerdo algunas cosas. Allí bailan/en la niebla unos niños, una moto/interrumpe un monólogo, un anciano/subido a un árbol grita. Un padre triste,/una mujer que muere con ternura. Y la cuarta y última, como siempre, son las viñetas de humor, pero ahora, como decía Sócrates, "Ιωμεν" (toca marchar); volveremos a vernos mañana si las Euménides y la diosa Fortuna lo permiten. Sean  felices, por favor. Tamaragua, amigos míos. HArendt











Del dilema de la inteligencia artificial

 







Hay tres abordajes posibles a esta pregunta, escribe el filósofo Daniel Innerarity en un libro del que ‘Ideas adelanta un extracto: Detener la tecnología por un tiempo, someterla a códigos éticos o examinarla mediante la crítica política. Lo escribe hoy en  la revista Ideas (El dilema de la inteligencia artificial: ¿Quién decide cuando aparentemente nadie decide?, El País, 19/03/2025]. La organización política de las sociedades, comienza diciendo Innerarity, ha tenido siempre una pretensión de automaticidad. En cuanto se supera la simpleza de la familia o la tribu, las organizaciones humanas necesitan datos y procedimientos que permitan gestionar la incipiente complejidad. Desde esta perspectiva, la racionalidad algorítmica, más que representar una ruptura absoluta con el pasado, puede ser analizada de acuerdo con continuidades históricas, es decir, siempre que ha habido que establecer un orden en un entorno de complejidad y heterogeneidad. Como la burocracia para el estado moderno, la inteligencia artificial parece llamada a ser la lógica de legitimación de las organizaciones y los gobiernos en las sociedades digitales. Los tres elementos que modificarán la política de este siglo son los sistemas cada vez mas inteligentes, una tecnología mas integrada y una sociedad mas cuantificada. Si la política a lo largo del siglo XX giró en torno al debate acerca de cómo equilibrar estado y mercado (cuánto poder debía conferírsele al Estado y cuánta libertad debería dejarse en manos del mercado), la gran cuestión hoy es decidir si nuestras vidas deben estar regidas por procedimientos algorítmicos y en qué medida, cómo articular los beneficios de la robotización, automatización y digitalización con aquellos principios de autogobierno que constituyen el núcleo normativo de la organización democrática de las sociedades. El modo como configuremos la gobernanza de estas tecnologías va a ser decisivo para el futuro de la democracia; puede implicar su destrucción o su fortalecimiento.

Los humanos siempre hemos aspirado a que algún procedimiento mecánico nos haga menos dependientes de la voluntad de los otros. La racionalidad algorítmica parece prometerlo, pero ¿es realmente así? El problema fundamental de la inteligencia artificial es la creciente externalización de decisiones humanas en ella. La automatización generalizada plantea el problema de qué lugar le corresponde a la decisión humana, si se trata simplemente de un suplemento, de una modificación o un remplazamiento. La respuesta a todas estas cuestiones permitiría convertir a la informática en una disciplina política. En definitiva, ¿quién decide cuando aparentemente nadie decide?

Hay tres respuestas posibles a este conjunto de problemas planteados por el creciente protagonismo de la razón algorítmica debido a la delegación de decisiones en la inteligencia artificial: la moratoria, la ética y la crítica política, es decir, la propuesta de que la tecnología sea detenida al menos por un tiempo, de someterla a códigos éticos o examinarla de acuerdo con una perspectiva de crítica política.

La idea de moratoria evidencia una falta de comprensión acerca de la naturaleza de la tecnología, de su articulación con los humanos y, concretamente, de las potencialidades de la inteligencia artificial en relación con la inteligencia humana, a mi juicio menos amenazada de lo que suponen quienes temen al supremacismo digital. Por supuesto que nos encontramos con un desfase cada vez más inquietante entre la rapidez de la tecnología y la lentitud de su regulación. Los debates políticos o la legislación son sobre todo reactivos. Una moratoria tendría la ventaja de que el marco regulatorio podría adoptarse de forma proactiva antes de que la investigación siga avanzando. Pero las cosas no funcionan así, menos aún con este tipo de tecnologías tan sofisticadas. La petición de moratoria describe un mundo ficticio porque, por un lado, considera posible la victoria de la inteligencia artificial sobre la humana, y por otro sugiere que la inteligencia artificial solo necesitaría algunas actualizaciones técnicas durante seis meses de congelación de su desarrollo. ¿En qué quedamos? ¿Cómo es que la amenaza sea tan grave y que, al mismo tiempo, basten seis meses de moratoria para neutralizarla?

