La definición jurídica de genocidio que da Naciones Unidas no incluye un criterio de duración temporal. Sin embargo, sólo reconocemos como genocidio aquello que implica la destrucción rápida y espectacular de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y no la destrucción gradual, acumulativa y consciente de una parte de la población. Tanto es así, que llamamos genocidio a episodios de violencia concentrada como el Holocausto o Ruanda; y genocidio lento o por desgaste al régimen de Pol Pot en Camboya, que tardó tres años en acabar con una cuarta parte de la población.
En un impactante artículo, publicado el domingo en este periódico, Eyal Weizman explica por qué Israel sigue implementando un genocidio durante el alto el fuego, mediante “la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida”. Se refiere a los campos, los recursos hídricos y la pesca que alimentan a los palestinos. Las casas que los resguardan, los hospitales que los atienden. Las escuelas, bibliotecas y mezquitas que permiten su coordinación y sostienen su identidad cultural. Los ha empujado a “zonas seguras” y “zonas humanitarias” donde, en palabras de un general israelí, “ningún ser humano puede existir”.
La destrucción sistemática y deliberada de todas las infraestructuras que permiten la existencia biológica constituyen genocidio, aunque Israel no vuelva a tirar una bomba, ni a forzar un desplazamiento, ni cometa un asesinato directo ni una ejecución. Qué pasaría si el mismo proceso se diera en un periodo más largo de tiempo. Diez años, veinte años. Cincuenta. Qué pasa si el grupo no es una clase nacional, étnica, racial o religiosa sino el negativo de una clase económica: el 99%.
La ley no especifica tiempo, pero exige una prueba de la intención: dolus specialis. No basta con querer matar a mucha gente, sino hacerlo con la intención de destruir al grupo al que pertenecen. El genocidio rápido requiere asesinato directo, y su ejecución genera documentos, discursos, patrones de conducta. Pero hay formas lentas de destrucción colectiva, como las colonias, donde el tiempo disuelve la responsabilidad. En su artículo, Weizman propone un ángulo más productivo. Dice que el genocidio no está en el asesinato directo sino en la creación y mantenimiento de los mecanismos de eliminación.
En un influyente ensayo sobre el colonialismo de asentamiento, el antropólogo Patrick Wolfe argumenta que “la invasión es una estructura, no un acontecimiento” y propone que la intención específica de destruir a la población como colectivo resulta irrelevante cuando es necesaria para conseguir su objetivo: la ocupación de la tierra. El genocidio no es un odio, sino una “lógica estructural de eliminación” del obstáculo que constituye la población original.
Weizman observa que la destrucción de Gaza esconde un proyecto urbanístico. Deberíamos prestar atención porque es el tráiler y el laboratorio de un proyecto más grande que degrada derechos laborales, sanitarios, civiles, políticos, económicos y hasta reproductivos, paralelo a la expropiación de los fundamentos esenciales de la vida a través de infraestructuras técnicas que ocupan el suelo, envenenan el aire, agotan la energía y el agua y aceleran al mismo tiempo la crisis climática, la crisis política y la crisis laboral. Marta Peirano es escritora. El País, 15 de junio de 2026.
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