La movilización popular, la referencia europea, la estrategia de Adolfo Suárez, la libertad de prensa y el papel de Juan Carlos I: todos fueron imprescindibles, escribe en El País (24/11/2025), Diego López Garrido, director de la Fundación Alternativas y catedrático de Derecho Constitucional. El régimen franquista tuvo unos pilares esenciales que permitieron cuatro décadas de ausencia de libertad y el gobierno omnímodo de un autócrata de raíces fascistas, comienza diciendo. Para la aparición de un régimen democrático fue necesario destruir esos pilares, que aún existían inercialmente después de la muerte de Franco.
El núcleo del franquismo, lo que lo sostenía fácticamente, era el Ejército africanista que ganó en la Guerra Civil. No tenía por objeto la defensa de la integridad territorial de España —a quien nadie amenazaba— sino combatir lo que se llamó “enemigo interior”. Una suerte de continuidad de la contienda entre españoles. El Ejército era complementado por los aparatos de seguridad. Estaban formados con la obsesión de perseguir y usar cualquier medio, incluyendo la tortura sistemática, para reprimir a la oposición política al régimen.
El Estado español nacido de la guerra estaba absolutamente aislado del mundo exterior, incluso del más cercano, Europa. La derrota de Hitler y Mussolini en 1945 arrinconó aún más a un régimen cuya personalidad autoritaria era frontalmente opuesta a la ideología democrática liberal de los países europeos vencedores en la II Guerra Mundial.
El franquismo, como es sabido, no tenía el menor atisbo de pluralidad política. Todos los partidos estaban prohibidos, no existían elecciones libres ni, por supuesto, órganos parlamentarios o nada parecido a una Constitución garantizadora de un Estado de derecho. Las llamadas Leyes Fundamentales eran una farsa jurídica, mero escenario decorativo de la más dura represión, administrada judicialmente primero por la justicia militar y, desde 1963, por el Tribunal de Orden Público, legitimador de las cárceles y fusilamientos contra activistas antifranquistas.
La dictadura franquista acabó con cualquier atisbo de libertades, y con una de las exigencias para que pueda hablarse de democracia, la libertad de expresión. No existieron medios de comunicación libres, ni, por tanto, la posibilidad de que se formara una opinión pública que pudiera expresarse de modo plural. No había, pues, debate público abierto. La regla, durante la mayor parte del régimen, fue la censura previa para cualquier expresión cultural, imposibilitando una sociedad civil informada y con capacidad de estructurarse libremente.
Y, por encima de todo el entramado del franquismo, el Caudillo, solo responsable “ante Dios y ante la historia”. El Generalísimo dominó cualquier decisión política en nuestro país durante cuarenta años. Tenía atribuidas todas las competencias: la legislativa, la ejecutiva y el derecho de gracia, y controlaba directamente a unas fuerzas armadas hechas a su medida. Esta acumulación de poderes explica las rémoras de la economía española, que empezó por la autarquía, y continuó con un desorden que se extendió hasta el fin del dictador. Solo 20 años después de la Guerra Civil se empezó a recuperar el nivel de vida que tuvo la República.
Este es el panorama que subsistió hasta el 20-N. El desmontaje del franquismo tenía, pues, que combatir los pilares construidos por el régimen para hacerlo desaparecer. A mi juicio, hay cinco elementos básicos sin los cuales la democracia liberal que hoy es España no hubiera podido ver la luz en el tiempo y la forma no violenta en que lo hizo en los años posteriores al 20 de noviembre de 1975. Constituirían así lo que podemos llamar cimientos del Estado español, que, según la Constitución de 1978, es social, democrático y de derecho.
El primero de los cimientos de la transición a la democracia española lo empezaron a edificar las personas y movimientos antifranquistas durante el transcurso del régimen. Sin las movilizaciones previas al 20-N, protagonizadas sobre todo por la izquierda —aunque no solo—, la quiebra del régimen de ultraderecha y la transición democrática, sencillamente, no habrían existido como tal. La movilización antifranquista durante la transición fue estructuralmente esencial para conseguir la ruptura -no solo la reforma- del régimen autoritario. Este no desapareció de forma instantánea con la muerte de Franco. Sin la movilización social post 20-N no habría habido cambio político.