Otro recurso para tratar de condicionar el desarrollo tecnológico es la apelación a los criterios éticos. En este caso no se trataría de frenar el desarrollo sino de orientarlo en un determinado sentido. Así lo ha pretendido la multitud de instituciones que han lanzado sus exhortaciones en los últimos años en un número creciente que es inversamente proporcional a la novedad de las propuestas. Siendo muy necesaria la referencia al horizonte normativo, esta apelación no agota todas las posibilidades de la crítica. Si la moratoria frenaba demasiado, podríamos decir que la ética frena demasiado poco y puede terminar convirtiéndose en un inofensivo acompañamiento del desarrollo tecnológico irreflexivo. No podemos esperar la solución al problema de la articulación entre inteligencia artificial y democracia de la actual proliferación de códigos éticos porque, aunque persigan proteger los valores esenciales de la democracia, no desarrollan conceptualmente el problema de hasta qué punto la automatización generalizada modifica la condición democrática. Antes que normativo, el desafío al que nos enfrentamos es conceptual. Solo una lectura política de la constelación digital nos permitirá examinar la calidad democrática de la digitalización.

La teoría crítica es algo muy distinto de la ética de la inteligencia artificial; la crítica comienza precisamente allí donde terminan los llamamientos a desarrollar una inteligencia artificial responsable y humanista. La crítica no es una exhortación a hacerlo bien, sino una indagación de las condiciones estructurales que posibilitan o impiden hacerlo bien. ¿Qué aporta la perspectiva de la crítica filosófica sobre el tema de la racionalidad algorítmica? Básicamente una interrogación casi nunca plenamente satisfecha sobre los supuestos que tendemos a dar por suficientemente acreditados.

La ideología de la razón algorítmica no es tanto ocultación deliberada como irreflexividad. Su naturalización consiste en dejar de preguntarnos acerca de a qué clase de racionalidad responde la racionalidad algorítmica, pensar que no hay racionalidad alternativa o, al menos, una diversidad de posibilidades acerca de qué hacer con esa racionalidad. Lo que en este libro me planteo es qué quiere decir autogobierno democrático y qué sentido tiene la libre decisión política en esta nueva constelación. Mi objetivo es desarrollar una teoría de la decisión democrática en un entorno mediado por la inteligencia artificial, elaborar una teoría crítica de la razón automática y algorítmica. Necesitamos una filosofía política de la inteligencia artificial, una aproximación que no puede ser cubierta ni por la reflexión tecnológica ni por los códigos éticos.

Hay que pensar una idea de control que, al mismo tiempo, cumpla las expectativas de gobernabilidad del mundo digital, que no podemos dejar fuera de cualquier comprensión, escala y orientación humanas, pero tampoco deberíamos ejercer sobre él una forma de sujeción que arruinara su performatividad. Todavía no hemos encontrado el equilibro adecuado entre control humano y beneficios de la automatización, pero esta dificultad nos habla también del carácter abierto, explorador e inventivo de la historia humana, no tanto de un fracaso definitivo. Reconforta considerar que en otros momentos de la historia los seres humanos tampoco hemos acertado a la primera cuando se trataba de acotar los riesgos de una tecnología desconocida. Recordemos aquella Red Flag Act proclamada en Inglaterra en 1865 con el fin de evitar accidentes ante el aumento de los coches, a los que imponía una velocidad máxima de cuatro millas por hora en el campo y dos en pueblos y ciudades. Además, cada uno de ellos debía estar precedido por una persona a pie con una bandera roja para advertir a la población. Hicieron falta unos cuantos años para que fuéramos conscientes de la naturaleza de los riesgos y de las ventajas de los desplazamientos rápidos y, sobre todo, de que el control humano de los vehículos no dependía de la limitación de la velocidad a los parámetros del caminar. Es posible que lo que hagamos ahora con la inteligencia artificial nos parezca en el futuro excesivo o insuficiente, pero lo que nos distingue como humanos no es el éxito de lo que hacemos sino el empeño con que lo hacemos. Daniel Innerarity (Bilbao, 1959) es filósofo. Este texto es un adelanto editorial de su libro Una teoría crítica de la inteligencia artificial, de Galaxia Gutenberg, y se publica este 19 de marzo. 






