Esta es la entrada 1100 de este su blog. Desde el 1 de agosto de 2006 hasta la fecha de hoy. Gracias por esta ahí. Son ustedes, sus lectores, una de las razones de su existencia. Sean felices.
Tamaragua. (HArendt)
HArendt
"Amenaza y periodismo: Sentencias de fondo", por Ángel Tristán Pimienta
(El Blog "Apuntes". La Provincia-Diario de Las Palmas, 07/02/09)
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dado otro demoledor varapalo a la técnica escapista del Gobierno de Canarias de utilizar informes externos para puentear a los funcionarios en el ámbito de las licencias o las adjudicaciones, y con el claro objetivo de imponer un grado inaceptable de discrecionalidad. Siempre se ha dicho que el recurso a la consultoría externa era una puerta abierta a la prevaricación, un intento, descarado por su abuso, de dar cobertura legal al chanchullo, porque es una obviedad que quien paga, manda, aunque no lo exprese por escrito, como es lógico en estos asuntos. Todos los que tengan algo que ver con este mundo de los concursos y los trámites saben de varios casos en que un dictamen con tales conclusiones puede dar paso a otro idéntico en sentido contrario, incluso motu proprio cuando se olfatea un cambio térmico en las alturas.
Los magistrados Francisco J. Gómez Cáceres, Jaime Borras Moya y Javier Varona Gómez- Acedo han sido especialmente claros y firmes en dos recientes sentencias, la 529/2008 en el recurso de la Opinión de Tenerife contra la adjudicación de las TDT por el Gobierno de Canarias, y la 579/2008 sobre la reclamación de LIDL contra el mismo Gobierno de Canarias que le denegó la apertura de sus tiendas de descuento duro. En ambos episodios los jueces condenan sin paliativos el puenteo de los técnicos de la propia Comunidad Autónoma, y la sustitución de sus funciones constitucionales por elementos ajenos a la esfera pública.
"… debe asimismo afirmarse que los informes técnicos que recabe las Mesas de contratación deben ser realizados por los propios servicios técnicos con que cuenta la Administración, y solo en los casos en que quede acreditado que tales servicios no existen o son insuficientes, podría acudirse a asesoramientos externos. Entenderlo de otra forma sería desnaturalizar la propia existencia de la Administración constitucionalmente concebida para servir con objetividad los intereses generales en la forma que se contiene en el artículo 103 CE. No existe la posibilidad de que los titulares de las potestades administrativas acudan a su libre albedrío a los órganos de la Administración o a otros externos según pueda en cada caso convenirles. Ello implicaría por sí mismo un ejercicio arbitrario de tales potestades". Sin embargo, José Manuel Soria ha considerado en sus declaraciones públicas meros 'problemas técnicos' la sentencia que anula la baremación, y por lo tanto, la adjudicación de las TDT.
La sentencia relativa a los comercios baratos LIDL abunda en estaargumentación doctrinal. "…la Administración en este caso encargó directamente a una empresa externa - sin que conste que en su selección se han observado los principios de publicidad y concurrencia - la elaboración del informe que de acuerdo con la Ley debía ser emitido por la propia Administración (Dirección General de Comercio)". Tras recordar que "solo los informes emitidos por los propios servicios de la administración gozan de la presunción de acierto y objetividad", se reitera que en las distintas leyes aplicables "no se encuentra la posibilidad de encomendarlos o contratarlos con entidades u organizaciones privadas".
No hace falta estar dotado de unas especiales condiciones intelectuales para deducir a tenor del pronunciamiento y explicaciones de sus señorías la sospecha de que la Administración haya querido dar un pucherazo. Dudas que aumentan si consideramos que la empresa que sustituyó a quienes no podía sustituir es propiedad de un antiguo alto cargo del Gobierno vinculado precisamente al área de Comercio. No son tiquismiquis, como dice el líder del PP José Manuel Soria, meros asuntillos administrativos fáciles de solucionar y pelillos a la mar. El problema no es de forma, como se quiere hacer ver, sino de fondo, y de mucho calado. Tanto que una lectura contextualizada de esta y de otras sentencias sugiere la existencia de métodos consolidados cuya persistencia y contumacia en el error suscita la sospecha de prevaricación: actuar mal a sabiendas.
La contundente descalificación judicial de la perversa práctica gubernamental de hurtar los informes a los funcionarios, cuya independencia de criterio está protegida por las leyes, y sustituirlos por encargos a empresas privadas para conseguir un criterio predeterminado sin duda comenzará a cambiar un sistema impregnado de discrecionalidad con finalidades abiertamente tramposas. Además, se conseguirá un sustancial ahorro en los Presupuestos, y la extinción de uno de los canales que los expertos consideran 'clásicos' para la corrupción y la financiación ilegal.
Lo grave es que los políticos concernidos quiten importancia a estos avisos de ilegalidad y a las evidencias inconstitucionales que señalan, y anuncien en cambio que proseguirán en el intento de hacer de estas islas el definitivo archipiélago de Bananaria.
Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias
"El Anticristo del imputado", por Juan José Jiménez
La Provincia-Diario de Las Palmas, 06/02/09
Al señor Barak Obama le han salido rana cuatro de los candidatos que su equipo había propuesto para formar parte del gabinete. Diversos motivos, mayormente todos relacionados con el fisco, han devuelto al cuarto de piletas de sus propias casas a tres de ellos antes de poder calentar el echadero, y el que queda está en veremos.
Pero con la tercera y última, la de antier, Nancy Killefer, una señora que en principio se tenía que dedicar a controlar los presupuestos, que ya es casualidad, se ha bordado el proceso.
La doña Killefer dejó de pagar un impuesto sobre una compensación a un empleado del hogar por unos 731 euros, según la cuenta que le hace The New York Times.
Muchos se han llevado las manos a la cabeza, por fitetú, cómo la señora Killefer, toda una doctora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se las ha querido pegar con ketchup a los norteamericanos con tremendo palo. A mí, qué quieren que les diga, lo de la Killefer me parece una mala suerte del carajo la vela: sólo por culpa de nacer en la otra costa de este mismo Atlántico que nos baña se le arruinado la carrera, que por cierto y según su biografía es verdaderamente estratosférica.
De ser la doña Killefer pongamos de Mogán, o de Las Teresitas, o de Telde, y alguien de la oposición, un periodista o un magistrado osara pasarle por los besos el asunto este de los 731 euros sería, perdonando la licencia, un descojono.
Aquí con un pufo de 731 euros lo más que se conseguiría es pagar otro chorro en uno de los cinco baños secretos de Rivero, o aflojarse cuatro güisquis a bordo de la avioneta a chorro con la que Soria dice que no fue a pescar el salmón a Noruega, o la facturación de un bolso falso del impagable caso Faicán. O el conmutador del generador de las comisiones eólicas.
Además es tan poquita la cantidad, para nuestros lujuriosos criterios, que ni sale a cuenta movilizar al círculo de empresarios para encender los faxes y emitir un comunicado contra jueces, fiscales, policías y demás arrieros del pescaíto fresco.
Y esta es la diferencia entre un proyecto ilusionante como el de Obama, un anticristo del imputado que comienza con un majo y limpio de todo lo que distraiga del fino cometido público, y el de un gobierno aturullado que antes de sacudirse a sus tramposos prefiere cargarse el sistema. De esto cabe deducir que si Obama hiciera escala en Gando se nos queda en blanco.
Paisaje de Gran Canaria
(E-1100) .../...
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