La segunda columna de la transición hacia la democracia se resume en una palabra: Europa. La sociedad española miraba al exterior, y veía libertad, prosperidad, modernidad y progreso. La comparaba con la ausencia de libertad, los problemas económicos, el conservadurismo y el retroceso del régimen franquista y solo deseaba integrarse en el proyecto europeo que en 1950 diseñó Robert Schuman en su célebre Declaración. Estoy convencido de que la Unión Europea fue, y sigue siendo, una pieza esencial e insustituible de la democracia española. Sin esa referencia, la transición hubiera encontrado obstáculos no traspasables.
El tercer elemento esencial de la transición es la estrategia que diseñó y puso en práctica con determinación el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Y que se manifestó prácticamente en la Ley para la Reforma Política, presentada entonces como la octava Ley Fundamental. Fue la idea adecuada para el momento político y la sociedad a la que se dirigía y el modo de conseguir una reforma del Estado autoritario que desembocase en su ruptura, con el apoyo de los partidos políticos democráticos.
La Ley para la Reforma Política —que pude observar personalmente muy de cerca en su creación— era en realidad una convocatoria de Cortes constituyentes. Pero lo más impactante de esa ley y su desarrollo posterior es que fue aprobada por unas Cortes orgánicas franquistas que se suicidaban al aprobar una norma con un contenido pensado para que fuese refrendado luego en referéndum por el pueblo español. El referéndum, que se aprobó abrumadoramente, presenció una gran paradoja: los partidos políticos —aún ilegales— recomendaron la abstención, aunque en el fondo deseaban que se aprobara para abrir paso a unas elecciones libres.
El referéndum se produjo cuando no había democracia aún, y la Ley para la Reforma Política se movía en el ámbito legal de un régimen autoritario. Pero abrió el camino a la democracia, porque el electorado comprendió que, a pesar de no haber partidos políticos aún legalizados, era la forma para que se consiguiese en España una pacífica transición a la democracia. Una democracia pactada entre los partidos políticos que esperaban su legalización —la definitiva, la del Partido Comunista de España, un Sábado Santo— y el sector aperturista del régimen, luego organizado a través del partido centrista UCD, presidido por Adolfo Suárez.
Un elemento imprescindible de todo proceso democrático es la comunicación pública. Es el modo de que haya una participación y conocimiento de la realidad política por parte de la ciudadanía. En la transición, sin censura previa, había ya en nuestro país medios periodísticos plurales, sin los cuales los apoyos sociopolíticos al autoritarismo franquista habrían bloqueado el proceso democrático.
Hay un quinto factor sin el cual la transición española no hubiera sido lo que fue. Me estoy refiriendo, como se puede imaginar, a quien tenía los poderes heredados del dictador: el rey Juan Carlos I. Su actuación en la transición, a mi juicio, no fue especialmente protagonista en la llegada de la democracia, entendiendo por ello decisiones proactivas. Sin embargo, su calculada “pasividad” permitió que el proceso impulsado por los cuatro elementos anteriormente mencionados diera su fruto. Ello hasta que se produjo el golpe de Estado del 23-F. Aquí, el jefe del Estado fue activo para desarticular el golpe, y permitir que la transición no se interrumpiera abruptamente. Esa actitud legitimó definitivamente la monarquía.
Hasta aquí el relato de lo que, en mi opinión, fueron los cinco sujetos políticos sin los cuales la transición democrática no se habría producido: la lucha antifranquista desde el mismo instante en que Franco fue entronizado como “jefe del Gobierno del Estado” en 1939; el proyecto europeo democrático de libertades que presionó sobre el Estado y la sociedad española; la estrategia de Adolfo Suárez pivotando sobre la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum; los medios plurales de comunicación; y el Rey Juan Carlos I el 23-F.
Creo que si uno de esos cinco elementos esenciales no hubiera existido, la transición democrática no se habría desarrollado como fue y el paso a la democracia se habría paralizado. Los cinco fueron necesarios para que las libertades llegaran a España. Ninguno de ellos sobró para vencer a los sectores sociales favorables al mantenimiento de la dictadura, que aún eran poderosos. Son los cimientos de la transición democrática española. Y, junto a otros que vinieron después, la Constitución el más importante entre ellos, siguen actuando como elementos centrales del régimen democrático del Estado español. Diego López Garrido