[ARCHIVO DEL BLOG] Ciudadanía digital y dignidad humana. Publicado el 11/04/2018












Es imposible predecir los avances tecnológicos, pero sí podemos anticipar para qué mundo los queremos. El gran reto es anticiparse al impacto de la transformación digital en el mundo laboral y la sustitución de trabajadores por robots, escribe en El País la profesora Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.
"¿Nos está haciendo Google estúpidos?”, comienza diciendo. Con esta sorprendente pregunta empieza uno de sus trabajos el escritor Nicholas Carr, preocupado por el efecto que la transformación digital está teniendo en nuestro cerebro. Sin duda la digitalización está produciendo grandes beneficios desde los años noventa del siglo XX, pero también plantea problemas que urge abordar, uno de los cuales es si nos estamos haciendo estúpidos, o al menos superficiales, a fuerza de vivir de Google.
Carr constata en carne propia que cada vez le cuesta más leer un libro o un artículo largo, cuando antes los devoraba, que le resulta difícil concentrarse y acaba navegando a través de distintos trabajos, sin entrar a fondo en ninguno de ellos. Y como una forma distinta de leer acuña una forma diferente de pensar, parece tener razón la psicóloga Maryanne Wolf al decir que somos como leemos, que la lectura profunda es indistinguible del pensamiento profundo; con lo cual nos estamos condenando a la superficialidad.
Pero lo peor no es eso todavía. Tal vez lo peor sea que la transformación digital de la economía, la política y la sociedad puede conformar nuestros cerebros de tal modo que pongamos de nuevo nuestras vidas en manos del taylorismo.
El taylorismo —prosigue Carr— se convirtió en la filosofía de la Primera Revolución Industrial, más de cien años después del nacimiento de la máquina de vapor. Organizaba el trabajo de forma que se lograra la máxima velocidad, la máxima eficiencia y el máximo resultado. Y podría ocurrir que lo que Taylor hizo para el trabajo manual, lo esté haciendo ahora Google para el trabajo mental. Cosa peligrosa si las hay, porque, según Taylor, si este sistema se aplicara a todo el trabajo manual, se llegaría a una reestructuración de la industria, pero también de la sociedad, creando una utopía de eficiencia perfecta. “En el pasado el hombre ha sido lo primero; en el futuro el sistema mismo será lo primero”, llegaba a afirmar. Y cabe pensar que este sistema funcionó como ética de la manufactura industrial. Pero ¿y si este sistema pasa a gobernar hoy también el mundo de la mente?
La pregunta es ineludible. La transformación digital es irreversible, el nuestro es ya un mundo digital, y no solo porque los nativos digitales no pueden imaginar otro diferente, sino porque los inmigrantes digitales nos hemos avecindado en él, aprovechando los beneficios que proporciona. Entre ellos, que es fuente de productividad y competitividad en la política, en la economía y en la sociedad, de suerte que ningún país puede perder la carrera de la digitalización si desea alcanzar un crecimiento sostenible. Y esto es verdad, pero también lo es que en esa carrera el sistema nunca debe ponerse por delante de las personas, que humanizarlo es una necesidad vital.
Por eso es urgente reflexionar sobre las metas de la transformación digital y sobre el modo de alcanzarlas, descubriendo sus ventajas y también los problemas que plantea. Porque es imposible predecir el curso que van a seguir los avances tecnológicos, pero sí que podemos anticipar para qué mundo los queremos: para un mundo en que se respete la dignidad de las personas, sean humanas o transhumanas, de modo que la productividad y la eficiencia estén a su servicio, nunca se permitan menoscabarla, menos aún anularla. La razón moral debe ir por delante de la razón técnica.
