Frente a la percepción de que está muy extendido, escribe la politóloga Cristina Monge [España no es un país corrupto. El País, 09/07/2025] el problema se limita al ámbito de la contratación públi[a y lo protagonizan políticos, empresarios y personal relacionado con las adjudicaciones. Conviene no confundirse, comienza diciendo Monge: España no es un país corrupto. Nadie ha tenido que deslizar un billete de 50 euros encima de la mesa para conseguir que el médico le recete un antibiótico, el funcionario municipal le tramite un empadronamiento o los juzgados agilicen un expediente. Tampoco a los profesores nos llegan regalos para aprobar a los estudiantes que no superan el cinco, y cada vez se escucha menos aquello de ¿con o sin factura? cuando se lleva el coche al taller o se contrata en casa una obra menor. Estas prácticas, comunes en otros países, no ocurren aquí.
Sin embargo, España es el país de la Unión Europea con mayor diferencia entre la percepción de la corrupción y los datos reales de casos. Pensamos que somos mucho más corruptos de lo que luego dicen los números. ¿Por qué? Porque España no es un país corrupto, pero tiene un problema de corrupción instalado fundamentalmente en las esferas relacionadas con la contratación pública.
Los protagonistas son conocidos: élites políticas, directivos de empresas y personal relacionado con todo el largo y complejo proceso de contratación pública en el conjunto de las administraciones. El fenómeno de la corrupción se encuentra, por tanto, localizado, residenciado en un ámbito concreto, y su funcionamiento, conocido y estudiado.
Tristemente, la historia reciente de este país ha provocado que proliferen los estudios, investigaciones y personas expertas que conocen qué hacer para luchar contra la corrupción. Una amplia red de profesionales, académicos y entidades de la sociedad civil no sólo tienen un claro diagnóstico del problema, sino que conocen también cuáles son las principales medidas. Desde Más Democracia acabamos de hacer público un documento donde se recogen muchas de ellas.
La primera consideración es que la lucha contra la corrupción requiere medios, pero esos medios son, en el fondo, un gran negocio. Una inversión —que no gasto— de entre 50 y 100 millones de euros en lucha contra la corrupción obtiene unos retornos de más de 1.000 millones de euros, según estudios de la OCDE y otros organismos internacionales.
La batalla contra la corrupción ha de librarse en distintos campos a la vez. Para empezar, en los partidos políticos, que son los que tienen entre sus funciones seleccionar a quienes nos representan y a quienes dirigen la gestión del Gobierno y ocupan, por tanto, los espacios donde se efectúan esas contrataciones. Es fundamental que se obligue a los partidos a contar con comisiones de ética y de garantía con los mecanismos suficientes para garantizar su independencia, especialmente de la secretaría de organización. De la misma manera, ayudaría a reforzar la transparencia establecer la obligación de publicar lo relativo a la financiación y remuneración de los cargos públicos y orgánicos, incluyendo las donaciones voluntarias de sus representantes electos y cargos de gobierno, así como los sobresueldos de cualquiera de sus miembros y los criterios a los que obedecen. Finalmente, como han demostrado los últimos acontecimientos, es necesario instaurar en todos los partidos —como establece la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción— un canal interno anónimo de denuncias. Esta vía debe ser reforzada designando a una persona responsable de su cumplimiento, que se encuentre protegida frente a cualquier represalia o presión, de forma que cualquier militante, simpatizante o cargo público pueda denunciar anónimamente con todas las garantías los casos que pueda conocer de corrupción o abuso de poder, incluidos los comportamientos machistas.
Para reforzar el sistema de cumplimiento resulta esencial reforzar los medios y funciones del Tribunal de Cuentas y establecer un sistema de sanciones más severo sobre los comportamientos inadecuados de gestión presupuestaria de los partidos políticos, así como el uso de fuentes de financiación no establecidas. Si se plantea que las empresas que hayan participado en un acto de corrupción no puedan contratar con la administración pública durante diez años, parece coherente hacer lo mismo con los partidos políticos, excluyéndolos durante el mismo periodo de la posibilidad de obtener financiación pública si han incurrido en financiación irregular.
