Quien probablemente constituyera la figura más representativa de lo que se denominó la “nueva política” fue quien primero lanzó una “alerta antifascista” el 2 de diciembre de 2018, tras conocerse la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. Luego, él mismo, formando ya parte del Gobierno central, corrigió en sede parlamentaria en 2020 su propia alerta, al espetarle al líder de la oposición que a la suma de escaños de PP, Vox y, por aquel entonces, Ciudadanos nunca le alcanzaría para ganar una investidura. Hoy, el que emitiera tan contradictorios mensajes regenta una taberna, mientras que sus hijos políticos, solo un poco descarriados de la senda del padre, andan organizando la enésima refundación de la izquierda-a-la-izquierda-de-la-izquierda, por transcribirlo con la grafía heideggeriana. Como pequeña muestra de los tumbos que anda dando ese sector político en nuestro país no está nada mal. Aunque lo peor tal vez sea que fue a sus brazos a los que decidió arrojarse la otra izquierda, la oficial y mayoritaria, hace ya más de un lustro. Brazos de los que, por lo visto, no parece dispuesta a distanciarse ni lo más mínimo ni bajo ningún concepto, haga lo que haga y diga lo que diga dicho sector.
Muy atrás quedan las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez, como candidato a la presidencia del Gobierno, en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados el 22 de julio de 2019. Abogaba en ellas, asumiendo una loable perspectiva institucional, por la necesidad de “actualizar a la nueva realidad parlamentaria” el artículo 99 de nuestra Constitución, que regula el procedimiento de investidura de la Presidencia del Gobierno, de tal manera que los ciudadanos no sufrieran más la amenaza de una repetición electoral. “Con una votación basta”, afirmaba entonces. Tales palabras, presentadas como un compromiso público en caso de obtener el respaldo de la cámara, han caído en el más absoluto de los olvidos (sin que, por lo demás, ninguna fuerza política, ni a uno ni a otro lado del espectro, se haya mostrado interesada en recordárselas).
Es verdad que a lo que apuntaba la nonata actualización constitucional era a evitar la repetición electoral, pero no lo es menos que el espíritu en nombre del cual se defendía la propuesta resulta plenamente aplicable a nuestra situación presente. En efecto, se trataba, se decía en otros pasajes del mismo discurso, de que en definitiva España “no quede bloqueada”. Pues bien, cabe preguntarse si la de ahora no podemos definirla como una situación de bloqueo político. Baste con pensar en dos elementos. Por un lado, el Gobierno va en camino de alcanzar el dudoso mérito de haber sido el primero en la historia de nuestra democracia reciente que ha culminado toda una legislatura sin conseguir aprobar unos Presupuestos Generales del Estado propios. Por otro, le resulta imposible por completo sacar adelante prácticamente ninguna iniciativa legislativa por culpa de las heterogéneas —y a menudo incompatibles— exigencias de sus socios parlamentarios.
Obviamente, para salir de un bloqueo de este tipo no es necesaria en sentido estricto ninguna reforma constitucional. Bastaría con alguna forma de compromiso público o acuerdo político explícito de los dos grandes partidos de este país. Sobre el papel, en este momento ambos disponen de buenas razones al menos para intentar el acuerdo, porque los dos podrían dejar de ser rehenes de sus respectivos extremos y recuperar una cierta autonomía política para llevar adelante su propio programa (que buena falta parece hacerles, dicho sea de paso). Quedarían de esta forma liberados de tutelas ideológicas no solo perjudiciales sino en muchos momentos escasamente compatibles con su propio ideario, las cuales, por añadidura, acaban pasándoles una gravosa factura electoral, como a un lado y a otro hemos tenido probada ocasión de certificar.
En este punto la izquierda debería andar muy despierta e intentar tener una mirada estratégica (no meramente táctica, como hasta ahora), siendo consciente de que es ella la que debería estar más interesada en estos momentos en tender puentes en vez de en alzar muros con el que es la principal fuerza de la oposición. Porque no cabe en absoluto echar en saco roto la posibilidad de que en un futuro no muy lejano (no es profecía alocada: ¿acaso no se nos advierte sin cesar del amenazador avance de la ola reaccionaria?) las derechas rebasaran las cifras que a día de hoy están ofreciendo las encuestas. Con que las rebasaran solo un poco más y alcanzaran los 210 diputados se encontrarían en condiciones de plantearse incluso reformas constitucionales de un cierto calado y, sobre todo, de signo por completo indeseable para los sectores progresistas.
Por otra parte, no sería bueno perder de vista a qué consecuencias está dando lugar la estrategia política de excluir de manera tajante todo tipo de acuerdo o negociación con cualquier formación que no pertenezca al propio bloque. Así, por mencionar una de las consecuencias de mayor alcance, jugar al “cuanto peor [Vox], mejor [para la izquierda]”, tal y como se está haciendo de manera descarada por parte del Gobierno y sus socios, no solo implica sacrificar a alcaldes y candidatos autonómicos de izquierdas en la hoguera de un miedo a Vox que algunos parecen confiar en que resulte providencial, por movilizador, de cara a las generales.
También implica desdeñar la pesada carga que los ciudadanos van a tener que soportar sobre sus espaldas como consecuencia de las políticas que esas mismas derechas desarrollarán desde los ayuntamientos y gobiernos autonómicos que presidan, tras las próximas elecciones, en buena medida como consecuencia del desgaste político del Gobierno central. Con otras palabras: los mismos que tanto critican, por ejemplo, los desmanes de Isabel Díaz Ayuso (sobre los que no albergo demasiadas dudas: lo suyo con la Universidad, sin ir más lejos, es de aurora boreal) parecen por completo indiferentes ante la previsible proliferación de figuras equivalentes de su misma cuerda, que podrían desarrollar idénticas políticas desde sus respectivas posiciones de poder. También bajo esta luz —y no solo en referencia a los cargos electos— podrían interpretarse las palabras de aquel líder territorial socialista que señalaba que se está hundiendo a la infantería para salvar a los generales.
Pero no acaban aquí las razones para empezar a actuar de otra manera. Si acordamos que vivir no es lo mismo que durar, hay que plantearse, por seguir con la analogía, que nada (confesable) se gana en la presente situación prolongando una agonía política que se está haciendo insoportablemente larga, además de dañina, con el debate político convertido en una sucesión aleatoria de asuntos máximamente polémicos renovada semanalmente por el preceptivo gabinete de comunicación. Pero conseguir desactivar la sensación de urgencia del adelanto electoral, tarea en la que parece empeñado este Gobierno, más que una victoria, constituye una derrota. Se compra tiempo, sí, pero a un alto precio.
En efecto, que cada vez sean más los que han empezado a pensar “qué más da ya adelantar elecciones” no es algo digno de celebrar: en realidad, puestos a morir, más vale hacerlo con dignidad, esto es, devolviéndole la voz a los ciudadanos cuanto antes. No ya solo por las razones señaladas hasta aquí (¿es un consuelo que todo se pueda pudrir siempre un poco más?) sino, tal vez sobre todo, porque, lisa y llanamente, urge cambiar esta crispada y estéril manera de hacer política que convierte la conquista del poder en un fin en sí mismo, sin que ni siquiera importen las consecuencias de los propios actos. Se encuentra en juego nada menos que la calidad de nuestra democracia. Manuel Cruz es catedrático de Filosofía y expresidente del Senado. Autor del libro Resabiados y resentidos. El eclipse de las ilusiones en el mundo actual (Galaxia Gutenberg). El País,12 de mayo de 2026.
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