Afortunadamente, en esta dirección camina el proyecto de construir una ciudadanía digital, tal como la vienen promoviendo la Agenda Digital para Europa, puesta en marcha por la Comisión Europea en 2010, y su réplica española desde 2013.
El objetivo es construir una ciudadanía digital de pleno derecho, lo cual exige hacer frente a retos como la ciberseguridad, la protección de datos personales, la privacidad de los usuarios, la accesibilidad, la propiedad y la gestión de los datos o la mejora de las capacidades digitales. Pero también abordar cuestiones tan complejas como quién será responsable de un fallo de competencia robótica, cómo enfrentar el hecho de que las máquinas también tienen sesgos en sus decisiones o el problema de que los algoritmos carezcan de contexto.
Sin embargo, el reto acuciante consiste en anticiparse al impacto de la transformación digital en el mundo laboral, teniendo en cuenta que los derechos sociales pertenecen al ADN de la Unión Europea, como reconoce de nuevo el Pilar Europeo de Derechos Sociales de abril de 2017. Proteger esos derechos exige al menos dos cosas: mejorar las competencias digitales de la ciudadanía y organizar el mundo del trabajo de tal modo que no queden excluidos.
En lo que hace a las competencias digitales, a España le queda mucho camino por andar, porque según el DESI 2017 de la Comisión Europea, España ocupaba el lugar 16 entre los 28 Estados miembros, cuando lo cierto es que solo con una fuerza laboral competente digitalmente es posible abordar procesos de transformación que garanticen el empleo y la sostenibilidad.
Pero no es más sencillo hacer frente a la sustitución de trabajadores por robots, cuidando de que no haya excluidos del mercado laboral y de la atención social, sino todo lo contrario, es sumamente complejo, pero indispensable. Teniendo en cuenta, por si faltara poco, que también una reivindicación tan justa como la de las pensiones depende del trabajo, sea de autóctonos o de inmigrantes.
Vivimos ya sobre una bomba de relojería, que no solo amenaza con estallar, sino que va a hacerlo si no lo evitamos. Y es de asuntos como estos, esenciales para eliminar sufrimiento humano, de los que tendríamos que estar ocupándonos los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos de a pie, en vez de seguir enredados en temas menores, discutiendo sobre si son galgos o podencos.
Por suerte, pertenecemos a esa Unión Europea, que, con todas sus limitaciones, sigue representando una voz humanizadora en el desorden geoestratégico mundial, marcado por China, Rusia y el actual Estados Unidos. Potenciarla y trabajar en su seno para que nunca el sistema se anteponga a los seres humanos, para que la ciudadanía digital esté al servicio de las personas autónomas y vulnerables, es una exigencia de justicia ineludible. Y ahora, como decía Sócrates, Ιωμεν: nos vamos. Sean felices, por favor, a pesar de todo. Tamaragua, amigos. HArendt












Del poema de cada día. Hoy, Amarcord, de Jesús Urceloy

 





AMARCORD


(Federico Fellini, 1973)


Recuerdo algunas cosas. Allí bailan

en la niebla unos niños, una moto

interrumpe un monólogo, un anciano

subido a un árbol grita. Un padre triste,

una mujer que muere con ternura.

Y la loca del pueblo nos miraba

desde el otro país, quizá otra vida

transitada en sus ojos. Yo paseo

junto a mi soledad por una playa,

mientras el ciego del acordeón

interpreta la tarde.


Porque es la vida y pasa y nunca cómo

va a pasarnos después: probablemente

algo normal o razonable.



JESÚS URCELOY (1964)

poeta español