Otro ámbito a mejorar es el campo institucional. En la actualidad existen siete organismos, además del Tribunal de Cuentas, dedicados a prevenir la corrupción. Se trata de la Oficina de Conflicto de Intereses, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Oirescon, la Oficina Nacional de Auditoría-Seneca, la Dirección General de Gobernanza, la Inspección de Servicios y la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante. Lejos de aumentar la eficacia del sistema, esta multiplicación de organismos lo complejiza y debilita, por lo que resulta recomendable agruparlo en un gran órgano independiente y bien dotado de medios. Una agencia antifraude, como han propuesto algunos grupos parlamentarios, es ya algo obligado, si bien sería recomendable que fuera nombrada y rindiera cuentas ante el Parlamento.
En Octubre se celebrará en Vitoria la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Sería el momento oportuno para aprobar la Ley de Gobierno Abierto, estableciendo el acceso a la información como un derecho fundamental, reduciendo las opciones de opacidad, limitando las excepciones y estableciendo la transparencia desde el diseño de las políticas públicas. Sería también el momento de dotar al Consejo de Transparencia de un régimen específico de infracciones, multas coercitivas y sanciones frente a los incumplimientos de la ley, así como de mayor independencia.
Si nos centramos en la contratación pública, auténtico meollo de los problemas de corrupción, es necesario que las empresas que participen en prácticas corruptas, o cuyos directivos lo hagan con financiación de la empresa, no puedan volver a contratar con la administración durante un tiempo suficientemente desincentivador. Pero con esto no basta. El control debe extenderse desde la fase previa de planificación, evitando la información privilegiada, hasta la de posadjudicación, sancionando las modificaciones y cambios fraudulentos y declarando la nulidad de los contratos públicos, concesiones o licencias obtenidos mediante un acto afectado por la corrupción. El personal que valora las propuestas de las licitaciones debe contar con acreditación de sus conocimientos y su integridad, con las competencias que establece el marco europeo ProcurCompEU, y debe hacerlo dentro de órganos de la administración independientes.
El Parlamento español, Congreso y Senado, sede de la soberanía popular, no puede quedar al margen de una ofensiva contra la corrupción. Para ello, debe dar prioridad a la regulación de la actividad de los grupos de interés, trasladando la legislación europea en materia de transparencia, registro, código de conducta, huella legislativa y transparencia de las agendas de los miembros de la Cortes Generales. La tramitación de la regulación de los lobbys ha sido iniciada ya en varias ocasiones y nunca ha llegado a su fin. Es hora de ponerle remedio.
Por otro lado, es necesario reformar a las cuestionadas comisiones de investigación para que puedan cumplir el cometido para el que fueron diseñadas. Para ello, es imprescindible aumentar la capacidad de los grupos parlamentarios minoritarios para impulsarlas a propuesta de una cuarta parte de los miembros del parlamento, como ocurre en Alemania o Portugal, y regular sus plazos de constitución para acortar tiempos, así como eliminar el voto ponderado e introducir voto secreto.
Estas son sólo algunas ideas de las muchas que deben ponerse en marcha para lanzar una ofensiva contra la corrupción, pero hay más. La convocatoria de una amplia conferencia de profesionales, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil podría identificar, completar y perfeccionar esas propuestas. Ojalá pudieran después debatirse en el Congreso y acabar formando parte de un pacto de estado que contara con la participación y aprobación del conjunto de la cámara. Plantear esto en el marco y clima de crispación instalado en nuestro país parece un acto de ingenuidad, pero no caminar en esta dirección es alentar la desafección, la desconfianza, y abrir la puerta a esa ultraderecha que cuestiona los consensos democráticos al tiempo que recoge los malestares de la sociedad. Cristina Monge es politóloga.
